Sala del Senado (referencial). | Agencia Uno.
Con siete votos de Chile Vamos, el Senado despachó el proyecto que permite un tercer retiro de fondos de pensiones. La iniciativa sufrió modificaciones con respecto a lo aprobado por la Cámara de Diputadas y Diputados por lo que deberá pasar a su tercer trámite constitucional en dicha instancia.
Este jueves, el Senado aprobó en general y en particular el proyecto de reforma constitucional que permite un tercer retiro de fondos de pensiones. Se espera que la Cámara de Diputadas y Diputados discuta la propuesta legislativa este mismo viernes en su tercer trámite constitucional.
El Ejecutivo, que ya ha manifestado su rechazo a la iniciativa, no pudo convencer a los parlamentarios oficialistas y fueron siete votos desde Chile Vamos los que se alinearon con la oposición.
Los senadores Iván Moreira (UDI), Francisco Chahuán (RN), David Sandoval (UDI), José Miguel Durana (UDI), Juan Castro (IND ex RN), Marcela Sabat (RN) y Manuel José Ossandón (RN), votaron a favor del retiro de AFP.
Dentro de la votación en particular del proyecto se rechazó la indicación que proponía excluir del tercer retiro a jubilados de Renta Vitalicia, es decir, se mantiene en el proyecto la posibilidad de que este tipo de pensionados puedan realizar el retiro de su 10%.
Además, por 26 votos en contra y 9 a favor, se rechazó la indicación para incluir el pago de impuestos por el tercer retiro del 10% de los fondos de pensiones.
Sin embargo, el proyecto sufrió modificaciones, como la ampliación del plazo de pago de los retiros por parte de las Administradoras, por lo que volverá a la cámara de origen.
Así, la iniciativa pasará al tercer trámite en la Cámara de Diputados, para lo cual se citó a una sesión para mañana viernes entre 14.00 y 17.00 horas. Si el proyecto se aprueba y no pasa a Comisión Mixta, entonces se finalizaría su tramitación en el Congreso y sería despachado.
No obstante, aún tiene que sortear la decisión del Ejecutivo de ir al Tribunal Constitucional (TC), hasta donde el gobierno llevó un requerimiento por inconstitucionalidad.
