Imagen referencial. | Fuente: Agencia Uno (archivo).
La comunidad entregará este jueves una carta firmada por un centenar de integrantes de organizaciones sociales que rechazan la exclusión de cerca de 350 mil residentes en el país. Aseguran que el Servel ha hecho una interpretación limitada del concepto de “ciudadanía”, que debe ampliarse a los extranjeros que viven en el territorio nacional hace más de cinco años, como se ha hecho en otros procesos electorales. Esto se suma al proyecto presentado por parlamentarios del Frente Amplio que busca redefinir el concepto.
“Les hacemos llegar esta carta para manifestar nuestra profunda preocupación por la exclusión del padrón provisorio para el plebiscito del 26 de abril de 2020, de los casi 350.000 extranjeros con derecho a voto en el país”. Esta es la situación que ha generado inquietud al interior de la comunidad migrante residente en el país y que plantea la misiva citada, que entregarán este jueves al Consejo Directivo del Servicio Electoral (Servel), presidido por el abogado Patricio Santamaría.
Fue este último quien la semana pasada precisó que el padrón electoral provisorio está conformado “solo por compatriotas”, y que este proceso no es comparable a las elecciones presidenciales de 2017, de las que sí participaron los extranjeros. Sus palabras generaron controversia de inmediato. La Mesa Técnica que estuvo encargada de elaborar las bases técnicas para el plebiscito, contradijo a Santamaría asegurando que estaba haciendo una interpretación jurídica equivocada.
El artículo 130° en cuestión, elaborado por la Mesa, indica lo siguiente: «En el plebiscito señalado, la ciudadanía dispondrá de dos cédulas electorales: la primera contendrá la siguiente pregunta: ‘¿Quiere usted una Nueva Constitución?’. Bajo la cuestión planteada habrá dos rayas horizontales, una al lado de la otra. La primera línea tendrá en su parte inferior la expresión ‘Apruebo’ y la segunda, la expresión ‘Rechazo’, a fin de que el elector pueda marcar su preferencia sobre una de las alternativas». Precisamente, el debate se enfoca en la lectura del Servel sobre el concepto de «ciudadanía» que se lee en el artículo anterior y que no estaría considera las normas constitucionales que ya otorgan derechos políticos a los migrantes.
La actual Carta Magna detalla en su artículo que «los extranjeros avecindados en Chile por más de cinco años, y que cumplan con los requisitos señalados en el inciso primero del artículo 13, podrán ejercer el derecho de sufragio en los casos y formas que determine la ley». Estos requisitos mencionados en el artículo 13 considera como “ciudadanos” a los chilenos que hayan cumplido dieciocho años de edad y que no hayan sido condenados a pena aflictiva. Además, esta calidad «otorga los derechos de sufragio, de optar a cargos de elección popular y los demás que la Constitución o la ley confieran».
Con esta información técnica a la mano, varias voces han rechazado el criterio del Servel. Una de ellas ha sido la profesora de la Facultad de Derecho de la Universidad de Chile, Rita Lages, quien ha enfatizado en que se trata hace una interpretación limitada de la ciudadanía, para el cual se deben considerar ambos artículos de la Constitución.
La misma postura comparte el sociólogo y ex presidente del Consejo Consultivo Nacional de Migraciones, Eduardo Thayer, que advierte que la Mesa Técnica tampoco se está haciendo cargo del error porque, si bien el documento en sí mismo no señala que se excluye a los extranjeros, tampoco da claridades para integrarlos. “Es algo muy negativo para el proceso que se está viviendo porque es una exclusión adicional a la que ya enfrentan los migrantes y se estaría retrocediendo en los derechos que ya existen”, explica a El Desconcierto.
Thayer enfatiza que se está actuando por tres vías: la legislativa, mediante un proyecto de ley que presentaron a inicios de esta semana parlamentarios del Frente Amplio, que busca eliminar el concepto de «ciudadanía» del artículo; la que apela a cambios en el Servel con esta carta; y la que evalúa presentar un recurso de protección para resguardar el derecho a sufragio de no ser modificados estos criterios a corto plazo.
Bajo este escenario, la comunidad migrante también ha advertido sobre pronunciamientos anteriores del Tribunal Calificador de Elecciones (Tricel) respecto a la votación de los extranjeros.
Ante interpretaciones erróneas de la ley, el Tribunal Calificador de Elecciones, se ha pronunciado en numerosas ocasiones, indicando que los extranjeros residentes en Chile con derecho a voto, que cumplen los requisitos de avecindamiento, forman parte de la ciudadanía electoral. pic.twitter.com/bOS1ILjnRz
— Coordinadora Nacional de Inmigrantes (@MigrantesChile) January 6, 2020
La misiva que los migrantes entregarán este jueves ya cuenta con más de 160 firmas de organizaciones afines y promigrantes. «Dejarnos fuera de este proceso formativo y democrático significa crear nuevas condiciones sociales y políticas manteniendo discriminaciones y heridas que queremos dejar atrás. En consecuencia, consideramos fundamental que el SERVEL rectifique su decisión e incorpore en el padrón definitivo a todas las personas extranjeras que cumplen los requisitos para sufragar. Esperamos y confiamos que prevalezca la sensatez y la legalidad en su decisión final”, concluye el documento.
Revisa la carta completa aquí:
Uno de los frentes al que apuestan los migrantes para introducir cambios a esta situación, es mediante el proyecto de ley que fue ingresado este martes a la comisión de Constitución de la Cámara Baja. La iniciativa fue impulsada por diputadas y diputados de Convergencia Social (CS), en conjunto con la Coordinadora Nacional de Migrantes, y busca reemplazar la palabra “ciudadanía” por la frase “todos aquellos habilitados para votar de acuerdo a la legislación vigente”.
Esta sería la fórmula para no darle margen a otro tipo de interpretaciones que pudiesen dejar fuera a la comunidad de extranjeros residentes en el país. El diputado Gonzalo Winter explica que “toda esta controversia que ha habido en torno a las palabras del señor (Patricio) Santamaría, en contraposición de lo que ha dicho la totalidad de la mesa técnica y de los partidos políticos, se resuelve si uno aprueba este cambio”.
Así también, la presidenta del partido, la diputada Gael Yeomans, explicó a El Desconcierto que les interesa «tener una nueva Constitución que represente a todas y todos, Chile cambió y hoy somos un país diverso que acoge también a distintas culturas y no podemos discriminar a las personas migrantes». Y agregó: “Estamos cerca de un plebiscito constituyente y debemos fortalecer nuestra democracia con todas y todos quienes habitan este país”.
Debido a la necesidad de aprobar rápidamente el proyecto por el plazo acotado que resta para el plebiscito, Winter se refirió a la posibilidad de acelerar su tramitación: «Quiero hacer un llamado al ministro (de la Segpres) Felipe Ward a que le ponga urgencia a este proyecto, que es lo más sencillo que hay. Si se cambia una palabra con otra vamos a tener un proceso constituyente que no excluya a quienes la ley y la Constitución les han dado el derecho a participar en Chile», expresó el parlamentario.
A la vez, el presidente de la Coordinadora Nacional de Migrantes, Héctor Pujol, sostuvo que la población migrante, actualmente, representa un 7% de la población, en algunas comunas un porcentaje mayor: «Consideramos que siendo parte de este país, residiendo, trabajando, estudiando, cotizando y pagando impuestos, también debemos tener la posibilidad de decidir y tener voz y voto», subrayó.
Hoy ingresamos el proyecto para la participación de la población migrante en el proceso constituyente.#MigrantesConVozyVoto pic.twitter.com/PoI00VTXYe
— Héctor Pujols #Apruebo 🇨🇱 (@HectorPumo) January 7, 2020
Con todo, es el Presidente Sebastián Piñera el único que tiene la facultad de presentar las distintas urgencias para acortar los plazos del proceso legislativo, según lo indica la Ley Orgánica Constitucional del Congreso. Además, al tratarse de una modificación a la Constitución, el quórum necesario para su aprobación en la Cámara es de dos tercios de los votos de los diputados y diputadas en ejercicio, esto significa que se requiere el apoyo de 104 de los 155 parlamentarios.
