Manuel Rebolledo / Foto: cedida |
Manuel Rebolledo fue atropellado en Talcahuano, mientras se dirigía hacia una de las protestas convocadas en el contexto del estallido social. Por la pandemia, la Fiscalía ha suspendido hasta en cuatro ocasiones varios peritajes claves y la reconstitución de la escena. Hasta ahora, hay un miembro de la Infantería de Marina imputado, pero sigue en sus funciones, destinado al sur del país. Para el Ministerio Público se trata de un delito de cuasi homicidio, sin dolo, pero para los padres, las intenciones de matar a su hijo son evidentes. La indagatoria no avanza, mientras la familia exige que se haga justicia. «No hay pruebas concretas, ni con rigor científico», reclama el abogado de la familia.
Voy y vuelvo. Nos vemos a la vuelta”, le dijo Manuel Rebolledo Navarrete a su papá, la tarde del 21 de octubre, a eso de las 17:30 horas. Se había duchado y preparado para salir a Concepción, a una de las tantas marchas que por esas fechas se convocaban en el contexto del estallido social. Tenía 23 años, una pareja y una hija, y vivía con sus padres y hermano en la población Libertad de Talcahuano. La familia estaba tomando once cuando sonó el teléfono de la casa: una sobrina les avisó que un camión de la Armada había atropellado a Manuel. El joven ni siquiera alcanzó a llegar a la manifestación.
El impacto se produjo a las 18:44 en la Avenida Gran Bretaña, tal y como muestra un vídeo grabado por cámaras exteriores de una empresa pesquera ubicada en la misma calle, difundido por Interferencia y Resumen. En las imágenes, cuya exhibición ha generado –según el abogado defensor– una «falsa y distorsionada interpretación de los hechos, se ve cómo el vehículo persigue a gran velocidad a varias personas y arrolla a Manuel Rebolledo. “Llegó al lugar un vehículo militar de alto tonelaje con infantes de marina en su interior […] acercándose a la pesquera”, señala la querella presentada por la familia. “En pocos segundos, Manuel se percata de aquello y corre, saliendo del recinto y cruzando la avenida Gran Bretaña, direccionando su actuar hacia la población Talcahuano. Y es allí cuando, segundos después, es atropellado por el vehículo militar de alto tonelaje”, añade el texto. Según el papá del joven, del mismo nombre que el hijo, “los militares que iban arriba del camión gritaban ‘los vamos a matar’”.
Apenas colgó el teléfono, Luisa se dirigió corriendo al lugar. Preguntó a los militares que encontró en el lugar y, dice, le negaron que su hijo hubiera sido arrasado por el vehículo. “Me dijeron aquí no ha pasado nada”, dice la madre. El uniformado “la mandó” a consultar a Carabineros, que le respondieron lo mismo: “También lo negaron”. Sin perder más tiempo, y con el auto de un vecino, se dirigieron al Hospital Las Higueras de Talcahuano. “Cuando llegamos vimos que bajaban una camilla hacia adentro”, recuerda el papá. Tanto Luisa como Manuel están convencidos que su hijo llegó muerto al recinto y que “el camión lo mató al instante”.
El atropello de Manuel Rebolledo es una de las ocho querellas presentadas por el INDH por homicidio, de un total de 2.499 interpuestas por el organismo hasta mediados de septiembre. Una cifra que, por ahora, solo ha dejado a 68 personas imputadas. Leonardo Medina Caamaño es miembro de la Infantería de Marina y es uno de ellos. Del total de imputados, cuatro son miembros de las Fuerzas Armadas y los otros 64 de Carabineros.
El día 22 de octubre de 2019, el Ministerio Público, a cargo del fiscal jefe de Talcahuano, Julián Muñoz, formalizó a Medina como autor de un cuasidelito de homicidio, que se castiga con una pena máxima de tres años y un día de cárcel. La Fiscalía solicitó el arraigo nacional y la firma quincenal como medidas cautelares, pero como el imputado no tiene antecedentes penales, si fuese declarado culpable podría cumplir su pena en libertad. Apoyado por la institución armada, Medina retomó sus funciones.
«Mi teniente me señala que tuviera cuidado, ya que venían tres individuos por mi costado, por mi lado derecho. Dos de esos corren por detrás del camión. Uno de ellos por delante. Frené, esta persona [Manuel Rebolledo] resbaló. No lo vi más. El camión, una vez que frené, siguió deslizándose como unos metros. Al detenerse bajé enseguida a ver a la persona, vi que estaba en la parte posterior derecha del camión boca abajo. Lo giré, le tomé el pulso, tenía pulso, le saque la capucha que llevaba puesta. Aprecié que tenía sangre en el lado izquierdo de su cara y en el oído. Se llama a la ambulancia, y luego se desarrolla el procedimiento tendiente a resguardar a la víctima que lamentablemente falleció», declaró entonces Medina, según publicó The Clinic.
La familia discrepa de esta versión. En su relato alega una conducta dolosa en el actuar del uniformado y solicita que el Ministerio Público recalifique los hechos y se reformalice a Medina por un homicidio doloso o voluntario, que se castiga con entre 10 y 15 años de privación de libertad. “La manera como el conductor conduce el vehículo, como lo guía, la velocidad a la que iba, el no frenar ni detenerse, el abandonar la calle y subirse a un sitio eriazo”, son factores que, según el abogado querellante, Marcelo Villena, inducen a pensar que el atropello fue intencionado.
“El imputado esquiva, con el vehículo militar, los tres neumáticos posicionados en la avenida Gran Bretaña, tomando la calzada. Luego, avanza por lo menos unos cincuenta metros, para dirigirse a gran velocidad directamente hacia la víctima y dos personas más”, detallan los padres en su denuncia. “El querellado pudo haber frenado el vehículo militar, o bien, aplicando sus conocimientos y experiencia en el manejo de este tipo de vehículo, haber esquivado a la víctima, con la misma agilidad de que da cuenta al esquivar a los neumáticos, cuestión que no hizo y que demuestra claramente su actuar consciente y voluntario en el atropello de nuestro hijo”, añaden.
Luisa y Manuel califican el comportamiento del militar de “violento, desproporcionado y doloso” y creen que “supo y quiso” causar la muerte de su hijo. No quieren pasar por alto, tampoco, que de acuerdo a las imágenes que quedaron registradas, acudió al lugar una primera ambulancia, pero su funcionario se limitó a levantar la mano de Manuel, sin llevar a cabo ningún procedimiento de reanimación. Simplemente, dejó el cuerpo en el suelo. “Podemos deducir que ya estaba muerto”. Tampoco intervinieron, dicen, los funcionarios de la segunda ambulancia que se presentó al lugar, quienes finalmente recogieron a su hijo y lo trasladaron.
Casi un año después del atropello de Manuel, no hay ninguna diligencia hecha para el caso, más allá de declaraciones de funcionarios, los videos e informes de la PDI. “No hay pruebas concretas ni con rigor científico”, lamenta el abogado Villena. El letrado quiere determinar aspectos que considera clave como «la velocidad del vehículo, si frenó o no, por qué se salió de la vía, por qué se sube a un sitio eriazo”. Para este 30 de septiembre estaba prevista la reconstitución de escena y la realización de varios peritajes, pero por cuarta vez la Fiscalía la suspendió por causa de la pandemia. «Parece que estén jugando con eso, solamente aplazando», critica Luisa. La cita quedó sin fecha a la vista.
La investigación del caso de Manuel Rebolledo ha sido lenta y sin avances. La cita de este miércoles era muy esperada para amigos y familiares, que consideran que la reconstitución de escena y los peritajes solicitados aportarán nuevas luces a la indagatoria que podrían convencer a la Fiscalía de un cambio en sus planteamientos. No habrá aportes, pero, por parte de Leonardo Medina, quien ya ha señalado a través de su abogado que se amparará en su derecho a guardar silencio y no estará presente a la cita. «Lo único que generaría es exponerlo públicamente, sin ninguna garantía ni protección, lo cual vulnera su estado de inocencia», sostiene el defensor. Añade, también, que las diligencias que se pretenden llevar a cabo son «absolutamente improcedentes» para el esclarecimiento de los hechos porque «lo ocurrido en el pasado es irrepetible e imposible de volver a reproducir».
A la espera de concretarse una nueva fecha para practicar las pruebas, Luisa y Manuel no se cansan de repetir que quieren que se haga justicia. “Justicia y vivir el duelo tranquilos”, reclaman. Los padres han denunciado las “burlas”, dicen, que han tenido que soportar de la policía cuando visitan la animita de su hijo: “Hacen sonar la bocina y hacen señales con las manos. Se burlan”, enfatiza Luisa. “Nos ha pasado muchas veces”, insiste.
Para la madre, la justicia «no hace su pega» y no llegará hasta que se esclarezca cómo le arrebataron la vida a su hijo y vea que los responsables de ello pagan con cárcel. “La exigimos”, subraya. Mientras, imagina un futuro incierto cuando su nieta comience a buscar respuestas: “Preguntará por su papá y habrá que contarle qué ocurrió y a manos de quién”.
