Enrique Paris | Fotografía de Agencia Uno
La solicitud busca que se ordene al ministro Paris entregar las copias de los correos electrónicos, e información respecto a la investigación de las querellas en contra de Jaime Mañalich y Paula Daza, documentos que el titular de salud se negó a facilitar en el allanamiento de la semana pasada al Minsal, argumentando que esto podía afectar la seguridad nacional.
El senador Alejandro Navarro (PRO) solicitó al Fiscal Centro Norte de la Región Metropolitana, Xavier Armendáriz, que requiriera la autorización de la Corte Suprema para incautar los correos electrónicos del ex ministro de Salud, Jaime Mañalich, y la subsecretaria de Salud, Paula Daza, en el marco de la investigación en su contra por las muertes por COVID-19 registradas durante los últimos meses.
Lo anterior ocurre debido a que el actual titular de la cartera, Enrique Paris, la semana pasada negó esta información durante un allanamiento al Ministerio de Salud, argumentando que podía afectar la seguridad nacional.
El parlamentario exigió este trámite en su calidad de querellante, luego de que en el mes de junio interpusiera la acción judicial contra las autoridades sanitarias por las muertes atribuidas a la pandemia, aludiendo en su caso específico a los fallecimientos en la Región del Biobío.
Sin embargo, también hay otra causa que requiere de documentos negados por Paris. Se trata de la querella presentada por el alcalde Daniel Jadue en contra del Presidente Sebastián Piñera; el ex ministro Mañalich; el subsecretario de Redes Asistenciales, Arturo Zúñiga; y la subsecretaria Daza, por los delitos de negación de auxilio y cuasidelito de homicidios por las víctimas de la pandemia en Recoleta.
Es así como, en el marco de esta última acción legal, el fiscal Armendáriz solicitó finalmente a la Corte Suprema que ordene al ministro Paris entregar las copias de los correos electrónicos e información, respecto a la investigación de las querellas de muertes por COVID-19 en contra de las autoridades.
Así lo consigna Bío Bío Chile, en un artículo en el que señala también que mientras no se resuelva este conflicto, se pidió suspender el plazo de cinco días otorgados originalmente para la ejecución de la entrada, registro e incautación, en la resolución de fecha 8 de septiembre de 2020.
