Sin embargo, la detención fue declarada ilegal por el Tribunal de Garantía, porque quebrantar el toque de queda no es delito y la conducción en estado de ebriedad no amerita pasar a la audiencia de control, por lo que se desechó la petición de arresto domiciliario nocturno, por desproporcionada, y también la suspensión de la licencia de conducir de quien manejaba.
Durante la madrugada de este miércoles fueron detenidos dos funcionarios de gobierno, quienes de acuerdo con Bío Bío Chile, estaban manejando con alcohol en un vehículo donde portaban cajas de alimento que se entregan a familias afectadas por la pandemia.
El hecho ocurrió pasadas las 00:30 horas en avenida Colón, en la comuna de Hualpén, y fue personal de la Armada que al realizar el control a una camioneta, solicitó la documentación del vehículo cuando notó que el conductor expelía olor a alcohol. Esto, fue informado a la 4° Comisaría de Hualpén, cuyos oficiales acompañaban a los militares en los controles.
A raíz de este suceso, el intendente del Biobío Sergio Giacaman solicitó el fin del vínculo laboral de los arrestados, además de un sumario en su contra, debido a que en el interior de la camioneta se hallaron cajas de alimentos destinadas a familias de la comuna.
Además, desde el medio aseguran que serán presentadas querellas por infracción al artículo 318 del Código Penal y por la conducción en estado de ebriedad.
Los funcionarios detenidos corresponderían conductor y dueño de la camioneta, Álvaro Toledo, trabajador a honorarios de la Gobernación, y a su acompañante, el jefe provincial de Educación de Concepción Mario Signorelli.
Sin embargo, la detención fue declarada ilegal por el Tribunal de Garantía del lugar, porque quebrantar el toque de queda no es delito y la conducción en estado de ebriedad no amerita pasar a la audiencia de control, salvo que se provoquen daños, lesiones o la muerte de una persona. Lo que correspondía era citarlos.
Por esta razón, se desechó la petición de arresto domiciliario nocturno, por desproporcionada, y también la suspensión de la licencia de conducir de Toledo, porque según la jueza Antonia Godoy esto constituiría una sentencia anticipada. No obstante, la investigación contra los funcionarios gubernamentales continuará por tres meses, porque la irregularidad existió pero no acarrea graves sanciones penales.
