Estudiantes detenidos durante el estallido social | Agencia Uno
Para la Defensoría de la Niñez, el escaso acceso a la justicia de niñas, niños y adolescentes “propicia un ambiente de impunidad para quienes han violado derechos humanos, afectando, además, la legitimidad y confianza ciudadana de la institución a la que esas funcionarias y funcionarios pertenecen, en este caso, Carabineros de Chile, que es la institución más denunciada en este contexto”.
La Defensoría de la Niñez entregó este lunes la Nota Técnica N°2, en la que se busco analizar el avance de causas penales relacionadas a violaciones de derechos humanos de niños, niñas y adolescentes, específicamente en el marco de la revuelta popular.
“¿Ha existido acceso a la justicia para los niños, niñas y adolescentes víctimas de violaciones a sus derechos humanos en el contexto del estallido social?”, se cuestionó el organismo, en el marco del lanzamiento de su Observatorio de Derechos.
De acuerdo con lo revelado por la Defensoría, la pregunta se responde con el análisis de los avances en la obtención de verdad y justicia que realizó la institución y que revela reducidos progresos en las causas, a un año y medio del 18-O.
“El Estado de Chile tiene el deber de investigar y sancionar las violaciones de los derechos humanos cometidas por agentes estatales, lo que se deriva de su deber de garantía general de los derechos humanos”, sentenció la Defensora de la Niñez, Patricia Muñoz.
La abogada agregó que es por estos hechos que con esta Nota Técnica se busca evidenciar el estado de situación y los avances en la investigación de los mencionados delitos.
En el análisis de los registros obtenidos hasta el 2 de marzo de 2021, a partir de la información proporcionada por el Ministerio Público, se presentan preocupantes datos, detalló el organismo.
Entre ellos, se revela que de los 1.498 casos recibidos por la justicia desde el 18 de octubre de 2019 al 5 de marzo de 2020, solamente el 3,8% tiene algún imputado conocido y un 1% del total ha involucrado la formalización de cargos.
Por otra parte, de las 170 denuncias que presentó directamente la Defensoría de la Niñez a la Fiscalía, sólo en el 29% de las relaciones contactaron a las víctimas para prestar declaración ante el o la Fiscal y en la mitad de dichas relaciones (51%) las derivaron a las víctimas a la atención de profesionales especializados, para determinar su situación y necesidad proteccional.
En esa línea, la Defensora de la Niñez señaló que lo descrito “evidencia la existencia de serias falencias en los procesos investigativos de causas de interés público y de especial preocupación para el país, al tratarse de violaciones de los derechos humanos de niños, niñas y adolescentes”.
Además, agregó que “con esto no se logra avanzar en la obtención de verdad y acceso a la justicia. No tener avances reales, a más de año y medio de las vulneraciones vivenciadas, no contribuye a la obtención de la verdad, ni tampoco a su acceso a una justicia oportuna”.
Para Patricia Muñoz, esto “más bien propicia un ambiente de impunidad para quienes han violado derechos humanos, afectando, además, la legitimidad y confianza ciudadana de la institución a la que esas funcionarias y funcionarios pertenecen, en este caso, Carabineros de Chile, que es la institución más denunciada en este contexto”.
Es por lo anterior que, además de dar a conocer estos datos, la Defensoría de la Niñez delinea recomendaciones y desafíos en esta materia tanto para el Ministerio Público como para el poder Ejecutivo.
Todos estos datos se recopilaron y analizaron en el marco del trabajo del Observatorio de Derechos de la entidad, que surge en razón de la función que le encomienda la Ley 21.067, de “observar y hacer seguimiento a la actuación de los órganos de la Administración del Estado, a personas jurídicas que tengan por objeto la promoción o protección de derechos de los niños y a organizaciones que puedan afectar con sus acciones tales derechos”.
De acuerdo con la Defensoría, este surge “ante la necesidad de sistematizar dicho trabajo, y dar cuenta a los propios niños, niñas y adolescentes, y la ciudadanía en general, sobre la aplicación, vigilancia y realización de los derechos humanos de las y los niños, niñas y adolescentes que viven en el país”.
Así nace este Observatorio, aseguran desde el organismo, el cual analiza la situación de los derechos de la infancia y adolescencia en Chile, y no sólo de casos de vulneraciones de los derechos humanos.
Se puede acceder aquí a los datos del Observatorio, donde la información es presentada bajo 23 categorías de derechos de niños, niñas y adolescentes, a través de diferentes indicadores, visualizaciones y notas. Asimismo, da seguimento a los compromisos asumidos por el Estado y al cumplimiento de las recomendaciones realizadas por la Defensoría de la Niñez a los diversos poderes y órganos del Estado.
