Graves falencias en trazabilidad: Los problemas que dejó al descubierto la fallida renuncia de la seremi Paula Labra

Este viernes desde el Centro de Investigación e Información Periodística de Chile (CIPER) informaron que la renuncia de la seremi de Salud Metropolitana Paula Labra, que fue rápidamente desactivada por gestiones desde la Moneda, se produjo justo cuando uno de los objetivos más importantes de su gestión (la trazabilidad de los casos COVID-19) está siendo duramente cuestionado por graves fallas de implementación.

Así, desde el medio constatan que al menos una decena de alcaldes de la zona sur de Santiago se habrían negado a firmar el convenio, emanado desde el Minsal, que define las tareas que deben cumplir los consultorios en el marco de su incorporación al plan de trazabilidad. Esto, debido a que las autoridades municipales alegaron que los recursos para la salud municipal se entregaron a inicios de julio, por lo que muchos de estos fondos ya se habrían gastado mucho antes de la llegada del convenio, que se produjo recién esta semana. 

Además,  afirmaron que los consultorios municipales –algunos de los cuales llevan meses trabajando en la trazabilidad por cuenta propia– han estado aplicando el plan de una manera que no coincide con los requerimientos del Minsal, por lo que catalogaron las directrices del gobierno como «impracticables», ya que el implementarlas podría poner en riesgo la continuidad de la estrategia de trazabilidad y la confiabilidad de sus registros estadísticos acumulados hasta ahora.

Los jefes comunales que suscribirían esta carta de rechazo al plan son los de San Bernardo, Lo Espejo, La Cisterna, San Ramón, San Joaquín, San Miguel, La Pintana, El Bosque, La Granja y Pedro Aguirre Cerda. Por su parte, tampoco han firmado el convenio las municipalidades de Vitacura, Providencia y Recoleta, las que según CIPER estarían pidiendo a la seremi que introduzca correcciones.

Dentro de las diferencias entre lo aplicado por los consultorios y la estrategia del Minsal, que harían este convenio «impracticable», estarían las altas metas fijadas por el Ejecutivo, donde se señala que los consultorios deberán hacer una búsqueda activa de contagiados en el 10% de las viviendas de la comuna en solo un mes. Así también, desde el ministerio autorizan a los consultorios a hacer solo dos llamadas durante 14 días a cada persona contactada, sin considerar que hay casos que se agravan y que requieren un seguimiento mayor.

Y, por último, la cartera instruye que el testeo y seguimiento debe ser hecho por personal técnico y no por médicos, cosa que no habría sido especificada en un comienzo cuando se entregaron los fondos. Las autoridades argumentan que como este proceso puede requerir un diagnóstico, los municipios han utilizado médicos, lo que implicó un gasto mayor del que el Minsal autoriza.