Miguel Krassnoff | Agencia Uno
«Comienza a concluir una investigación judicial de larga data. Desgraciadamente sin encontrar los cuerpos de las víctimas, lo que demuestra la eficacia brutal de la desaparición forzada empleada por la DINA. Este proceso criminal demuestra la cara más dura de la política de exterminio desarrollada por la dictadura”, sostuvo al respecto uno de los abogados querellantes, Nelson Caucoto.
La Tercera Sala de la Corte de Apelaciones de Santiago ratificó el fallo de primera instancia y condenó a cinco ex agentes de la Dirección de Inteligencia Nacional (DINA), como autores de secuestro calificado de 11 ex dirigentes del Partido Socialista y miembros de la dirección clandestina de la colectividad, hechos ocurridos en 1975.
Específicamente se trata de Miguel Krassnoff Martchenko, Raúl Iturriaga Neumann, Rolf Wenderoth Pozo, Manuel Carevic Cubillos y a Juvenal Piña, condenados a 15 años y un día de presidio mayor en su grado mínimo.
La Sala confirmó el fallo dictado en 2018 por el ministro en visita para causas de derechos humanos, Miguel Vásquez, pero aplicando, en algunos de los casos, la atenuante de irreprochable conducta anterior.
Así, se rebajaron las penas de Iturriaga Neumann, de 20 a 15 años; a Rolf Wenderoth Pozo, de 18 a 15, y a Manuel Carevic de 16 a 15. Mientras que a Miguel Krassnoff se le mantuvo la misma pena y a Juvenal Piña se le aumentó de 12 a 15 años.
El fallo también confirma los sobreseimientos de Manuel Contreras, Marcelo Moren Brito, Basclay Zapata, Osvaldo Romo, Gerardo Urrich, Jorge Germán Barriga, Eugenio Fieldhouse y Jorge Madariaga por estar fallecidos. Todos estaban procesados en la causa por su participación en los hechos.
Para Nelson Caucoto, uno de los abogados querellantes en el caso, «comienza a concluir una investigación judicial de larga data. Desgraciadamente sin encontrar los cuerpos de las víctimas, lo que demuestra la eficacia brutal de la desaparición forzada empleada por la DINA. Este proceso criminal demuestra la cara más dura de la política de exterminio desarrollada por la dictadura”.
“Lo importante es que la Corte de Apelaciones no aplicó la media prescripción, lo que permitió que en rasgos generales se mantuvieran las penas del ministro Miguel Vásquez”, agregó luego el abogado.
«El año 1975, fue un periodo terrible para el PS, luego del golpe con sus principales dirigentes en el exilio, se constituye una dirección clandestina mayoritariamente joven, pero con gran trayectoria partidaria, los que fueron intensamente reprimidos por DINA, su brigada Puren y agrupación Tigre, más el concurso en algunas detenciones de agrupación Halcón. El PS ese año fue arrasado, porque luego de la caída de esta dirección clandestina, cae la dirección que le reemplaza y más de 50 dirigentes clandestinos. Antes la DINA había reprimido al MIR, y el año 1976 la represión afectó al PC. La secuela de esas operaciones represivas, (con) cientos de desaparecidos y ejecutados», ilustra Caucoto a El Desconcierto.
Paralelamente, el profesional plantea su inquietud respecto del proceso. “Tenemos dudas por la rebaja de penas luego de acogerse la atenuante de la irreprochable conducta anterior, creemos que no procedía”.
«El tema de la irreprochable conducta anterior es un tema que vamos a seguir cuestionando, el ministro Miguel Vásquez había negado esa atenuante de responsabilidad criminal y nosotros, por supuesto vamos a seguir recurriendo para que no se reconozca porque eso permite bajar las penas, no sustancialmente», agrega del profesional en diálogo con esta redacción.
«Pienso que 15 años no es una pena baja, es una pena de presidio efectivo, pero el reconocimiento es un atenuante que no corresponde, nos parece extraño y cuestionable», asegura luego Caucoto.
De acuerdo a la investigación, los hechos apuntan al secuestro con desaparición de once jóvenes militantes socialistas de entre los 24 y 39 años.
Los hechos se habrían registrado entre marzo y diciembre de 1975, fechas en que la DINA reprime a la dirección clandestina del PS, post golpe de Estado, la que estaba compuesta por Exequiel Ponce Vicencio, Carlos Lorca Tobar, quien era diputado en ejercicio a la fecha de su desaparición; Ricardo Lagos Salinas, Adolfo Mancilla Ramírez y Jaime López Arellano, se detiene a sus enlaces Michelle Peña Herreros, Mireya Rodríguez Díaz, Modesta Carolina Wiff Sepúlveda, Rosa Solíz Poveda, Sara Donoso Palacios, y el ex director de Ferrocarriles del Estado, Alfredo Rojas Castañe.
En este caso, el ministro Vásquez llamó a declarar a un centenar de ex militantes de la colectividad, entre ellos a la ex presidenta Michelle Bachelet, quien estuvo detenida en Villa Grimaldi.
