25N| “Resistencia Materna”: Mujeres que buscan poner fin a la violencia económica por pensiones impagas

Lorna León muestra la última liquidación de la deuda alimenticia que tiene el padre de sus hijos: 104 millones de pesos es la cifra que aparece en el documento. Al mismo tiempo muestra el registro de las búsquedas fallidas de Carabineros. “El domicilio se encuentra sin moradores”, indica el registro. Lorna ha pasado la última década de su vida siguiéndole la pista a este hombre que no se ha hecho cargo de la crianza de sus hijos de 12 y 10 años. Cada cierto tiempo ha cambiado de domicilio y dejó el trabajo que tuvo por años.

Ella decidió separarse debido a la violencia física, económica y psicológica de la que fue víctima durante su  relación. “La violencia económica fue lo más brutal. Él en esos tiempos era gerente de una empresa, a mí no me dejaba trabajar, por ende, era dueña de casa y cuidaba a los niños. Me daba plata para la comida hasta para cosas tan básicas como toallitas higiénicas cuando me llegaba mi periodo. Eran castigos que recibía de parte de él cuando hacía algún comentario que no le parecía o criaba a los niños de forma que él no quería”, cuenta hoy la trabajadora social.

Frente a esta situación, que se fue haciendo constante en el tiempo, una vecina contactó al Servicio Nacional de la Mujer (Sernam) para que atendieran la situación y le prestaran apoyo. Fue ahí cuando le tomaron su relato, le ofrecieron una abogada y una psicóloga. Eso le permitió a Lorna enfrentar la situación de violencia y dejar la casa junto a sus hijos.

El tribunal de Familia, entonces, dictaminó una pensión alimenticia acorde al sueldo del padre de $700 mil pesos. Él solo pagó la pensión durante un año. “Nunca más ha pagado la pensión, pero nunca se le ha podido notificar. No ha vuelto a vivir en su propiedad de Macul. Estuvo arrendando en San Joaquín, por lo que me enteré”, añade Lorna. Ella ha consultado en su AFP e Isapre para saber de los movimientos que tiene y poder de alguna manera ubicarlo.

Maternar sola durante 11 años ha significado para ella verse en la obligación de conseguir una segunda fuente laboral, no contar con el tiempo suficiente para compartir con sus hijos y para tener otras actividades recreativas y de autocuidado. “No recibir el pago te violenta, no te deja ni siquiera ejercer la maternidad. He tenido que llegar a tener hasta dos trabajos para costear mi parte de la crianza y la del papá. O sea, cuando he tenido que estar haciendo tareas con mis hijos, en realidad, he estado en un segundo trabajo para poder costear los medicamentos y exámenes de mi otra hija y otras necesidades”, relata.

Como Lorna, son muchas las mujeres violentadas por la falta de corresponsabilidad parental y el correspondiente pago de alimentos. De hecho, las cifras que se conocieron en medio de la tramitación del primer retiro del 10% de fondos de pensiones, que retuvo a este grupo de deudores el monto impago, indicaban que el 84% de las pensiones en el país se encuentran sin cancelar.

Resistencia Materna

Investigando sobre el tema, Lorna León conoció a otras mujeres que se encontraban en su misma situación. Se juntaron y comenzaron a articularse en una organización que llamaron “Resistencia Materna”. Su primera aparición pública fue en la manifestación del 8M de este año. Desde ahí se han coordinado a nivel nacional -incluso con redes internacionales para intercambiar experiencias-, con el objetivo de visibilizar el tema y, a futuro, buscando que se concrete un proyecto de ley que integre regulaciones necesarias para frenar este tipo de violencia.

Patricia Marambio es una de las fundadoras del grupo. Vive en la región de Valparaíso y, tanto por su experiencia personal como la de sus compañeras, ha visto cómo esta situación las ha precarizado dejando un amplio margen para que los padres abandonen a sus hijos.  Aunque en reiteradas ocasiones han recurrido a Carabineros y a los tribunales de Familia denunciando las deudas impagas,  a costa de los subterfugios empleados por los demandados para evitar el pago de las pensiones. Esto ocurre con los cambios de domicilios o, incluso, las salidas al extranjero. “Estamos convencidas que el sistema patriarcal permite que esto siga funcionando así. Según estudios, sabemos que, de cada 10 padres, 9 son deudores de pensiones. Y sabemos también que un hombre con hijo o sin hijos tiene más facilidades para trabajar, no una madre, y menos si no tiene redes de apoyo”, comenta Patricia.

Estibaly Villegas Bravo también es parte del grupo. En su caso, la pensión que debería recibir por sus dos hijos es de 467 mil pesos, pero desde septiembre de 2019 no ha recibido ni un peso. En total, la deuda alcanza los 7 millones de pesos. El agobio y estrés han sido parte de sus últimos meses. “Yo entré en un mundo nuevo. No podía creer que un hombre no te pague y nadie haga nada. Cuando tú no estás en esto, todos te dicen ‘ah, pero es que hay orden de arresto, les puedes quitar la licencia’, pero cuando caes en esto te das cuenta que eso no funciona, que estás sola. Tengo un abogado y no hemos logrado que pague, él dejó de hacerlo de un día para otro”, cuenta.

Ella lamenta que muchas mujeres se encuentren totalmente desprotegidas por el sistema judicial que permite que estos hombres sigan accediendo a las visitas de sus hijos, pese a que tengan denuncias por violencia intrafamiliar, como es su caso. Más aún, el padre de los menores ha llegado hasta su domicilio con Carabineros cuando ha tenido complicaciones para visitar a sus hijos, aun cuando él incumple la ley por el pago de pensiones. “Él llama a Carabineros si yo no le paso a los niños y a veces no es porque me daba la pensión, con mis hijos he cumplido con la ley para que los vea, pero a veces pueden estar enfermos, tienen otras cosas o simplemente no quieren y él ha llegado con Carabineros”, asegura.

Con “Resistencia Materna”, Estibaly también se ha acercado a mujeres que buscan apoyo para iniciar el trámite legal o que buscan acompañamiento emocional. “Somos el apoyo para un montón de mamás que llegan a la colectiva sin saber qué hacer, desorientadas y con mucha pena porque son a veces mamás que no tienen que darles a sus hijos de comer. Esto no distingue estatus sociales, es un tema de machismo puro. Incluso, es peor quizás en los sectores donde sí hay dinero porque, por ejemplo, a mí me dice ‘ah, pero si tú trabajái porque me andái pidiendo plata’. Pero es que es su deber y eso no lo terminan de entender”, reconoce.

Retiro del 10%

“Con el retiro del 10% primero celebramos, creíamos que iba a haber justicia por fin para las mamás”, dice Patricia Marambio al contar cómo muchas de las integrantes del grupo iniciaron el trámite del retiro de fondos previsionales, pero que hasta ahora no han recibido el pago; otras, en cambio, se vieron imposibilitadas porque los deudores optaron por no solicitar el retiro para no ver descontada este porcentaje de la deuda. Estibaly Villegas pertenece a este primer grupo y cuenta que durante estos días habilitaron una plataforma en el poder judicial para revisar en qué etapa del proceso va la deuda. “Me falta, voy en el paso 7 y son 13 pasos, es decir, ni siquiera han dado la orden de pago, la AFP todavía no informa al tribunal si sacó o no la plata”, explica.

El gran número de casos de pensiones alimenticias impagas volvió a tomarse la agenda con el retiro del 10% como medida para aplacar los efectos de la pandemia. Fue ahí cuando se incorporó una cláusula que obligaba a los deudores a pagar el monto adeudado si es que solicitaban los fondos. Los tribunales recepcionaron un total de 99 mil solicitudes por este motivo; de ellas, 22 mil se han cancelado.

Las etapas de este proceso judicial implican notificar al demandado, respetar el plazo legal para objetar la liquidación de la deuda, darle espacio para hacer descargos a la contraparte y resolver la objeción. Esto, según ha explicado la vocera de la Corte Suprema, Gloria Ana Chevesich, podría extenderse si es que se presenta un recurso de apelación.

Para el proyecto del segundo retiro en trámite, el 12 de noviembre, la Cámara de Diputados y Diputadas aprobó, en general y en particular, el proyecto que modifica la Constitución para facultar al juez de familia a autorizar el retiro forzoso de fondos de AFP en caso de pensiones de alimentos impagas.

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Proyecto de ley

Dentro de las iniciativas que han impulsado, además de intervenciones públicas y asambleas virtuales, “Resistencia Materna” ha estado trabajando una propuesta que buscan convertir en proyecto de ley, que fue acogido por la diputada Carolina Marzán, integrante de la Comisión de Familia.

La idea de la iniciativa es mejorar el régimen de cumplimiento del Derecho de Alimentos en el ordenamiento jurídico nacional. “No se trata de buscar encarcelar ni instrumentalizar el sistema penal para castigar, sino que se genere el efecto de disuadir al pago, que es precisamente lo que se quiere. Sin perjuicio de esto, consideramos que el no pago reiterado reviste una gravedad tal, que es de aquellas conductas que puede configurar el delito de maltrato habitual y, por ende, una responsabilidad que trasciende lo civil-patrimonial. Es violencia económica, porque supone una manera de control, incluso, extorsión, que cabe dentro de hipótesis de violencia contra las mujeres, de hecho, así viene consagrado en la ley que establece el derecho de las mujeres a una vida libre de violencia”, sostuvo a El Desconcierto.

En cuanto al segundo retiro del 10%, Marzán indica que han hecho un trabajo de revisión de la implementación de la reforma que estableció este primer retiro y, a través de indicaciones al proyecto han buscado mejorar las falencias del primer proyecto. “Nos juntamos con la ministra de la Corte suprema Gloria Ana Chevesich, quien contribuyó de manera sustantiva a proponer mejoras, también el aporte de la presidenta de la Asociación de Magistrados, a efectos de establecer notificaciones más expeditas y obligaciones de pago a las AFP en plazos determinados. Por otro lado, en comisión de familia, hemos visto una serie de proyectos que vienen a mejorar el sistema de pago de pensiones, pero aún hay tareas pendientes en facilitar el proceso de pago, notificaciones, plazos, entre otros elementos”, explica.

“Ahora viene un trabajo que estamos desarrollando con organizaciones con las que nos hemos conectados y que quieren y deben ser escuchadas. Será junto a varios diputados y diputadas que tienen la misma sensibilidad en materia de mejoras para el pago de pensiones. El trabajo recién comienza y la inclusión de la sociedad civil es fundamental en esta y en todas las etapas”, concluye la parlamentaria.

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