Arturo Zúñiga, Jaime Mañalich y Paula Daza | Agencia Uno
“Las consecuencias de no adoptar las medidas preventivas correspondientes por parte del gobierno se tradujeron en la imposibilidad de interrumpir efectivamente la cadena de contagios, que provocó que el virus se expandiera rápidamente a gran parte de la población, aumentando con ello el número de casos graves, y como consecuencia, el número de personas fallecidas”, sostiene el documento.
Para este lunes a las 14:00 estaba agendada la votación del informe final de la comisión especial investigadora de la Cámara de Diputados respecto al COVID-19, y el manejo de la pandemia del gobierno.
El documento redactado por los integrantes de la comisión armada para revisar los actos del gobierno en relación con los impactos sanitarios, económicos, sociales y laborales del COVID-19 en el país, aún debe ser sometido a votación. Sin embargo, ya contaría con el apoyo de los parlamentarios de oposición, mayoría en la Cámara.
Quien preside esta comisión es Jaime Mulet (FRVS), integrándola junto a Álvaro Carter, María José Hoffmann y Osvaldo Urrutia de la UDI, Víctor Torres de la DC, y Francisco Eguiguren, Frank Sauerbaum y Diego Schalper, de RN. Desde la oposición, la componen Carolina Marzán (PPD), Marcela Hernando (PR), Luis Rocafull y Leonardo Soto, del PS, junto con Camila Vallejo (PC).
Según recoge Biobío, el texto indica que “el gobierno se enfocó de manera primordial en la situación hospitalaria, descuidando gravemente la propagación de la pandemia”. Como ejemplo, menciona las “cuarentenas dinámicas” propuestas por el ex ministro Jaime Mañalich, en ese momento máxima autoridad sanitaria.
“En relación al conteo y registro de fallecidos la Comisión concluye que el Presidente de la República Sebastián Piñera, el ex Ministro de Salud Jaime Mañalich, la Subsecretaría de Salud Paula Daza y el Subsecretario de Redes Arturo Zúñiga son responsables de la decisión política de comunicar a la ciudadanía una estadística de fallecidos por COVID-19 que subreportaba la cifra real de fallecidos puesto que no se apegó a las recomendaciones de la OMS, ni consideró las normas internacionales de clasificación de enfermedades”, señala el lapidario informe.
Asimismo, afirma que “los criterios implementados por la autoridad sanitaria para el registro de fallecidos tuvieron la consecuencia de variar la tasa de letalidad del COVID-19 en Chile y por lo tanto alterar la percepción de la ciudadanía en torno a la mortalidad de la pandemia en el país”.
“Las consecuencias de no adoptar las medidas preventivas correspondientes por parte del gobierno se tradujeron en la imposibilidad de interrumpir efectivamente la cadena de contagios, que provocó que el virus se expandiera rápidamente a gran parte de la población, aumentando con ello el número de casos graves, y como consecuencia, el número de personas fallecidas”, agrega el documento.
“Para esta Comisión, son el Presidente de la República, y los Ministros de Salud en sus respectivos mandatos, los responsables políticos del manejo de la pandemia en Chile, y sus efectos”, indica finalmente el informe.
En ese sentido, se recalca el rol cumplido, o incumplido, por el ex ministro Jaime Mañalich. “El Ministro de Salud incurrió en infracciones a la Constitución y a la Ley Orgánica Constitucional del Congreso Nacional al no dar respuesta a más de 16 oficios despachados por la Comisión Investigadora, pese a ser reiterados en diversas oportunidades (…) Requerían información trascendental para el cumplimiento del mandato de esta instancia parlamentaria”, se establece en el texto.
