De persecución selectiva a pesca de arrastre: El nuevo modus operandi de Carabineros en Plaza de la Dignidad

El pasado 10 de enero, en las cercanías del cerro Santa Lucía, detuvieron a Nicolás Ríos. El video del momento se viralizó de inmediato: un vehículo blanco se detuvo al lado del joven y se bajó un grupo de personas. Con violencia, lo tomaron entre varios, lo subieron al auto y salieron a toda velocidad ante la sorpresa de quienes estaban en el lugar.

Parecía un secuestro, pero en realidad los captores eran carabineros de civil y todo el asunto se trató de un procedimiento. Según los policías, Ríos habría sido identificado con anterioridad, a través de cámaras de seguridad, lanzando bombas molotov. Ya con el registro en su poder, se le hizo un seguimiento selectivo y fue apresado mientras abandonaba la manifestación.

A contar de marzo, sin embargo, el método cambió. En la tarde del martes, se realizó un operativo policial en las cercanías de la Plaza de la Dignidad. Usando el método de la «encerrona», Carabineros se movilizó hacia la intersección de las calles Carabineros de Chile con Ramón Corvalán, epicentro de los enfrentamientos con la Primera Línea. Desde Vicuña Mackenna y la Alameda, avanzaron piquetes a toda velocidad y cerraron las salidas de los manifestantes. En la barrida tomaron a decenas de detenidos como si se tratase de una inusual «pesca de arrastre». Estrategia que fue valorada por el ministro del Interior, Gonzalo Blumel, y que calificó como una buena noticia.

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Así, a diferencia del caso de Nicolás Ríos, la forma de operar se invirtió. Testigos del nuevo modus operandi de Fuerzas Especiales aseguran que la técnica usada en el operativo del martes consistió en arrestos masivos y, una vez con las personas en custodia, Carabineros comenzó a revisar grabaciones para ver si podían identificar a alguien. De las 62 personas que fueron detenidas, 44 pasaron a control de detención, entre ellos 5 extranjeros, 4 con antecedentes penales y 16 menores de edad. Estos últimos salieron todos libres y sin medidas cautelares.

Bastián Urzúa fue parte del grupo arrestado por Fuerzas Especiales, el joven estudiante de 24 años estuvo en el centro de la «encerrona». «Primero nos toman a todos, después van mirando las cámaras y van seleccionando», aseguró. «Nos sacaron fotos, al principio del torso para abajo para mostrar la ropa que llevas puesta y después de la cara», explicó. Urzúa agrega que las fotografías se realizaron en plena calle y que «a todos se les hizo lo mismo antes de subir al retén».

El estudiante afirmó que los funcionarios iban revisando videos y fotografías de las protestas en sus celulares y que la información se compartía a través de un grupo de WhatsApp. «Dentro del retén, yo estaba cerca de la ventana, así que podía verlos. Veían las cámaras y apuntaban a algunos», explica. «Parecían imágenes de cámaras de vigilancia de los edificios», agrega.

Sebastián Araya, electricista de 27 años, también fue detenido por Carabineros en el operativo. «Estaba en el retén cuando un carabinero se sentó al lado y otro se quedó parado al frente. Ahí pude ver sus celulares. Tienen un grupo donde se mandan todo, información, fotos, videos», relató. Además, afirmó que, una vez en la comisaría, habían «infiltrados» ayudando a identificar personas. «Habían muchos, unos veinte. Pasan piola».

A estos dos relatos se suma el testimonio de N.C.C., uno de los 16 menores de edad que fue detenido en el operativo y que posteriormente fue dejado en libertad durante la tarde del miércoles. El joven confirmó haber visto a funcionarios revisando videos en el retén y asegura que fue obligado a ponerse una capucha para sacarle una fotografía: «Yo no me resistí al arresto, me subí solo al retén. Ahí me obligaron a ponerme la capucha y me sacaron una foto». Parte de estas imágenes fueron filtradas a algunos canales de televisión que las exhibieron en sus noticieros centrales.

Alejandro Preminger es el defensor privado de uno de los menores de edad que fueron arrestados esa tarde y considera que todo el procedimiento fue parte de una estrategia comunicacional por parte del Gobierno. «Es un asunto comunicacional, la abogada querellante del Ministerio del Interior pidió la prisión preventiva de todos los imputados sabiendo que no se lo iban a dar», aseguró, agregando que «de esta forma ellos pueden decir que el Gobierno pidió que todos quedaran presos».

Al final de la audiencia todos los adultos quedaron en libertad y  con la medida cautelar de firma cada dos meses. De todos los detenidos la noche del martes sólo un imputado quedó preso, siendo el único a quien  el Ministerio Público pidió la prisión preventiva, debido a que tenía antecedentes penales previos.

Tanto Urzúa como Araya fueron puestos en libertad cerca de las 05.00 de la mañana, a ninguno le dieron explicaciones de por qué los liberaban. «Yo supongo que a mí me soltaron porque no me vieron tirar piedras en los videos, porque cuando me soltaron solo me dijeron que me fuera, sin explicar nada», aseguró el joven estudiante.