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Impeachment contra Piñera y acusación constitucional contra Chadwick: Los mecanismos que estudia la oposición para enfrentar la crisis

Por: Meritxell Freixas @MeritxellFr | Publicado: 23.10.2019
Impeachment contra Piñera y acusación constitucional contra Chadwick: Los mecanismos que estudia la oposición para enfrentar la crisis piñera chadwick | / Agencia Uno
Los partidos de la oposición barajan alternativas para que el gobierno asuma sus responsabilidades políticas ante el actual escenario que enfrenta el país. La que concita mayores apoyos es una acusación constitucional contra el ministro del Interior, Andrés Chadwick. Sin embargo, también hay sectores que no descartan iniciar un juicio político contra el presidente.

Hace días que un grito se escucha reiteradamente en las protestas, se lee en los afiches de los manifestantes y se convierte en trending topic en las redes sociales: ¡Piñera Renuncia!

O la versión de segundo orden: ¡Chadwick Renuncia!

La renuncia del ministro del Interior ya tuvo mucho eco tras la muerte del comunero mapuche Camilo Catrillanca, aunque el reclamo quedó en nada. Sin embargo, las numerosas denuncias por violaciones de derechos humanos que están apareciendo en los últimos días han puesto de nuevo el foco sobre el secretario de Estado y sobre el Presidente Piñera, como responsable último de declarar el Estado de Emergencia y sacar nuevamente, después de 30 años, los militares a la calle.

Pero, ¿qué tanto margen hay para esperar una renuncia del presidente? ¿Cómo se haría efectiva? ¿Qué margen establece la Constitución para ello?

En su artículo 53 punto 7, la Carta Magna establece que el Senado puede “declarar la inhabilidad del Presidente de la República o del Presidente electo cuando un impedimento físico o mental lo inhabilite para el ejercicio de sus funciones; y declarar asimismo, cuando el Presidente de la República haga dimisión de su cargo, si los motivos que la originan son o no fundados y, en consecuencia, admitirla o desecharla. En ambos casos deberá oír previamente al Tribunal Constitucional”.

El profesor de Derecho Constitucional de la Universidad de Valparaíso, Jaime Bassa, explicó a El Desconcierto que “las normas que regulan las competencias del Senado dan a la Cámara Alta la facultad para revisar las causales que el presidente invoca en caso de que renuncie y, para eso, previamente el Senado tiene que escuchar al Tribunal Constitucional (TC). Según el académico, “hay un procedimiento diseñado para que el presidente pudiera eventualmente ponerse en contacto con el Senado, éste escuche al TC y después califique la renuncia, que incluso podría no aceptar”.

En relación a las causales que podría argumentar el presidente para su renuncia, Bassa comenta que “no hay una especificidad en la Constitución ni en la ley orgánica del Congreso nacional para las causales de renuncia del presidente ya que esta suerte de inhabilidad sobreviviente o discapacidad para seguir en el cargo puede ser por causas físicas, psicológicas o políticas”. En su opinión, “esto lo tiene que calificar el Senado pero no hay criterios para eso” y considera que como la Carta Magna no especifica las proporciones para validar las causales presentadas por el presidente para su renuncia, “podrían aprobarse por una mayoría absoluta de los senadores en ejercicio”. Si el presidente renunciara ahora, al faltar más de dos años para que acabe su mandato, el vicepresidente tendría que llamar a elecciones en un plazo establecido.

Bassa considera que los mecanismos previstos para destrabar una crisis como la que hoy atraviesa el país pasan por los procedimientos propios de la política, como el diálogo o el consenso porque al regirse por un sistema presidencial y que “no hay posibilidad de un voto de censura o de adelantar las elecciones como ocurre en los regímenes parlamentarios europeos”.

Oposición estudia impeachment

Desde la oposición, varias fuerzas políticas han planteado la posibilidad de llevar adelante una acusación constitucional en contra del mandatario. La primera en proponerlo fue la diputada humanista Pamela Jiles, quien este martes puso el tema sobre la mesa en la comisión de Derechos Humanos de la Cámara y este miércoles la idea fue retomada por el PC y Comunes. El jefe de bancada del PC, el diputado Boris Barrera, sostiene a este medio que existen argumentos para llevar adelante esta acción, considerando que se ha puesto en riesgo a la ciudadanía al sacar las fuerzas policiales y militares a la calle. Pero que es algo que deben dialogar con otras colectividades.

Por su parte, la parlamentaria Claudia Mix anunció en su cuenta de Facebook que desde su partido están evaluando la misma acción. “Estamos estudiando y analizando todos los elementos que puedan constituirse como causales de llevar adelante una acusación constitucional contra el presidente”, señaló la parlamentaria. Según ella, la represión de los últimos días “dan pie para revisar el escenario respecto del presidente Piñera y un posible impeachment”. Y apuntó: “Queremos ser responsables en esta tarea, porque es una herramienta legislativa que otorga el artículo 52 de la Constitución, que debe usarse con criterio”.

Según dicho artículo, esta acción es una medida exclusiva de la Cámara de Diputados que se puede utilizar ante el ejercicio de “actos de su administración que hayan comprometido gravemente el honor o la seguridad de la nación, o infringido abiertamente la Constitución o las leyes”. El texto no especifica la descripción de los ilícitos, por lo que si la conducta encaja en el enunciado puede ser susceptible de ser perseguida a través de la acusación constitucional. El texto también señala que “esta acusación podrá interponerse mientras el presidente esté en funciones y en los seis meses siguientes a su expiración en el cargo”.

Para invocarla contra el presidente, serían necesarias las firmas de diez parlamentarios. Sólo con los diputados y diputadas comunistas ya podrían sumar nueve apoyos. Para la aprobación en la Cámara se requerirá la aprobación de la mayoría de diputados en ejercicio (78 votos). Luego el procedimiento pasaría al Senado, que es el organismo que finalmente falla como si fuera un jurado, en un procedimiento de “impeachment”.

“El Senado resolverá como jurado y se limitará a declarar si el acusado es o no culpable del delito, infracción o abuso de poder que se le imputa”, señala la Constitución en su artículo 53.1. Y añade: “Por la declaración de culpabilidad queda el acusado destituido de su cargo, y no podrá desempeñar ninguna función pública, sea o no de elección popular, por el término de cinco años”. En caso de tratarse de un presidente de la República, la declaración de culpabilidad deberá ser pronunciada por los dos tercios de los senadores en ejercicio (28 votos), a diferencia del caso de un ministro, por ejemplo, que sólo requiere la mayoría de los senadores en ejercicio.

Jaime Bassa opina que la acusación constitucional contra el presidente es poco viable en términos políticos porque “requeriría que la derecha votara contra el presidente”. Sin embargo, sí podría pasar que “se votara y pasara en la Cámara de Diputados y eso permitiría tener una discusión que no se ha dado nunca en Chile sobre la legitimidad de la autoridad presidencial en un contexto de una Constitución redactada en dictadura”. Aún así, una opción más “efectiva”, para él, sería sacar adelante “una acusación constitucional intermedia”, contra el ministro de Interior o de Defensa, como titular responsable de las Fuerzas Armadas: “Si fuera efectivamente aprobada y terminara con la destitución de ese ministro podría dar una señal política más clara y tratar de ir aminorando el nivel de conflictividad social”.

El otro flanco: acusación contra Chadwick

La acusación constitucional contra un ministro sería la opción que, por ahora, genera más apoyos en los sectores de la oposición. Al interior del Partido Socialista (PS) ven el impeachment presidencial como un planteamiento que tiene más efectos comunicacionales que políticos y que generaría conflictos de gobernabilidad. Por lo mismo, ven más plausible apuntar hacia una acción contra el ministro del Interior, Andrés Chadwick.

Esta no sería la primera vez que el encargado de la Seguridad y el Orden Público enfrentaría este escenario. El año pasado, tras la muerte del joven mapuche Camilo Catrillanca, baleado por un funcionario policial, la oposición conformó una mesa para llevar adelante esta acción, donde participaron el Frente Amplio y la ex Nueva Mayoría. Sin embargo, la acusación fue perdiendo fuerza dado que la DC retrasó la entrega de sus argumentos jurídicos. Esto, coincidió con el receso legislativo, lo que, finalmente, terminó por bajarla.

Si bien, hasta ahora el tema no está zanjado en la colectividad liderada por el senador Álvaro Elizalde, esperan a que Piñera decida remover al ministro. De no ser así durante estos días, se abrirían a la posibilidad de plegarse a una acción constitucional. Por ahora, han tomado una posición más bien cauta. “Se han demostrado dinámicas de abuso y eso demuestra la irresponsabilidad del gobierno en decretar medidas”, recalca Elizalde a El Desconcierto. El jefe de la bancada socialista, el diputado Manuel Monsalve, cree que, si no hay una decisión oportuna, claro que la acusación se convertirá en una herramienta que irá tomando cada vez más fuerza.

En el PPD comparten esta última visión. El jefe de la bancada, el diputado Ricardo Celis, asegura que, por ahora, tienen puesto el foco en la propuesta de la oposición más que en una acción de este tipo, que podría ser innecesaria si el mandatario decide resolver haciendo un cambio ministerial. De todas maneras, cree que existen argumentos suficientes y que este jueves lo conversaran en la colectividad.

Por su parte, los jefes de bancada del FA hicieron un llamado a que el Gobierno asuma su responsabilidad política por la violencia excesiva de la fuerza policial y militar durante las jornadas de protesta. Así lo planteó la presidenta de Revolución Democrática (RD), Catalina Pérez, apuntando a la falta de conducción del equipo de mayor confianza de un presidente. La presidenta de Convergencia Social (CS), la diputada Gael Yeomans, también rayó la cancha y advirtió que, de seguir dilatando la toma de decisiones, presentarán una acusación contra el secretario de Estado.

Algo de aquello también planteó el diputado Renato Garín en su intervención en la Cámara de Diputados y Diputadas, emplazando directamente a Chadwick.

«Le he recordado a Chadwick que es profesor de derecho. Su deber es respetar el texto de la Constitución. De otra forma, no queda más camino que una acusación constitucional», dijo el diputado por redes sociales, agregando el video con su intervención.

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