Cámara rechaza proyecto oficialista que eliminaba inhabilidades para postular a nuevos cargos

Este lunes, y tras un solo debate, pero con votación individual por cada proyecto, la Sala de la Cámara de Diputadas y Diputados resolvió rechazar las tres reformas constitucionales presentadas por el oficialismo, para eliminar las inhabilidades para postular a cargos de elección popular.

Según explica el informe de la Comisión de Constitución que rindió el diputado Jorge Alessandri (UDI), las iniciativas fueron una respuesta a las normas establecidas en la Ley 21.238, reforma constitucional que limitó la reelección de algunas autoridades y que está vigente desde el 8 de julio de 2019.

La disposición establece que los diputados, consejeros regionales, alcaldes y concejales pueden ejercer por un máximo de tres períodos (12 años en total), permitiéndoseles dos reelecciones y que los senadores pueden ejercer por un máximo de dos períodos (16 años en total), autorizándoseles una reelección.

A lo anterior, se suma otra limitante constitucional que establece que tanto alcaldes como concejales no pueden postular a cargos parlamentarios, de gobernadores y consejeros regionales, en tanto no hayan renunciado a sus cargos con un año de anterioridad de la elección.

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Las tres reformas que buscaban modificar esta disposición las presentaron parlamentarios de la Unión Demócrata Independiente (UDI) y Renovación Nacional (RN), en conjunto con representantes de la Democracia Cristiana, el Partido Por la Democracia y Evópoli.

El lunes de la semana pasada, la Comisión de Constitución de la Cámara Baja rechazó en general el proyecto, con seis votos a favor, y siete en contra. Alessandri presentó el informe de la Comisión, esperando que se consideraran las iniciativas en la Sala.

Desde el oficialismo, la diputada Paulina Núñez (RN) defendió el proyecto, afirmando que al eliminar las inhabilidades no se está “borrando con el codo“ la aprobación de la reelección de autoridades, sino que exista mayor competitividad.

Asimismo, reconoció que estos proyectos no tienen piso en la Sala pero sostuvo que es de justicia permitir que las autoridades comunales puedan ir a una próxima elección porque se les cambiaron las reglas con el proceso ya iniciado.

Karin Luck (RN), en la misma línea, planteó que se debe dar una señal a alcaldes y concejales a los cuales les limitaron la posibilidad de reelegirse y postular y se prorrogaron sus periodos al cambiar la fecha de la elección. Agregó que es un despropósito dejar a una comuna sin alcalde y caricaturizar esto como las sillas musicales, al tiempo que llamó a “no tener miedo a la competencia“ y que sea la gente la que decida con su voto.

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Por otro lado, los detractores a la iniciativa recalcaron que aprobarla hubiera sido una “tontera“, demostrando actitudes de “monito porfiado” y evidenciando el distanciamiento que hay con los problemas de la gente.

En ese sentido, el diputado Marcelo Schilling (PS) dijo que la democracia siempre está amenazada por la demagogia y la corrupción, pero agregó que también por “la tontera”, calificando de esa forma el discutir ahora estos proyectos “cuando nadie quiere hablar de esto”.

Asimismo se expresó Diego Ibáñez (PCS), quien se preguntó por qué se está discutiendo ahora y que parece que no se entendió lo que significó el estallido social. Resaltó que el Congreso dijo no a la reelección y cuestionó que, hoy, se busque revertirla “como monito porfiado”, para que los que llevan años en el poder puedan postular a otro cargo.

A estas palabras se sumó el PS Leonardo Soto, explicando que en medio de una pandemia sanitaria, discutir temas que le interesan a la política es un reflejo del distanciamiento que hay con los problemas de la gente.

Las propuestas del oficialismo

La primera de las mociones presentadas por los parlamentarios oficialistas modificaba las inhabilidades establecidas en la Constitución que actualmente afectan a quienes ejercen diversos cargos de elección popular para ser candidatos a otros cargos, especialmente, las consagradas en los artículos 57 y siguientes que impiden a alcaldes, concejales, gobernadores y consejeros regionales para ser electos diputados y senadores.

La segunda, consistía en incorporar una disposición transitoria en la Carta Magna que flexibilizaba la norma impuesta por la citada Ley 21.238 para los alcaldes y concejales que, a la fecha de entrada en vigencia de la disposición, se encontraban en ejercicio del cargo y que fueron impedidos por la misma norma a ir a la reelección.

Y la tercera, la que obtuvo menos apoyo de los parlamentarios, consistía en introducir modificaciones en la Carta Fundamental con el objeto de eliminar las inhabilidades de alcaldes, concejales y consejeros regionales para postular a cargos parlamentarios.

Al momento de las votaciones, la primera propuesta se rechazó por 27 votos a favor, 103 en contra y once abstenciones; la segunda, por 31 votos a favor, 104 en contra y seis abstenciones; y la tercera, por 28 votos a favor, 108 en contra y cinco abstenciones. Las tres reformas pasaron a archivo.