https://www.instagram.com/fotografoencampana/ |
La abogada y académica, quien ha enseñado durante los últimos 25 años en la Universidad de Concepción, es también miembro del CRHIAM (Centro de Recursos Hídricos para la Agricultura y la Minería), y hoy postula por Revolución Democrática a la Convención Constitucional por el distrito 20, acusando que su región ha sido una de las más afectadas por el modelo extractivista de la Constitución del 80, que ha secado y destruido de a poco el ambiente, permitiendo a empresas obtener millonarias utilidades y no dejar nada en el territorio, y a veces ni siquiera en el país.
Los últimos días de campaña han sido “bien activos” para Amaya Alvez, candidata a constituyente por el distrito 20 en representación de Revolución Democrática. Sin experiencia previa en otras elecciones, lo que más le sorprendió fue algo que no es nuevo sólo para ella, sino para todas las candidaturas que participarán de esta elección múltiple de abril: la unidad, un espíritu común de llevar adelante “un proceso que nos excede”, dice.
“Me ha gustado ver la sororidad entre candidatas mujeres, y ese vínculo entre las propuestas que son para cambiar un modelo bastante conservador y que excluye y ha excluido tradicionalmente a mujeres, pueblos originarios, gente en situación de discapacidad y también a la gente de regiones”, comenta la abogada y doctora en Derecho de la Universidad de York, Canadá.
“Me parece que este proceso constituyente desafía esos paradigmas y el modo en que se ha hecho política tradicionalmente. No sé si como sociedad hemos sabido ver la profundidad del cambio que supone este proceso constituyente”, reflexiona Alvez.
– En ese sentido y en torno al proceso constituyente, ¿qué crees que es lo que más le preocupa a las personas que viven en tu distrito?
Yo creo que como hemos sido personas tradicionalmente excluidas, o sea, personas de regiones, mujeres, pueblos originarios y minorías en general, yo creo que el gran temor es que haya mucha esperanza y expectación y que el cambio finalmente no se produzca, que no baje a los territorios. Porque cuando hablas desde la periferia tu temor es siempre que el centro siga tomando las decisiones, y que, si bien te inviten a participar, el cambio no sea para ti y que no sea contigo. También ese es un desafío y un temor, que la ciudadanía que habita en este caso en el Biobío y en el distrito 20, no sea participe ni una fuerza incidente en los cambios que Chile necesita. Y esa es una de las grandes demandas del estallido social, una participación ciudadana que ya no es simplemente decorativa, ya no es para llenar una casilla en un formulario, sino que debiera ser una participación ciudadana que finalmente moldee el acuerdo.
– ¿Qué pasa con los recursos naturales que en tu distrito constituye un tema bastante relevante?
Claro que sí, lo que pasa es que el modelo de desarrollo que propuso la Constitución del 80, que es un modelo extractivista, que exacerba solo el valor económico de la naturaleza, ha tenido un impacto enorme en la Región del Biobío. La región incluye 11 comunas que tienen alrededor de un 70% de su territorio plantado con especies exóticas, eucaliptos o pinos, y eso trae consigo una afectación de la tierra, acidificación, desertificación, y también la disminución de los cauces de agua. Es increíble, pero, geográficamente esta región debería tener mucha agua, y resulta que es de las que más requiere camiones aljibes para llevar agua a la población.
Las políticas públicas que están ancladas al actual marco constitucional permiten el desarrollo económico sin contrapesos, por ejemplo, basados en materias ambientales, en la salud de la población o en la mantención del agua como un elemento esencial para la vida.
– ¿Cómo se garantiza el agua a los pequeños agricultores sin propiciar aprovechamiento de las grandes empresas? Porque el derecho humano al agua es de consumo y saneamiento…
El derecho humano al agua y al saneamiento es un derecho que consagró la ONU el año 2010, a través de una declaración que Chile votó favorablemente, y sin embargo hoy no se cumple, porque la Constitución actual consagra un modelo de mercado para el agua. Además, esto va acompañado de una falta de información exacta, fidedigna, de cuánta agua hay en los cauces, o sea, esto es como la tormenta perfecta, porque tampoco tenemos información certera de cuántos derechos de aprovechamiento de agua están otorgados, porque el catastro público no está actualizado, a pesar de que existe una obligación legal en este sentido.
Hay estimaciones que dicen que el catastro público de aguas no es más del 40% del total, y eso es tremendo. Además, el problema que acompaña a eso es que en Chile no existe, ni constitucional ni legalmente, una jerarquía en los usos. En alguna medida el derecho humano al agua y al saneamiento incluye la agricultura de subsistencia, hasta cinco hectáreas podrían ser consideradas dentro de esta jerarquía priorizada. En Chile ha habido numerosos proyectos de ley que intentaron jerarquizar los usos, o sea esto no es inventar la rueda, pero ninguno ha resultado porque la centro derecha históricamente se ha opuesto a esto.
Aparte del tema del agua, estas últimas semanas se ha levantado un debate sobre el cobre y el royalty -o impuesto- que se debería cobrar a las empresas mineras, ¿es esta una buena medida a tu juicio?
A mí me gustaría que cada vez más los impuestos fueran vistos como Derechos Humanos, en el sentido que son los impuestos los que financian las políticas sociales. A mí me parece que aquí hay una mirada errada respecto de los impuestos y los tributos, en el sentido que parece que mientras más inteligente es el abogado de la empresa más puede eludir. En Chile ha habido una práctica bastante recurrente para lograr no pagar, y hay sectores enteros de actividad económica que no pagan muchos impuestos. En buena medida, en Chile los ejercicios tributarios son regresivos, es decir, pagan más impuestos los más pobres.
Debe hacerse una revisión de las cargas tributarias y tenemos que repensar la extracción minera, de cara al cuidado del medio ambiente y al futuro de las próximas generaciones. ¿Es importante que el cobre pague impuestos? Sí. ¿Podría ser un royalty minero? Por supuesto, pero eso no quiere decir que yo esté promoviendo la actividad minera a todo evento. Si para sacar el litio hay que destruir los salares, secar las pocas fuentes de agua o derretir un glaciar, como lo hizo Pascualama, a mí eso me parece impresentable.
– Hablando de DD.HH., ¿cuál es tu opinión sobre la propuesta de refundar Carabineros que se ha levantado desde la oposición? Esto teniendo en cuenta lo que ha sucedido desde el estallido social a la fecha, con hechos como el violento procedimiento realizado en Villa Francia hace unas semanas, por ejemplo…
Lamentablemente, a mí me tocó ser testigo de primera fuente de los excesos cometidos por Carabineros y las FF.AA., a propósito del estallido social. Yo participo de la Colectiva de Justicia en DD.HH., y apoyamos al INDH en las comisarías, en las calles, e informando a la población sobre sus derechos a la protesta social. Vi un actuar que era desmedido y, de manera estructural, contrario a los estándares de Derechos Humanos. Vimos personas detenidas que eran abusadas sexualmente, mujeres que eran desnudadas, o sea, uno piensa ¿qué formación tienen estas personas para pensar por un segundo que pueden actuar así?
Aquí realmente hay un exceso de fuerza y un abuso de poder, y es estructural. Lo que hemos visto en términos de corrupción, no solo económica, sino que del modo en que Carabineros estima que es no punible, como que son inmunes a la norma jurídica, inmunes a la legislación vigente, inmunes a los estándares de Derechos Humanos. La teoría de la manzana podrida ya no funciona y tenemos que pensar cómo refundar Carabineros, cómo imponer límites reales al uso de la fuerza.
Este mes estuvo marcado también por el 8M, una fecha que en los últimos años ha cobrado una gran relevancia a nivel nacional e internacional, ¿cómo viste este 8M en el contexto político social en el que nos encontramos inmersos?
Este 8M estuvo marcado por un hecho preocupante que ha ocurrido durante el último año, pero también con esperanza a futuro. Respecto de lo preocupante, hay una demanda real de que las mujeres vivan una vida libre de violencia, y lo que hemos visto durante la pandemia es que se ha exacerbado la violencia intrafamiliar que deben vivir muchas mujeres a propósito de las restricciones a la libertad.
Pero también hay esperanza a futuro, porque el que la Convención Constitucional vaya a ser integrada de manera paritaria, va a poner sobre el tapete una serie de temas que hasta ahora no han estado. Esto nos pone en el radar de los cambios constitucionales en el mundo.
Paridad en el poder y garantías de derechos de participación, ¿son las únicas formas de resguardar la inclusión de mujeres en política?
No, hay que adoptar todas las medidas para eliminar la discriminación contra la mujer en la vida política y pública, y garantizar esas condiciones de paridad, para ser elegidas en cargos de elección popular y designadas en órganos públicos. Nos hemos dado cuenta ahora que tenemos muchos problemas para que nos aprueben créditos electorales en los bancos. Entonces, ¿cómo hacemos campaña? ¿Cómo estamos en igualdad?
Otro ejemplo: yo estaba pensando ahora para el trabajo en la Convención Constitucional, ¿cuánto se ha hablado de la dificultad que van a tener las mujeres para participar si están a cargo del cuidado de sus hijos? ¿Por qué se decidió que va a ser en Santiago, en un palacio, y no se ha hablado de la posibilidad de hacerlo por vía telemática? Creo que esas posibilidades igualitarias de ocupar cargos públicos y ejercer funciones públicas, tienen que ser analizadas desde los obstáculos que existen para que ello ocurra.
