Cajas de alimentos entregadas por el gobierno. Foto de referencia. | Agencia Uno
Fue en agosto de 2019 que la ANI informó al ex subsecretario del Interior, Rodrigo Ubilla, respecto de una serie de actividades sospechosas de la empresa «Inversiones Ramaja Limitada». En pleno conocimiento de esta información, el gobierno igualmente decidió hacer de esta compañía su principal proveedora de canastas familiares para la Región Metropolitana, entregándole un monto superior a los $8 mil millones a cambio de 250 mil cajas de alimentos. Los detalles de la trama, que involucra a una empresa de origen venezolano, al propio gobierno de Nicolás Maduro (como víctima de los sobreprecios de Ramaja, la empresa de origen chileno), y al gobierno chileno desembolsando enormes montos de dinero en beneficio de una empresa claramente cuestionable, en este artículo.
Siguen las complicaciones para el Ejecutivo relacionadas a su programa de entrega de cajas de alimentos. Y es que luego de que se conociera que la empresa «Distribuidora y Comercializadora Llacolén S.A.» estaba siendo investigada en Estados Unidos y -recientemente- en nuestro país, por lavado de dineros e irregularidades en el envío de cajas a Venezuela en 2018, este martes se transparentó que el gobierno ya tenía estos antecedentes, y aún así decidió realizar la mayor compra que se ha hecho en pandemia, precisamente a este proveedor.
Según publicó El Mostrador, fue en agosto de 2019 que la Agencia Nacional de Inteligencia informó al ex subsecretario del Interior, Rodrigo Ubilla, respecto de una serie de antecedentes y actividades sospechosas de la empresa Inversiones Ramaja Ltda. (de la cual Llacolén S.A. es la distribuidora), ambas de propiedad del empresario afincado en la Región del Biobío, Alberto Scuncio.
En pleno conocimiento de esta información, el gobierno convirtió igualmente a esta compañía, que es su principal proveedora de cajas de alimentación para la Región Metropolitana en el contexto de la pandemia, entregándole un monto cercano a los $8 mil millones, a cambio de 250 mil cajas de alimentos.
Bajo el título de «Informe de Inteligencia: Eventual Lavado de Activos», la ANI detallaba los pormenores de una serie de actividades sospechosas de la empresa chilena, incluyendo sus asociaciones con una compañía inscrita en el paraíso fiscal de las Islas Vírgenes Británicas.
Dicha compañía es International Petrochemical Holding Limited (de origen venezolano e iraní), y según el informe de Inteligencia de la ANI, el 20 de mayo de 2016, llegó a Chile su representante, el venezolano Fabián Alexander Sánchez Girón.
Sánchez Girón junto al empresario argentino Alberto Juan Scuncio, crearon la sociedad Suministros del Sur S.A., con el objeto de realizar «actividades de importación, exportación y comercialización general de productos petroquímicos básicos, intermedios y/o finales, similares y afines y la compraventa de bienes derivados de la actividad petroquímica».
Sin embargo, esta empresa (Sucusa S.A.) no alcanzó a registrar ningún tipo movimiento comercial, dado que después de su constitución, el nombre de International Petrochemical Holding Limited comenzó a circular profusamente en las investigaciones de los Panama Papers, que por esos días causaban impacto mundial.
Lo que sí nació de esta sociedad, fue otro negocio. A los pocos meses, Ramaja Ltda. inició un lucrativo negocio de exportación de alimentos básicos a Venezuela, sin tener mayor experiencia en el rubro, los cuales tenían como destino los Comités Locales de Abastecimiento y Producción (CLAP).
En el marco de una investigación que lleva adelante actualmente la Corte de Distrito Sur de La Florida en Estados Unidos contra el ciudadano colombiano Alex Nain Saab Morán –dueño de la empresa de alimentos Asasi Food– por actividades de lavado de dinero en relación con exportación a sobreprecios de canastas de alimentos básicos a Venezuela, conocidas como Cajas CLAP, aparecieron mencionadas como entidades colaboradoras de Asasi Food una serie de empresas, entre ellas, RMJ Inversiones Ramaja Ltda.
Y aunque al gobierno no desestimó la entrega de inmensas cantidades de recursos a una empresa investigada por irregularidades, a Banco Security sí le preocupó que una semana después de que el negocio con la Intendencia de la RM quedara cerrado por vía de trato directo, cerró las cuentas bancarias tanto de la empresa Llacolén como de Ramaja, en el marco de sus políticas de compliance (cumplimiento normativo) “contenidas en el Sistema de Prevención de Lavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo relativo a materias de ley 19.913 y además en el Modelo de Prevención de Delitos atingente a la ley 20.393”.
Finalmente, estos antecedentes llegaron también a la Unidad de Análisis Financiero (UAF), organismo que elevó un Reporte de Operación Sospechosa y que, a su vez, dio origen a una investigación reservada del Ministerio Público por lavado de dinero que se encuentra vigente.
Cabe mencionar además, que el principal implicado, Alberto Scuncio, aseguró que las cajas que exportó a Venezuela no eran dirigidas al gobierno de dicho país (como cajas CLAP). No obstante, las facturas que publicó el mencionado medio, revelaron que el real destino era la Corporación Única de Servicios Productivos y Alimentarios (CUSPAL), órgano del Estado venezolano, encargado de las «políticas del Gobierno Bolivariano en materia de seguridad y soberanía alimentaria».
