ministro Víctor Pérez | Agencia Uno
“Los acusadores fueron absolutamente desprolijos», aseguraron los abogados del secretario de Estado. A juicio de ellos, la oposición argumenta la acusación apuntando a facultades de las que el ministro del Interior no dispone en estos momentos.
Durante la noche de este jueves, los abogados del ministro del Interior, Víctor Pérez, presentaron su defensa en el contexto de la acusación constitucional que la oposición tramita en su contra por su gestión del polémico y cuestionado paro de camioneros y del accionar de Carabineros durante los últimos meses.
De acuerdo a información que publica este viernes BioBío, a Mario Rojas y Alejandro Espinoza, la acusación presentada por diputados de oposición, carece de los antecedentes necesarios. Esto, porque el la acción argumenta que Pérez tiene el control del orden público, ignorando que bajo estado de excepción, la situación cambia.
“El libelo incurre en el grueso error jurídico de atribuir al Sr. Ministro acusado la obligación legal de control de orden público, ignorando el texto actualmente vigente del Decreto Supremo N° 104, del Ministerio del Interior y Seguridad Pública, promulgado el 18 de marzo de 2020, que declara ‘estado de excepción constitucional de catástrofe, por calamidad pública, en el territorio de Chile»”, argumenta la defensa.
En este sentido, los abogados del secretario de Estado reiteran que los acusadores apuntan a facultades de las que Pérez no dispone como titular del Interior y que, de hecho, más corresponden al ámbito del Poder Judicial o de la Fiscalía, especialmente en el capítulo en el que se aborda el ítem circunscrito a las denuncias de violaciones a los DD.HH. por parte de Carabineros.
“El sistema de denuncia de carabineros operó con normalidad, Carabineros denunció a 1.006 personas a Fiscalía; de manera que no vio razón para ejercer acción penal como ministro del Interior por delitos comunes; esa es una labor excepcional del Ministerio, que se ejecuta cuando corresponde legalmente, y después de un estudio detallado y razonado de los antecedentes de cada caso”, agrega la defensa.
Respecto del capítulo donde lo acusan de otorgar un trato diferenciado a la movilización de camioneros, en comparación con otras, ejemplificando con las comunidades mapuches en La Araucanía, los profesionales aseguran que algunas decisiones afectas a este caso fueron adoptadas por intendentes.
“Los acusadores fueron absolutamente desprolijos porque no examinaron el caso de las comunidades mapuches, y fue por esto que no constataron que, en su caso, el órgano legal de la acción penal que actuó, formulando una denuncia, no fue el Ministerio del Interior, sino que la decisión fue evaluada y adoptada bajo su responsabilidad por el intendente de la Región de la Araucanía señor Víctor Manoli; que la planteó ante el señor Fiscal Regional de La Araucanía”, agregan.
Los argumentos de los abogados del secretario de Estado apuntan a las acusaciones de la oposición por su manejo en el paro de camioneros y por su falta de control jerárquico de Carabineros, especialmente luego de que Sebastián Zamora fuera formalizado por el delito de homicidio frustrado, acusado de empujar a un joven de 16 años al lecho del río Mapocho, un hecho que ocurrió el viernes 2 de octubre del año en curso.
