El abogado querellante, Javier Gómez, solicitó al Ministerio Público que una veintena de autoridades, funcionarios y ex funcionares declaren como testigos en el caso «Presupuestos Falsos de la Municipalidad de Viña del Mar«. Gómez acusa a la administración comunal de aprobar presupuestos municipales adulterados entre 2011 y 2018, a fin de ocultar el déficit de $17.500 millones, según cifra Contraloría.
Por esto, solicita que declare la alcaldesa de Viña del Mar, Virginia Reginato, concejales Sandro Puebla, Marcela Varas, Macarena Urenda, Jaime Varas y Víctor Andaur. Además del ex concejal y actual diputado Andrés Celis, quien señaló en entrevista con El Mercurio del 2018 que «el Departamento de Finanzas maquillaba mucho las cifras».
El listado también incluye al diputado Osvaldo Urrutia, Tomás Ochoa y Miguel Abumohor, ex funcionarios o actuales trabajadores de la Secretaria Comunal de Planificación Comunal (Secplac). Además, al Contralor General de la República, Jorge Bermúdez, junto a ocho funcionarios del mismo organismo que elaboraron el informe que destapó el déficit municipal en 2018.
También se solicitó que las brigadas de la PDI practiquen una serie de auditorías que aclaren los movimientos financieros del municipio viñamarino.
Investigación en curso y sin formalizar
El Ministerio Público analizará si acoger o no la petición a declarar en el caso de Presupuestos Falsos. En tanto, la causa se mantiene con diligencias en curso y aún no tiene un plazo definido pues aún no ha sido formalizada.
El poco avance de la causa fue criticado por el abogado Javier Gómez, quien sostuvo que es urgente apurar la investigación, según consignó Radio Bíobio. Hasta el momento, no se tiene «ningún tipo de resultados, como ha sido la tónica en el Ministerio Público en la Unidad Anticorrupción» dijo el querellante.
“Son reacios a formalizar, a investigar y terminan estas causas cerrándolas por vía administrativa, que es lo que nosotros no aceptaremos. La corrupción hay que combatirla, hay que sancionarla, los tratados internacionales nos obligan y no se están cumpliendo”, aseguró Gómez.
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La alcaldesa Reginato no emitió mayor opinión pues indicó «esto es un tema jurídico». Por su parte, el diputado Celis mostró disposición a declarar en la instancia correspondiente.