Desde el 18-O hasta hoy: Las más de 40 acciones judiciales presentadas contra Sebastián Piñera

Desde que comenzó la revuelta popular en Chile el 18 de octubre del 2019, motivada por el descontento ciudadano y la necesidad de una transformación en el país, el presidente Sebastián Piñera sigue marcando altos índices de reprobación, lo que evidencia un nivel de indignación transversal que está lejos de ceder.

Más de 40 querellas criminales, recursos de protección y denuncias colectivas pesan sobre el mandatario. Algunas admitidas, otras ignoradas, pero todas motivadas por la necesidad de evidenciar cómo las acciones de Piñera perjudican el bienestar de Chile, tanto en materia de Derechos Humanos como en el ámbito de la salud pública, este último ítem marcado por su reiterado incumplimiento de la normativa sanitaria en pandemia.

Todo comenzó un par de semanas con posterioridad al inicio del estallido social. El 4 de noviembre de 2019, la Defensoría Popular, el Comité de Defensa del Pueblo Hermanos Vergara Toledo y la Cooperativa Jurídica, presentaron una querella por delitos de lesa humanidad contra el presidente Sebastián Piñera, ante el 7° Juzgado de Garantía de Santiago.

Posteriormente, el mismo 7º Juzgado de Garantía de Santiago admitió, el 16 de diciembre de 2019, una querella por delitos de lesa humanidad que impulsó el senador Alejandro Navarro contra Piñera, “por las decenas de personas que desde el 18 de octubre han perdido uno o ambos ojos debido a la represión de agentes del Estado“.

En el caso de que el mandatario sea declarado culpable, arriesga una pena de cárcel entre 15 años y un día y 20 años.

Esta se suma a la de víctimas de lesiones oculares y sus familias, quienes a principios de ese mes presentaron 41 querellas criminales contra el presidente, igualmente respaldadas por Navarro y por la Comisión Chilena de Derechos Humanos, patrocinante de la mayoría de ellas.

Las acciones del 2020

El 14 de enero de 2020, el Frente Amplio se sumó a las acciones judiciales contra el mandatario, presentando una querella criminal también por crímenes de lesa humanidad, declarada admisible por el 7º Juzgado de Garantía de Santiago el 16 de enero.

Esta es contra Sebastián Piñera; el ministro del Interior de la época, Gonzalo Blumel; el entonces general director de Carabineros, Mario Rozas; el intendente de la Región Metropolitana, Felipe Guevara; y el ex titular de Interior, Andrés Chadwick.

El mismo día que se dio a conocer la decisión del juzgado, el fotógrafo Diego Leppez, quien perdió su ojo por un impacto de bomba lacrimógena, interpuso una querella criminal contra Piñera, Blumel y Rozas. “Es un proceso súper largo, y se ha hecho tedioso con el tema de la pandemia, se ha atrasado un poco. Pero la fiscal Ximena Chong ha estado muy presente con nosotros, de hecho hasta ha estado atenta a la denuncia que puse en contra de mi empresa”, relató el joven en noviembre del mismo año a El Dínamo.

La Comisión Chilena de Derechos Humanos (CChDH), por su parte, es responsable de una gran cantidad de querellas criminales para denunciar delitos de lesa humanidad cometidos por el presidente de la República, Sebastián Piñera, el ministro del Interior y Seguridad Pública, el subsecretario del Interior, y el general director de Carabineros de Chile.

Comenzando con el caso del estudiante de arquitectura Andrés Pizarro, detenido y torturado en la 3° comisaría de Santiago en octubre de 2019, hasta el del asesinato de Aníbal Villarroel en la población La Victoria, producto de enfrentamientos con Carabineros un año después.

Incluso, esta semana se amplió la acción judicial, ahora incluyendo el caso del homicidio del malabarista Francisco Martínez, cometido la semana pasada por Carabineros en Panguipulli.

Finalmente, suman 32 las querellas criminales interpuestas por el organismo de DD.HH., sin contar las motivadas por el manejo de la crisis sanitaria.

Seis meses después del 18-O, con la pandemia del COVID-19 causando estragos en el país, superando los 6.000 casos diarios por el virus en Chile, Piñera fue señalado por la opinión pública como uno de los principales responsables, como Jefe de Estado de una nación que se posicionó entre los 10 países con mayor tasa de mortalidad por millón de habitantes.

De esta forma, en junio se presentaron cuatro acciones judiciales en contra del mandatario, por su rol en los fallecimientos debido al COVID-19, tanto a nivel nacional como en el Biobío.

Primero, el alcalde de Recoleta Daniel Jadue, oficializó en el 3er Juzgado de Garantía de Santiago, una querella por cuasi delito de homicidio contra el presidente Sebastián Piñera, el ex ministro de Salud Jaime Mañalich y los subsecretarios Paula Daza y Arturo Zúñiga.

Después, el senador Navarro ingresó una querella criminal por homicidio omisivo y otros delitos en contra del presidente de la República y el ex titular de Salud, tras la muerte de decenas de ciudadanos del Biobío debido a la pandemia. Ambas querellas fueron admitidas, y de momento se encuentran en manos de la justicia.

Funeral de Bernardino Piñera

A fines de junio, la diputada Claudia Mix (Comunes) interpuso una denuncia criminal en contra del Presidente y de todos quienes resulten responsables, ya sea en su calidad de autores, cómplices o encubridores, por contravenir indicaciones sanitarias de la autoridad y poner en peligro la salud pública durante el funeral de Bernardino Piñera.

Esta se sumó a la presentada por Gabriel Ascencio (DC), la cual fue remitida por el fiscal nacional, Jorge Abbott, a la Fiscalía Regional Metropolitana Centro Norte, encabezada por el fiscal Xavier Armendáriz.

Sin embargo, la Contraloría General de la República (CGR) descartó irregularidades en el polémico funeral. De todas formas, sí se determinó multar a la hermana del presidente, Magdalena Piñera, por vulnerar el artículo 3187 del Código Penal.

En julio, la abogada Paula Arriagada, actualmente candidata a alcaldesa por Viña del Mar, presentó una querella masiva ciudadana contra Sebastián Piñera y el ex ministro Jaime Mañalich, también por la responsabilidad en los decesos que ha dejado la crisis sanitaria del COVID-19 en Chile.

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La acción se agrega a la presentada por la CChDH, igualmente por presuntas negligencias ante las medidas adoptadas por su gobierno para hacer frente a la pandemia del SARS-CoV-2, que en ese momento había ocasionado más de 10 mil muertos.

Por otro lado, la concejala por Santiago, Irací Hassler (PC) se sumó a ellas, ingresando una querella criminal el mismo mes de 2020 en contra del mandatario y de Mañalich. Su compañera de partido, la concejala de Conchalí, Grace Arcos (PC), presentó también una querella cuasidelito de homicidio.

La acción judicial, es contra el Presidente, el ministro del Interior y el general director de Carabineros de la época, Víctor Pérez y Mario Rozas, respectivamente, y de todos quienes resulten responsables, sea en calidad de autores, cómplices y/o encubridores, tanto en comisión activa como por omisión.

Una falta de respeto inaceptable

Todas las acciones anteriores se encuentran en manos del Poder Judicial, a la espera de que el Ministerio Público cumpla con sus responsabilidades.

Para el abogado Luis Mariano Rendón, “Piñera durante toda la pandemia ha demostrado una falta de respeto completa por las normativas sanitarias, lo cual es inaceptable“.

Rendón, quien interpuso tres acciones judiciales -dos querellas y una denuncia penal- dirigidas hacia el presidente, denuncia a El Desconcierto la falta a la igualdad ante la ley que demuestra el accionar de Piñera.

“A otros chilenos esta normativa sanitaria se les aplica rigurosamente, y hemos tenido muchas personas detenidas, multadas, e incluso un caso reciente de un muchacho en Pedro Aguirre Cerda resultó ‘suicidado’ en un calabozo, por una violación a la normativa sanitaria del mismo tipo de las que comete el Presidente de la República“, declaró.

El abogado presentó en diciembre una querella contra Piñera Echeñique por su polémico paseo en la playa de Cachagua, donde se fotografió sin mascarilla con transeúntes. Además, en febrero ya sumaba dos más, por participar sin cubrebocas en dos actividades presidenciales.

“(Piñera) está entregando el mensaje de que esto de andar con mascarilla, mantener la distancia social, no es tan importante, por eso él no lo respeta“, agregó.

Denuncias por crímenes de lesa humanidad estancadas en la Fiscalía

Para Luis Mariano Rendón es preocupante la demora del Ministerio Público frente a las acusaciones contra Sebastián Piñera, y otras autoridades de gobierno, por delitos de lesa humanidad.

“Fiscalía se ha tomado demasiado tiempo en investigar estos crímenes. Todas estas cosas sucedieron fundamentalmente a finales del año 2019. Estamos en el año 2021 y todavía no hay ningún resultado procesal de la investigación“, señala.

Así, el abogado comparte su certeza de que esto “es inaceptable, habla mal del Ministerio Público, y lanza un manto de una eventual impunidad sobre estos crímenes, que es el peor mensaje que pueden enviar las autoridades. A lo único que llama es a la reiteración“, agrega.

Rendón también ha interpuesto querellas por delitos a los DD.HH., en contra de Carabineros, las cuales fueron acogidas, pero igualmente están en una suerte de pausa. “Lamentablemente, el proceso ha sido bastante lento“, detalla.

A sus palabras se suma Carlos Margotta, director de la Comisión Chilena de Derechos Humanos, quien también asegura a esta redacción que “las investigaciones avanzan demasiado lento“, y que existe  una impunidad importante.

“Hay solo un condenado, y sólo 25 agentes estatales violadores de los DD.HH. tienen alguna medida cautelar privativa de libertad, y por lo demás la están cumpliendo en las unidades policiales, no en cárceles comunes», agrega contrastando esta situación. “Tenemos centenares de presos políticos que todavía están, muchos de ellos, en prisión preventiva», cuestiona.

Comportamiento asimétrico de la justicia

Para el abogado, “hay un comportamiento asimétrico de parte de los tribunales de justicia y la Fiscalía, que también hemos denunciado. Mucha impunidad por una parte, y muchos encarcelados con acusaciones injustas, como el caso de Mauricio Cheuque“, recuerda.

“Tenemos una crisis en materia de derechos humanos que se expresa en la crisis institucional que tiene este país», asegura a esta redacción.

La última acción materializada contra el presidente chileno se anunció esta jornada. Alejandro Navarro afirmó que presentará un recurso de protección en contra de Piñera, ahora por la prohibición de vacunación para extranjeros, un tema sobre el que han existido reiteradas versiones luego de que el canciller Andrés Allamand notificara públicamente que los migrantes en situación irregular no tendrían acceso a la inoculación.

Claudia Perivancich fue designada por el Fiscal Nacional para que llevara todas las querellas por crímenes de lesa humanidad. La funcionaria citó para el próximo 25 de febrero al actual general director de Carabineros, Ricardo Yáñez, a declarar en calidad de imputado.

Nota de la redacción: Este artículo fue modificado en una segunda edición, en función de una actualización de las acciones judiciales presentadas contra Sebastián Piñera.