Tribunal Constitucional (referencial). | Agencia Uno.
Luego de que el martes la secretaria del Tribunal Constitucional denunciara ante el pleno de ministros la existencia de un «allanamiento ilegal» a las oficinas de los jueces, los funcionarios del organismo expresaron su malestar por los hechos y apuntaron a un problema estructural dentro del TC.
Este jueves, la Asociación de Funcionarios del Tribunal Constitucional (Afutcch) publicó una carta abierta dirigida al pleno de ministros del organismo, en la que se refieren a la revelación de presuntos allanamientos ilegales a las oficinas de los jueces que habrían estado autorizados por la ministra y presidenta de la entidad, María Luisa Brahm.
«Considerando la grave crisis interna por la cual atraviesa el Tribunal Constitucional, que ahora suma una denuncia por allanamiento ilegal en las dependencias de la institución, contexto en el cual uno de nuestros asociados afirma haber sido víctima de amedrentamientos y de la amenaza de ser despedido en caso de revelar a cualquier otro miembro de la institución, la realización de una diligencia que habría incluido la presencia de personas ajenas a la institución, es que tenemos el deber de manifestar nuestra profunda preocupación y resaltar la necesidad de que estos hechos se aclaren e investiguen», sostiene el documento publicado por La Tercera.
«La institución donde trabajamos y obtenemos el sustento para nuestras familias, ha llegado a niveles de deterioro que cada día se agudizan más y la ciudadanía es testigo de todo ello», agrega el documento.
«La larga lista de acontecimientos, disputas y denuncias que ya son de público conocimiento, solo vienen a confirmar una realidad conocida por los funcionarios, esto es que, al interior del Tribunal Constitucional, el abuso y el maltrato se han vuelto un problema recurrente, generalizado y estructural«, aseguran y agregan que la situación «ha llevado al límite a la institución, generando un clima laboral y organizacional sencillamente inaceptables».
Finalmente, solicitaron «que se tomen todas aquellas medidas para poner fin de una vez por todas, al cúmulo de problemáticas por las que atraviesa la institución, pero además requerimos medidas concretas que den garantías a los funcionarios de que podremos desarrollar nuestras funciones y cumplir con nuestros deberes, con la seguridad de que en el futuro cualquier hostigamiento, amedrentamiento, abuso o maltrato laboral hacia los funcionarios, no serán tolerados ni normalizados«.
Fue la secretaria de la instancia, María Angélica Barriga, quien sostuvo el miércoles que en febrero del año pasado, personas hicieron ingreso a las oficinas del edificio del TC mientras los jueces hacían uso de su feriado legal. De acuerdo a la acusación los responsables del registro a las dependencias de la entidad, habrían sido efectivos de la Policía de Investigaciones (PDI).
La funcionaria hizo la denuncia ante el pleno de ministros y sostuvo que habría sido la ministra María Luis Brahm quien entregó la autorización para materializar el allanamiento, mientras que los antecedentes de lo sucedido quedaron en poder del Ministerio Público.
En defensa, Brahm afirmó que se dejó constancia del procedimiento en las actas y que se trataba de personal de seguridad que estaba haciendo una inspección de posibles falencias en el edificio.
