Arturo Zúñiga, Jaime Mañalich, Paula Daza | Agencia Uno
Entre las conclusiones contenidas en los informes de las comisiones se consigna que “el errático y temerario manejo comunicacional del gobierno, particularmente del Presidente de la República, y del ex Ministro de Salud Jaime Mañalich constituyen actos reprochables“ y que “se cometieron irregularidades y vulneraciones de derechos laborales”.
Los informes de las comisiones investigadoras creadas para fiscalizar los actos de Mañalich junto al gobierno que pudiesen significar una reducción injustificada de inscripciones de defunciones a causa del COVID-19, así como de la habilitación de inmuebles para la instalación de hospitales de campaña u hospedaje de enfermos COVID-19, en especial, el arrendamiento de Espacio Riesco, concluyeron su trabajo con la aprobación de sus respectivos informes.
En primer término, en lo referido al registro de defunciones, la instancia respectiva aprobó el informe presentado por su presidenta, diputada Marisela Santibáñez (PC).
Este establece que el ex ministro de Salud, Jaime Mañalich, no habría contemplado, en la entrega de datos sobre coronavirus, la información dada a conocer por el Departamento de Estadísticas e Información de Salud (DEIS) y por el Registro Civil.
Según recoge La Tercera, el informe de la comisión acusa que “el Ministerio de Salud, en especial el exministro de Salud Jaime Mañalich, la subsecretaria de Salud Paula Daza y el ex subsecretario de Redes Asistenciales Arturo Zúñiga, no fueron diligentes al adoptar las medidas adecuadas para asegurar la reportabilidad de los datos“.
Asimismo, la comisión señala que “resulta evidente que el gobierno cometió varios desaciertos comunicacionales, los cuales expresaban mensajes comunicacionales hacia la ciudadanía poco claros, polemizando además, públicamente con las recomendaciones de expertos“.
“El errático y temerario manejo comunicacional del gobierno, particularmente del Presidente de la República, y del ex Ministro de Salud Jaime Mañalich constituyen actos reprochables, puesto que contribuyeron a una mayor desconfianza de la ciudadanía en las medidas adoptadas por las autoridades, y que tenían un impacto en la población, al minimizar los riesgos o señalar una menor letalidad, generando en la población conductas de mayor riesgo”, agrega.
Cabe recordar que la comisión fue creada en junio de este año, para indagar los criterios del gobierno en el conteo de muertes producto de la pandemia.
Dentro de sus recomendaciones, el informe destaca el rediseño de la estrategia “permitiendo el fortalecimiento y confiabilidad del sistema estadístico a través de la vinculación temprana, por parte del Ministerio de Salud, de la comunidad científica y académica en la gestión de las estadísticas relacionadas con pandemia, así como seguir las recomendaciones para hacer frente al COVID-19“.
Por su parte, el informe presentado por la diputada Karin Luck (RN), también será incluido en el documento final que será presentado a la Sala de la Cámara por la diputada Santibáñez.
Por otro lado, la comisión que investigó la habilitación de residencias sanitarias, aprobó por cinco votos a favor y tres en contra, el informe elaborado por diputados de la oposición encabezados por la presidenta de la instancia, diputada Karol Cariola (PC).
Su objetivo fue evaluar los actos de gobierno relacionados con la estrategia adoptada por el Ministerio de Salud y su ejecución por parte de sus servicios dependientes o vinculados, en torno a la habilitación de inmuebles, sean fiscales o privados, así como la adecuación de otros inmuebles, para la instalación de hospitales de campaña o modulares, o para hospedaje de enfermos de COVID-19, en el marco del programa de residencias sanitarias a nivel nacional.
En especial, indagaron sobre el arrendamiento del inmueble conocido como “Espacio Riesco” y se proyectó recabar la información sobre los fundamentos económicos, sanitarios o epidemiológicos de tales medidas.
Durante el desarrollo de su trabajo, la instancia parlamentaria recibió, entre otros, a dirigentes de los profesionales de la salud de los hospitales San José y Félix Bulnes, al ex subsecretario de Redes Asistenciales, Arturo Zúñiga y al Contralor General de la República, Jorge Bermúdez.
Entre las conclusiones contenidas en el informe se consigna que “se cometieron irregularidades y vulneraciones de derechos laborales” y que la autoridad actuó en los contratos de arrendamiento y de prestación de servicios contrario a derecho, siendo improcedente la manera en que se llevó adelante la contratación, causando perjuicios al Estado.
Asimismo, se plantea entregar todos los antecedentes recabados por la comisión a las entidades que tengan competencia para revisar todas las irregularidades detectadas.
El informe de la comisión investigadora se dará a conocer a la Sala por la diputada Cariola.
