Mujeres desaparecidas en Chile: Los protocolos ineficientes que dejan búsquedas sin resultados

Karina Paredes Pacheco, 19 años, tez morena, contextura delgada, altura 1.69. Estudiante de obstetricia de la Universidad de Santiago y oriunda de Punta Arenas. Sonríe en las tres fotos. Esa es la descripción que aparece en el afiche que informa sobre su desaparición en julio de 2006, en Santiago. Karina fue vista por última vez en una sala de computación de la universidad. Ese día no regresó a la casa donde se alojaba, en Pudahuel, donde vivía con unos conocidos de su familia que también habían migrado desde la misma ciudad.Su hermana, María José Paredes, recuerda que antes de su extravío supieron de algunas complicaciones que Karina había tenido con sus convivientes. De hecho, su familia le había propuesto que regresara, pero ella se negaba a dejar los estudios y la vida que había comenzado a forjar en esta ciudad. También asegura que hubo un desfase importante entre su desaparición y el inicio de las diligencias de búsqueda. «Nosotros nos enteramos cuando la universidad nos avisó que Karina había desaparecido y también nos enteramos que esa familia todavía no ponía la denuncia. Fueron unos días después», detalla.

Los primeros tres años, dice María José, fueron de una búsqueda activa hasta que la causa fue archivada por la Fiscalía que estimó agotadas las pericias que podrían dar pistas sobre su paradero. Desde ahí, la familia no recibió más noticias sobre la desaparición de la estudiante.

Eso, hasta un mes atrás. La desaparición de Ámbar Cornejo, en Villa Alemana, y el revuelo que generó por los antecedentes de homicidio del principal sospechoso de su muerte, reactivó el caso de Karina. La Fiscalía le informó a la familia que revisarían nuevamente la causa porque detectaron incongruencias en ciertas diligencias y, otras, que no se habían realizado por la falta de tecnología hace diez años atrás. “Nunca se hizo la excavación a la casa, nunca pidieron luminol, una sustancia para dejar evidencia las muestras de sangre, eso nunca llegó porque había que pedirlo al extranjero. Tampoco pudieron acceder a su correo”, precisa María José.

Ella también reconoce la complejidad de hacer rastreos paralelos a los que encabeza la PDI para agilizar la búsqueda. “No pudimos hacer búsquedas particulares porque no tenemos los recursos. Yo era chica y me acuerdo que pensaba cómo podíamos buscar, descifrar lo que estaba pasando. Tener los recursos influye mucho, hay personas que pueden contratar abogados. En nuestro caso hay organizaciones feministas nos han ayudado”, cuenta.

Karina Paredes Pacheco. Foto cedida por la familia.

Sin resolver

Como Karina son muchos los casos de mujeres desaparecidas aun sin resolver. De acuerdo a las cifras que maneja Carabineros, entre 2003 y 2018, las denuncias por desapariciones que se mantenían vigentes sumaban un total de 4.818 mujeres en el país. Según este mismo registro, las comunas con mayor número de mujeres extraviadas son: San Bernardo, 524; Puente Alto, 316, y, luego, Valparaíso con 194.

Otra cifra es el registro de la Policía de Investigaciones (PDI), aunque número de denuncias que recogen es considerablemente menor a las de Carabineros. En respuesta a una solicitud de transparencia hecha por El Desconcierto, indicaron que entre 2015 y 2020, se han hecho 6.147 denuncias por presunta desgracia y, de ellas, 485 siguen sin resolver.

Datos PDI. Elaboración El Desconcierto Michel Contreras.

Aunque el porcentaje de casos que llega a resolverse supera el 90%, lo preocupante es que la tendencia de los casos que se mantienen vigentes ha ido en paulatino aumento en los últimos años, de un 11, 65% a un 13, 15% , como muestra el siguiente gráfico:

Extraviadas en regiones

El 30 de junio pasado desapareció Carolina Fuentes Bustos, de 42 años, en la comuna de Portezuelo, en la región de Ñuble. Ella había viajado hasta Ninhue, la ciudad donde viven sus familiares, con la intención de vender una camioneta heredada de su papá. Después de eso tenía planeado volver a Santiago, de hecho, había comprado pasajes de regreso. Sin embargo, se vio por última vez junto a un hombre que la fue a dejar en su camioneta en las cercanías del terminal de buses de Chillán ese día.

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Las búsquedas en estos meses ha sido intensa. La última vez que los familiares salieron fue antes de fiestas patrias por el sector del río Lonquén, en San Nicolás. En esa jornada de búsqueda navegaron por el río en kayak sin encontrar ninguna pista. “Es lo único que podemos hacer, buscar en paralelo a la PDI. Ellos ahora están periciando el teléfono de Carolina. Para mediados de octubre entregarán un informe general de las diligencias que han hecho. Hasta ahora se ha hecho un rastreo general y de la última persona que mantuvo contacto con Carolina con quien mantenía una relación de pareja”, dice el tío de Carolina, Manuel Bustos.

Una de las amigas más cercanas de Carolina, compañera del internado y liceo en Ninhue, ve que el proceso de búsqueda se ha ido diluyendo de a poco y que la información ha sido muy hermética.

Ese mismo calvario lo ha vivido este último año la familia de Catalina Álvarez Godoy, la joven que desapareció en Copiapó, el 23 de junio de 2019 al abordar un taxi conducido por Hugo Pastén, conocido como “el psicópata de Copiapó”. En 2005, él fue condenado a 24 años de prisión por el delito de robo con violación contra dos mujeres y, luego, en 2017, obtuvo la libertad condicional por “buena conducta”.

Su mamá, Ximena Godoy, cuenta que en estos últimos meses de pandemia ha seguido buscando con un permiso especial, porque la PDI se ha limitado a buscar solo un día a la semana. Además, considera que la Fiscalía ha estado concentrada en buscar pruebas para condenar a Pastén y no en encontrar a su hija. Junto a familiares y amigos, han ido buscando por los sectores mineros, principalmente, por el camino internacional donde se georeferenció la última llamada de Catalina. “Ella me dijo que venía en el colectivo, la salí a buscar y nunca llegó. Le empecé a marcar y marcar y lo único que escuché fue un ‘ay, mamita’ llorando y ahí se sintió como le quitaron el celular y después se apagó. Ella se sentía lejos del teléfono. Yo salí a buscar eran las tres de la madrugada”, relata.

Después de horas de búsqueda, Ximena fue a Carabineros a poner la denuncia por presunta desgracia donde la respuesta que recibió cree que fue la menos adecuada. “Ellos te cuestionan todo, que es adolescente y que quizás en qué andaba.  Hasta el día de hoy te siguen cuestionando cuando una mujer presenta una denuncia por presunta desgracia, más si es una adolescente. ´No es que estaba con el pololo´, ‘no es que se pasó de copas y no cargó el teléfono’, así me cuestionaron a mi hija. Carabineros me dijo esperemos hasta las 3 de la tarde. Se dieron el tiempo de esperar porque según ellos mi hija seguía carreteando”, cuenta sobre las primeras horas de la desaparición de su hija.

Según el registro de Carabineros, las denuncias por presuntas desgracias de mujeres representan el doble que el de los varones en el tramo de adolescencia, con 101 mil denuncias.

Protocolos de búsqueda

Annie Martinson, creadora de la Fundación Kurt Martinson, tras su desaparición en 2014 en San Pedro de Atacama, explica que existen cinco tipos de desapariciones: por evasión, que es voluntaria, es decir, la persona se va y, luego, regresa; por causas naturales, como Alzheimer; por accidentes que pueden ser en montañas o por deportes extremos; por presunto suicidio; y, por último, cuando existen antecedentes de violencia intrafamiliar.

Sin embargo, no hay protocolos específicos para cada una de estas desapariciones, según lo explica el jefe de la Brigada de Ubicación de Personas (BRIUP), el subprefecto Manuel Fuentes: “El protocolo es estándar, sin distinción de género, el funcionario verifica las hipótesis y se refuerzan los equipos de acuerdo a la complejidad de cada caso. En el hecho de que en los casos de presunta desgracia donde la hipótesis de trabajo indica que detrás de la desaparición podría haber un acto de violencia o discriminación originado en el género de la víctima, reforzamos los equipos investigativos y les damos prioridad”, señala a El Desconcierto.

Esto ha generado, según Annie, que no se haga una evaluación acabada de la presunta desgracia. “Si hay una persona con Alzheimer, por ejemplo, averiguar en qué grado tenía o su comportamiento, ahí posiblemente no voy a llamar a los hospitales en primer momento, sino que voy a tomar contacto más directo con las familias. Es recurrente que se tome como evasión porque del 95% de las desapariciones corresponde a una evasión. El problema es que así se echa todo al mismo saco”, acota. Ella, además, estima urgente dotar a las policías de más y mejores herramientas para potenciar las investigaciones.

Por otro lado, Mallen González fundadora de la ONG “Personas Extraviadas Chile” después de la desaparición de su madre, Norma González, en 2017, explica que, cuando una persona desaparece, puede incorporarse en una lista de Encargo Nacional, pero esto es un registro en una base de datos que no implica una búsqueda activa. Además, hace hincapié en que las bases de datos de todas las instituciones que pueden verse involucradas (PDI, Carabineros, Servicio Médico Legal, Hospitales, Sename, etc.) no están conectadas, por lo que las familias deben consultar a cada una de ellas si manejan algún antecedente de la persona desaparecida.

AGENCIAUNO

Ley de Extraviados

Las falencias que antes describían las agrupaciones buscan ser corregidas en la ley de Extraviados que se tramita en el Congreso desde agosto del año pasado, patrocinada por los diputados Marisela Santibáñez y Pablo Kast. Una de las principales solicitudes es que se norme la actuación de las policías ante la denuncia por presunta desgracia, que actualmente no cuenta con sustento legal para unificar los criterios de búsqueda.  Desde la ONG que representa Mallén González han señalado que la recepción de la denuncia de la “presunta desgracia” en un 50% de los casos no son tomadas de inmediato y se han encontrado con respuestas como: “es fin de semana debe» “andar carreteando”, “espere que vuelva”, “búsquelo usted primero”.

Que la presunta desgracia sea regulada permitiría realizar las diligencias de manera inmediata contando con facultades que hoy no están disponibles, como lo reconoce el jefe de la Brigada de Ubicación de Personas de la PDI.

A esto Mallén agrega que cuando se trata de niños o personas mayores con enfermedades como el Alzheimer o demencia, o niños el tiempo es vital para obtener indicios, determinar la autonomía , radio de búsqueda, recuperación cámaras de seguridad, entre otros elementos. «Con respecto a la investigación misma por parte de las policías, en muchos casos solo se limitan a verificar las evidencias recolectadas por la familia a a realizar algunas pericias solo por cumplir, como trasladar a la BRIUP a regiones y que estos permanezcan en el sitio una o dos horas, cuando el extravío a ocurrido en zonas no urbanas. O que el fiscal se niegue a realizar diligencias , pues los protocolos entre instituciones difieren”, señala.

Por otro lado, para Annie Martinson es importante realizar el cruce de datos con las más de 3 mil personas en el SML que permanecen sin identificación, es decir, N.N. “Ahí hay un tema bastante relevante porque podría ampliar la identificación de personas han desaparecido o si llegara a pasar en el futuro. Eso no se ha hecho. Pero creo que hay un tema económico también porque es muy caro buscar a la gente”, concluye.