Subsecretaria de Prevención del Delito, Katherine Martorell | Agencia Uno
La Subsecretaría de Prevención del Delito convocó a una licitación para adquirir cámaras corporales a Carabineros, adjudicándosela la multinacional Motorola con poco más de 378 millones de pesos. Sin embargo, los dispositivos de esta empresa no dispondrían de la facultad de «post grabado», que exige el concurso público. Otra compañía, que sí ofreció productos con este atributo, y cuyos precios eran $100 millones más baratos, se querelló por presuntos delitos de corrupción, acusando un entramado para beneficiar a la competencia dentro de la entidad dirigida por Martorell. Al ser requerida, la subsecretaría sostuvo que se trata de un problema «semántico».
El 29 de enero, la subsecretaria de Prevención del Delito, Katherine Martorell (RN), convocó a una licitación para adquirir 300 cámaras corporales para Carabineros. Las bases de este concurso fueron oficializadas en el portal Mercado Público, al que postularon ocho empresas, destacándose entre ellas Motorola y Pegasus.
El pasado 11 de marzo, se adjudicó una licitación a la empresa Motorola por más de $378 millones, adquiriendo así 300 cámaras corporales para la institución policial.
Sin embargo, Pegasus interpuso una querella en su contra por delitos de corrupción en el Séptimo Juzgado de Garantía de Santiago, que incluye a los cinco miembros de la Comisión Evaluadora, y que ya fue admitida a tramitación y enviado a la Fiscalía Centro Norte.
Esto, debido a que Pegasus ofrecía un producto que se acomodaba mejor a lo requerido por la autoridad, y a menor precio, según pudo establecer Radio Bío Bío.
Uno de los principales requerimientos técnicos de la licitación era que las cámaras contaran con un sistema de “pre y post grabado” de 120 segundos, respectivamente.
Este sistema permite que la cámara registre 120 segundos antes de que el carabinero presione el botón «grabar», y asimismo, 120 segundos posteriores a que el efectivo policial presione el botón para terminar la grabación. Con esto, los registros tendrían 120 segundos extras hacia atrás y hacia adelante, lo cual puede ser muy significativo en casos como el de Camilo Catrillanca, por ejemplo.
Sin embargo, las cámaras compradas a Motorola, no ofrecerían esta posibilidad, sino que sólo la de pregrabado. Así al menos lo establecen las fichas técnicas que la misma empresa adjuntó a su oferta en Mercado Público.
Por esto, el 16 de marzo Pegasus ingresó un recurso de reposición ante la Subsecretaría, en el que argumentaba que hubo anomalías graves en el proceso, solicitando que se revocara la decisión, ya que por precio y cumplimiento de las bases, debió ser la elegida.
Básicamente, arguyó que el producto de Motorola carecía del post recording, tal como establecían los folletos comerciales subidos a Mercado Público.
Ante esta reclamación, la Subsecretaría respondió que las cámaras Motorola sí disponían del sistema post recording, ya que los evaluadores -el 6 de marzo de 2020- buscaron en Internet y visitaron el sitio de la empresa donde supuestamente hallaron dos documentos. Estos eran una ficha técnica y un folleto, destinados a confirmar que los dispositivos ofrecían esta alternativa.
Pero, revisando el origen de los documentos, el mencionado medio comprobó que fueron creados con posterioridad a la revisión de la propuesta.
En otras palabras, no son los mismos que tuvo a la vista Comisión de Evaluación -el 6 de marzo de 2020- y aparecen creados por primera vez entre el reclamo de la empresa del 16 de marzo, la firma del contrato y la resolución rubricada por Martorell el 28 de abril.
Por esto, y debido a que la firma Pegasus ofertó productos que sí contaban con esta función, a un valor de $202 millones -es decir $131 millones menos que Motorola-, es que la empresa se querelló por fraude al fisco, falsificación de instrumento público y prevaricación administrativa.
Estos delitos ya se encuentran siendo investigados por el Ministerio Público, entidad que está obligada a enviar los antecedentes al Consejo de Defensa del Estado (CDE) para que evalúe los antecedentes y una eventual querella por fraude el fisco.
Además de este potencial delito, el problema con las cámaras adquiridas por la Subsecretaría de Prevención del Delito, es que Carabineros no podrá tener en video los 120 segundos posteriores al término de un operativo. Es decir, la nueva tecnología requerida por la autoridad operará a medias.
Finalmente, al ser requerida por esta investigación, la subsecretaría de Prevención del Delito, sostuvo que se trata de un problema «semántico» y dijo estar «evaluando acciones criminales y también civiles, porque el daño a la honra que se está haciendo a las personas que trabajan en la Subsecretaría de Prevención del Delito y a mí, no los voy tolerar».
Asimismo, Martorell hizo llegar a Radio Bío Bío -a través del coordinador de tecnología de la Subsecretaría- un documento que supuestamente comprobaría que las cámaras adquiridas sí cuentan con el sistema de post grabado.
Sin embargo, este documento consiste en dos hojas donde se explica que el aparato fue sometido a un test de estándar militar estadounidense (MIL-STD-810, Environmental Engineering Considerations and Laboratory Tests) donde se expuso al equipamiento, para acreditar la durabilidad y resistencia del mismo en condiciones extremas. En ese sentido, el documento explica que las cámaras tienen la capacidad de «post drop», lo que significa que una de ellas fue evaluada luego de someterla a una caída y continuó grabando después del golpe, lo cual claramente no es lo mismo que «post grabado».
Ante esto, Martorell sostuvo “en mi opinión si es que el certificado que entregan demuestra el post grabado, no lo dice literal y en eso estoy de acuerdo con usted. No está escrito función de pre y post grabado, pero sí tiene la función. Si se escribieran literalmente las expresiones utilizadas en las bases, sería el mejor de los mundos, pero eso no pasa en la generalidad de las licitaciones”.
