Estallido social: Fiscalía cerró el 46% de las causas por violaciones a los DD.HH. sin formalizados

El Ministerio Público emitió un informe en el cual da cuenta de que se decidió archivar, no perseverar o no iniciar una investigación con respecto a 3.050 causas por violaciones a los derechos humanos, en el contexto del estallido social, lo que representa un 46% de los procesos.

Según informó CIPER, el documento registra que 8.630 personas habrían sufrido agresiones por parte de agentes estatales entre el 18 de octubre de 2019 y el 31 de mazo de 2020.

De esas, en 8.581 casos se abrió una causa. Sin embargo, en 2.013 casos se agruparon con otros procesos que ya estaban en curso, lo que dejó activas a 6.588 causas, de las que el 46% terminó sin formalizados.

De estas últimas, es decir, las causas finalizadas, se dividen en: 2.774 causas archivadas provisionalmente sin avances; 218 causas en las que el Ministerio Público comunicó al juzgado su decisión de no perseverar; y 58 casos en los que la Fiscalía decidió no iniciar una investigación.

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De la misma manera, el informe detalla que en 15 ocasiones los procesos terminaron por sobreseimiento definitivo. En 19 casos se cerró por «anulación adminitrativa», en otros dos se usó el «principio de oportunidad», en dos más solo se hace referencia a «otras causales de término», según detalló el citado medio.

Solo una causa terminó en condena, que correspondió a 5 años de libertad vigilada. Se trata del carabinero Juan Gabriel Maulén Báez, el que disparó una bomba lacrimógena a la cabeza de un manifestante el 13 de diciembre de 2019. El uniformado se encontraba a una distancia de 8,5 metros y la víctima estaba de espalda al disparo.

Problemas para investigar

La directora de la Unidad de Derechos Humanos de la Fiscalía, Ymay Ortiz, señaló al respecto que «tenemos una falta de recursos en general, pero además es necesario focalizar. Ha habido demora en la entrega de información de parte de las policías«.

«Hay un problema de temor y desconfianza de las personas hacia el sistema», explicó y apuntó a la falta de pruebas y a la imposibilidad de encontrar a las víctimas como las principales razones para que la investigación no pueda continuar.

Además, detalló que al 28 de enero pasado, la Fiscalía tenía registrada la formalización de 97 agentes del Estado. Sin embargo, el Ministerio Público desde 2020 tiene identificados a 466 agentes que habrían participado en delitos contra los DD.HH., según reveló otro reportaje.

Al respecto, Ortiz afirmó que no siempre se pueden encontrar los elementos de prueba suficientes para iniciar una formalización.

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A lo anterior, se sumaría la falta de personal en la Fiscalía para efectuar todas las diligencias. Incluso, con la pandemia se suspendieron peritajes, incluyendo la aplicación del Protocolo de Estambul, el que debe ser realizado de forma presencial por el Servicio Médico Legal y el Departamento de Derechos Humanos del Colegio Médico.

La directora también explicó que en gran parte de los casos el sitio del suceso se ve alterado, debido a las sucesivas manifestaciones y agregó que hay procedimientos irregulares que no están tipificados como delitos, como el caso de los desnudamientos de detenidos.

La Corte Penal Internacional

La imposibilidad de avanzar en las investigaciones en casos de derechos humanos, no sería algo que comenzó en el estallido social. «Desde antes de la revuelta social, teníamos denuncias de niños que perdieron los ojos en el marco de protestas sociales y esos casos siguen en la impunidad», afirmó a CIPER la abogada de DD.HH. Karinna Fernández.

«Esta es una situación que en Chile venía perpetrándose desde hace años. Yo misma solicité en septiembre de 2019 una audiencia sobre el particular con el Fiscal Nacional, Jorge Abbott, la que no me fue concedida«, agregó.

Como ejemplos de casos donde las indagatorias han demorado en exceso, Fernández recordó a la actriz María Paz Grandjean. Ella «fue impactada por una bomba lacrimógena el mismo 18 de octubre de 2019 a las 20:00 y recién le tomaron su primera declaración policial en septiembre de 2020, casi un año después. O sea, en su mayoría, los agresores siguen armados y en las calles, como por ejemplo en el caso de los asesinos de Alex Núñez».

Por su parte, el presidente de la Comisión Chilena de Derechos Humanos, Carlos Margotta, aseguró que «hay una omisión de entregar justicia de parte de los tribunales y de investigar por el lado del Ministerio Público, en relación a crímenes contra la humanidad».

«Además, estamos asistiendo a un comportamiento asimétrico del Poder Judicial frente a las causas que se investigan tanto por violaciones a los derechos humanos, como por hechos asociados a la protesta social», sostuvo.

De esta manera, el abogado argumentó que se darían los supuestos para que la Corte Penal Internacional conozca de los casos. «Hay crímenes contra la humanidad y ausencia de investigación de los mismos», puntualizó.