Efectivo de Fuerzas Especiales en Plaza Italia (referencial). | Agencia Uno.
La querella presentada por organizaciones de derechos humanos apunta a que el actuar de Carabineros durante los primeros meses de las manifestaciones que comenzaron en octubre de 2019 “contó con el abierto y público respaldo de sus superiores, manifestado en múltiples oportunidades”.
Este martes, el Séptimo Juzgado de Garantía de Santiago declaró admisible la querella presentada por organizaciones derechos humanos en relación al actuar de Carabineros durante las manifestaciones que comenzaron en octubre de 2019. Esta acción judicial tiene la particularidad de que busca hacer efectiva la presunta responsabilidad penal de la cadena de mando de la institución policial.
El Desconcierto publicó en la jornada de ayer parte del texto del libelo presentado ante el tribunal, el cual se refiere a hechos ocurridos en el sector de Plaza Baquedano, rebautizada por los manifestantes como Plaza Dignidad, durante octubre y noviembre de 2019.
La presentación alude a establecer patrones de conducta comunes en el actuar policial, enfocados en las directrices de los altos mandos. Los uniformados habrían realizado “conductas delictivas generalizadas”, los que no se hubiese producido “de haber mediado una orden de la autoridad que impidiera o hiciera cesar la aplicación de estos apremios ilegítimos en contra de los manifestantes”, según el escrito.
Los querellantes utilizaron múltiples fuentes para concluir “la existencia de patrones criminales, evidenciados por la repetición de conducta criminal similar con regularidad, con un cierto modus operandi, que llevó a que reiteradamente se llevaran adelante la misma clase de conductas tendientes a la misma clase de efectos en la población civil”.
“Todo ello posibilitado por la decisión acerca del uso de recursos públicos y la logística que implica el despliegue de funcionarios apertrechados con grandes cantidades de armas y municiones a ser usadas contra la población civil; cuyo despliegue y actividad contó con el abierto y público respaldo de sus superiores, manifestado en múltiples oportunidades”, agrega.
La querella fue presentada por Londres 38, Casa de la Memoria, la Asociación de Abogadas Feministas de Chile (Abofem) y el Centro de Alumnos de la Facultad de Derecho de la Universidad de Chile (CED).
Además de la querella interpuesta por los hechos ocurridos en Plaza Dignidad, una segunda presentación se realizó por situaciones en la comuna de Maipú, la que todavía se encuentra en examen de admisibilidad. Al igual como en el caso anterior, se alude a un patrón generalizado en los casos de violaciones a los derechos humanos.
En este caso fue la Defensoría Jurídica de la Universidad de Chile (DJUCH) la que recibió miles de denuncias de víctimas “cuyos derechos fundamentales fueron lesionados por agentes del Estado mediante la comisión de delitos, siendo reconocibles en los hechos descritos patrones de conducta”.
Ante esto, la Defensoría desplegó 400 voluntarios y voluntarias en la Región Metropolitana y en la comuna respectiva, donde monitoreó el estado de los detenidos y detenidas de la 25° Comisaría de dicha comuna.
“Fue posible identificar en Maipú ciertos patrones ‘serie de conductas de carácter general, reiteradas y sistemáticas’ en el actuar del cuerpo de Carabineros desplegado en aquella zona, específicamente en el área comprendida en las calles contiguas a la Plaza de Armas de Maipú”, aseguró la DJUCH.
