A mediados de enero, tras ocho meses de investigación, la Superintendencia de Educación de Atacama multó con $2,7 millones al Liceo Sagrado Corazón de Copiapó por incumplir la normativa que apunta a proteger los derechos de los estudiantes trans en el ámbito escolar. Además de la negligencia del establecimiento, la Fiscalía indaga un presunto ataque sexual al adolescente, información que fue entregada a la madre de José Matías por el mejor amigo de su hijo.
En mayo de 2019, el nombre de José Matías De La Fuente tuvo espacio en decenas de medios de comunicación que quisieron contar su historia. Se había suicidado. Según su madre, Marcela Guevara, a causa del bullying y la desprotección que le significó ser un niño trans.
Su vida terminó el jueves 23 de mayo, tras lanzarse el piso 11 del edificio donde vivía junto a su madre. Su hogar quedaba a pocas cuadras del Liceo Sagrado Corazón de Copiapó, establecimiento donde cursaba su educación media y donde tanto sufrió a causa de la intolencia y la negligencia.
José Matías se había acercado en marzo de 2019 hasta el Departamento de Orientación del colegio. Allí, habló con la monja Fernanda Díaz, a quien le comentó que era un chico trans y que quería que dejaran de llamarlo «Josefa», ya que «José» era el nombre que lo representaba. Sin embargo, según acusa su madre y respalda la Superintendencia de Educación de Atacama, el liceo no hizo nada por él.
«Ella (la orientadora) incluso escribió en sus papeles que José Matías estaba trastornado, atribuyéndole un estado de enfermedad», denuncia a El Desconcierto la madre.
A todo esto, se suman nuevos antecedentes que apuntan a un presunto abuso sexual contra el joven por parte de un grupo de alumnas mayores. Esta arista ya esta siendo investigada por la Fiscalía de Copiapó.
Al adolescente no le aseguraron el respeto a su nombre social ni tampoco lo acompañaron en el complejo proceso que enfrentaba. Tampoco hicieron nada para detener los malos tratos que sufría de parte de otras y otros estudiantes. Este abandono a José Matías fue penalizado por la Superintendencia el pasado 17 de enero, debido al inclumplimiento de los mandatos de la circular 768, que busca asegurar el bienestar de los niños trans en el espacio escolar.
El establecimiento recibió una multa de 55 UTM, cerca de $2,7 millones, la más alta que establece el Ministerio de Educación. Sin embargo, a Marcela esto no la deja tranquila. Ella quiere que las y los responsables de haber incitado el suicidio de su hijo paguen con cárcel.
«En el colegio nunca se me informó de la circular. Cómo es posible que no implementaran un documento legal. Me pregunto en qué se basaron para tomar esa decisión. Yo atribuyo a eso que mi hijo no viera ninguna oportunidad. Ellos decidieron no salvarlo y no comunicarle sus derechos. No sé qué presiones recibió, pero siento que luego de que me hijo se acercó a hablar con ellos, él se transformó en un problema para el colegio, sólo por el hecho de ser honesto», señala la madre de José Matías.
Dos semanas después de que José Matías se quitara la vida, su madre recibió una información que profundizó su dolor: el mejor amigo de su hijo le contó sobre una dura conversación que había tenido con el joven trans apenas un día antes de su suicidio.
El adolescente le comentó a Marcela que su hijo habría sido abusado sexualmente en el baño del liceo por un grupo de chicas que cursaban tercero medio. «Lo obligaron a hacer cosas que él no quería», señala la madre.
«Este niño entendió por qué mi hijo le había contado eso recién cuando a las 19.15 horas del jueves 23 de mayo José Matías muere (…) Yo le dije lo importante que era que fuera a la Policía de Investigaciones (PDI), para que sirviera de algo lo que él sabía. Él declaró con su padre. Una segunda persona también declaró, pero no sé quién», indica Marcela.
Este segundo testimonio fue confirmado por el fiscal jefe de Copiapó, Christián González, quien detalló que las personas que han aportado estas declaraciones son cercanas al adolescente.
Consultado por El Desconcierto respecto de esta arista, el persecutor señaló que no está en condiciones de confirmarlo o entregar mayores detalles, «puesto que cuando José Matías falleció era un adolescente, por lo que tiene derecho a la protección de la intimidad».
Respecto de los plazos para que concluyan las indagaciones, el fiscal indicó que la ley no establece un tiempo, dado que «la investigación está desformalizada y el caso no ha sido judicializado en contra de alguna persona».
El próximo 17 de febrero, Marcela se entrevistará con el fiscal y solicitará que la causa pase a ser penal. «A mi hijo lo volvieron loco. Y por supuesto que tengo el nombre de todas esas cabras. Pero como son menores de edad, no se les puede tocar un pelo», agregó.
«La investigación se ha demorado porque es compleja, ya que la víctima que podría dar testimonio, no está con vida, y tenemos que reconstruir su historia mediante terceros. No obstante, pretendemos concluir la investigación durante este año», afirmó el fiscal González.
