Miguel Ángel Aguilera, alcalde de San Ramón | Agencia Uno (archivo).
Los persecutores de la Fiscalía Metropolitana Sur, Víctor Núñez y Leonardo Zamora, solicitaron al 15° Juzgado de Garantía de Santiago citar a la audiencia de formalización a la autoridad de la comuna de San Ramón, a lo que el tribunal accedió. La audiencia quedó fijada para el próximo 27 de septiembre.
Este jueves, el 15° Juzgado de Garantía de Santiago fijó la fecha de formalización del alcalde de San Ramón, Miguel Ángel Aguilera, por los delitos de enriquecimiento ilícito, cohecho y lavado de activos.
Fueron los persecutores de la Fiscalía Metropolitana Sur, Víctor Núñez y Leonardo Zamora, quienes solicitaron al tribunal citar a la audiencia a la autoridad de la comuna.
Cabe recordar que a Aguilera se le acusa de mantener vínculos con redes de narcotraficantes del sector sur de la capital. Los antecedentes los expuso el programa de TVN, Informe Especial, en un reportaje emitido en 2017. Incluso, Aguilera habría contratado a miembros de los grupos delictuales al interior de la municipalidad.
En ese momento, el Ministerio Público inició una investigación en su contra por un posible fraude al Fisco y la ocurrencia de delitos funcionarios.
Las revelaciones le costaron su militancia del Partido Socialista, quienes lo expulsaron en octubre del mismo año, días después que el propio Aguilera renunciara a la colectividad. Aquello no le impidió al jefe comunal postularse para las próximas elecciones de mayo, donde figura en la papeleta.
En la audiencia se formalizará también al concejal destituido José Zapata Vergara, por negociación incompatible y cohecho, y al ex funcionario municipal, Daniel García Vega, por lavado de activos.
La investigación se sustenta tras las querellas presentadas por el actual concejal de la comuna, Gustavo Toro, y el Consejo de Defensa del Estado (CDE).
Al respecto, Toro sostuvo que “este es el resultado de una lucha por mucho tiempo hacia la justicia de la verdad y limpieza de la narcopolítica que se vive en San Ramón. Los vecinos merecemos vivir en una comuna sin corrupción”.
Entre los hechos investigados se encuentran las contrataciones de personal a través del programa social de la Dirección de Desarrollo Comunitario (Dideco), llamado «Mejoramiento de Áreas Verdes y Espacios Públicos», donde figuraban personas con sueldos millonarios que no habrían cumplido labores reales.
Paralelamente, se detectaron «eventuales ilícitos detectados en el marco del programa Chile Crece Contigo, relacionados con la existencia de funcionarios del municipio que, además, aparecen contratados con cargo a dicho programa sin prestar servicios efectivos para éste«, según el CDE.
La audiencia quedó fijada para el próximo 27 de septiembre de 2021 a las 09.00 horas.
Dentro de las muchas irregularidades que están siendo investigadas en la Municipalidad de San Ramón, se encuentra lo revelado en enero de este año en un reportaje de Ciper en el que se da cuenta de la existencia de un call center en el que trabajaban funcionarios municipales con el objetivo de apoyar la campaña de Aguilera. A los trabajadores se les habría pagado con dineros de la municipalidad y se habrían justificado las ausencias de sus labores regulares a través de licencias médicas fraudulentas.
Luego de que se hiciera pública la situación, trabajadores denunciaron haber sido amedrentados por cercanos a Aguilera para que no entregaran información al respecto, hechos que también está investigando la Fiscalía, luego de que el mismo concejal Gustavo Toro presentara una querella.
Paralelamente, existen antecedentes de otras situaciones, como los resultados de un informe realizado por Contraloría General de la República, luego de una auditoría en 2018. Entre sus conclusiones incluye la compra de un inmueble por parte del alcalde de cerca de $100 millones pagados en efectivo, sin que se haya justificado el origen del dinero.
«El alcalde Miguel Aguilera Sanhueza adquirió en 2016 una propiedad por 13.155 UF, por la que pagó en efectivo la suma de 4.604 UF, monto que a la fecha de la adquisición ascendió aproximadamente a más de $100.000.000, suma cuyo origen no fue justificado en la declaración de intereses y patrimonio presentada por éste», establece el informe.
