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Diputadas y diputados de oposición presentan proyecto de reparación para víctimas de violencia estatal

Por: El Desconcierto | Publicado: 27.10.2020
Diputadas y diputados de oposición presentan proyecto de reparación para víctimas de violencia estatal Imagen referencial | Fotografía de Agencia Uno
El proyecto también disminuye los requerimientos probatorios para que las víctimas puedan obtener la sentencia que requieran, tomando como base que el Estado ha incurrido en una falta al no proteger los derechos a la vida, a la integridad física y psíquica de los manifestantes.

La autora del proyecto, diputada Camila Vallejo junto a las parlamentarias de su partido Carmen Hertz y Marisela Santibáñez, y con la firma de Matías Walker (DC), Tucapel Jiménez (PPD), Emilia Nuyado (PS), Carolina Marzán (PPD), Pamela Jiles (PH), Gabriel Boric (PCS) y Natalia Castillo (RD), ingresó hoy a la Cámara esta iniciativa que beneficiaría a 4.000 afectados por la violencia estatal, y a familiares de fallecidos en el contexto del estallido social.

La diputada Vallejo destacó este proyecto que busca reparar e indemnizar a las víctimas del Estado en el contexto de las protestas a nivel nacional desde el 18-O, afirmando que “Chile sigue en deuda con quienes iniciaron esta movilización histórica”.

“Nosotros estamos plenamente conscientes de que este país sigue en deuda con quienes iniciaron el estallido social, quienes iniciaron esta movilización histórica que nos permitieron el hermoso triunfo del 25 de octubre. Muchas de esas personas que se atrevieron a salir con fuerza a las calles, perdieron sus ojos, muchos murieron, muchos sufrieron daños no solamente físicos, sino también psicológicos que los van a marcar toda su vida. A ellos les debemos mucho y este país y este Estado lamentablemente sigue en deuda con ellos; la justicia no llega o llega tarde. Y no hay nada más injusto que la justicia que llega tarde”, indicó la jefa de la bancada del PC.

Para la parlamentaria, además de las consecuencias en la vida, salud y la integridad física y síquica de los y las afectadas por la violencia estatal, es importante dar solución al requerimiento urgente de los fondos para costear de manera urgente los tratamientos médicos, psicológicos y de rehabilitación para reparar el daño causado, y así reinsertarse en su vida laboral y familiar.

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“Lo que queremos hacer con este proyecto es contribuir un poco en algo que es tan necesario como lo es la reparación y a través de un procedimiento civil para acelerar los procesos de demanda hacia el Estado para la reparación, queremos hacer que las víctimas logren cuanto antes una justa reparación. Probablemente no va a ser todo lo que se espera, porque sabemos que los daños probablemente son irreparables, pero sí creemos que es necesario, ético y nuestro deber moral presentar este proyecto de ley”, afirmó Vallejo.

De acuerdo a las cifras con las que cuenta el INDH , al 19 de marzo de 2020, se contabilizaban un total de 3.838 personas heridas que fueron víctimas de la violencia estatal, de las cuales 460 presentan lesiones oculares, mientras que a marzo de este año, se contabilizaban 34 personas reportadas oficialmente como fallecidas producto de las manifestaciones. A esto se suma el gravísimo hecho ocurrido el 2 de octubre de este año cuando un joven fue arrojado desde el punte Pío Nono por parte de un carabinero, es decir, se cuenta con antecedentes suficientes para justificar la presentación de esta iniciativa.

“Hemos estado trabajando además con las agrupaciones de víctimas de trauma ocular, las familias que han perdido a sus seres queridos, las agrupaciones de presos de la revuelta también, quienes están detrás de este proyecto y esperamos que nos acompañen en todo este proceso para que este proyecto sea ley de la República y no tengan que esperar 8 o 10 años para tener una justa reparación sino que ojala lo antes posible”, finalizó la diputada.

Cabe señalar que, adicionalmente, el proyecto disminuye los requerimientos probatorios para que las víctimas puedan obtener la sentencia que requieran, tomando como base que el Estado ha incurrido en una falta al no proteger los derechos a la vida, a la integridad física y psíquica de los manifestantes, e incluso, de las personas que se encontraban en los lugares donde se desarrollaban manifestaciones sociales, teniendo así que sólo acreditar la existencia y cuantía del daño.

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