Catedral de Antofagasta |
El joven menor de edad fue impactado por perdigones que le provocaron un trauma ocular durante las manifestaciones del estallido social. En la querella que presentó el INDH por estos hechos ningún carabinero ha sido formalizado, pero sí fue detenido la semana pasada y puesto bajo custodia de un centro de Sename de Antofagasta porque habría quemado la catedral de esa ciudad. Su defensa refuta las pruebas de la Fiscalía y la Intendencia.
El jueves pasado, A. R. de 15 años, iba junto a su familia y amigos camino al tribunal de Antofagasta a reunirse con su abogada Karina Ibarra, representante de la Defensoría Popular en esa ciudad, tras ser acusado por la Fiscalía y la Intendencia de haber incendiado la catedral, el pasado 8 de marzo, durante una masiva manifestación en conmemoración del Día de la Mujer. La Corte de Apelaciones de Antofagasta, el 6 de abril, determinó que A.R. debía ser internado de manera provisoria en un centro de Sename y su abogada le aconsejó entregarse voluntariamente para continuar con el proceso. En eso estaban, cuando fueron embestidos por funcionarios de la PDI, quienes tomaron detenido al joven en el centro de la ciudad.
“Nos llama la atención ese tremendo despliegue policial y la persecución que hicieron. Seguro tenían algún celular de sus familiares intervenidos”, expresa Ibarra.
Si bien la acusación del Ministerio Público es por lanzar una botella que habría contenido líquido acelerante contra la catedral, los representantes de la Iglesia no presentaron cargos por estos hechos. La abogada aclara que el mismo cura a cargo detalló que la puerta principal estaba protegida por un latón y que las imágenes muestran una botella de Gatorade lanzada a la puerta del recinto.
“Tenemos audiencia el próximo 10 de mayo en la que se va a buscar revocar la medida y vamos a acompañar pruebas, como fotos detrás de la puerta de madera hay un latón, que hacen imposible que se quemara. También se consideró incendio calificado porque se dice que es patrimonio histórico, cuando el cura dice que no hay archivo histórico. Es a lo menos incendio simple”, precisa Ibarra.
Que el joven no cumpliera con la resolución de la justicia tenía un motivo: su mamá, de 33 años, estaba gravemente enferma y era prioridad nacional para ser trasplantada del corazón y los pulmones. Hacían viajes constantes a Santiago por el tratamiento de sus enfermedades y hace un tiempo había sido hospitalizada. Ella falleció el 11 de abril pasado.
A.R. vivía con su mamá y su abuela en la población Bonilla, en la zona norte de Antofagasta, un sector emblemático durante el estallido social por las reiteradas convocatorias a movilizaciones. Vendía pañoletas en las marchas para ayudar a su familia, como lo hizo ese 8M.
Involucrarse en las manifestaciones lo llevó a enfrentar por primera vez a la justicia como víctima de trauma ocular tras ser impactado por cinco perdigones de funcionarios policiales, el 21 de noviembre de 2019. Dos de ellos llegaron a uno de sus ojos, lo que le ha valido un largo proceso de rehabilitación en Santiago.
“Es un territorio organizado y ha existido alto nivel de represión. Han hecho muchos controles de identidad en la zona. Hay otros casos de disparos de perdigones, un chico de 9 años que recibió un impacto en la cabeza. Sabemos que también hay denuncias por torturas en la subcomisaría norte”, relata Camila Vargas, presidenta de la Agrupación por la Memoria Histórica Providencia Antofagasta y de Pampa Libre, organizaciones que han seguido de cerca el caso de Alejandro.
La premura con que ha actuado Carabineros para acusar al joven de la quema de la iglesia, sin embargo, está lejos de ser la misma en la causa por violación a los derechos humanos en que él es víctima y que fue presentada por el INDH.
La abogada Karina Ibarra asegura que son muy pocos los antecedentes que conocen. “El avance ha sido médico, no judicial. Está la dotación de carabineros individualizada que podía disparar, pero a la fecha no hay ningún formalizado”, sostiene. Aquí se encuentra detallada la dotación de Carabineros que se encontraban autorizados para portar escopetas antidisturbios y carabinas lanzagases ese 21 de noviembre: CARABINEROS 21 DE NOV
Otro antecedente que suma es que el mismo fiscal que lo imputa por el delito de incendio, Cristian Aguilar Aranela, ex fiscal regional, es quien debe investigar la causa por apremios ilegítimos en la que él es víctima. Para la abogada existe “un sesgo con una intención de perseguirlo”.
«Es un «doble filo» o «doble justicia», porque en esa causa debería ser atendido por un fiscal distinto al que lo persigue actualmente. Frente al delito de incendio concurre la policía, incluso, le sigue un dron después del presunto ataque a la catedral cuando el fuego en los videos ya aparece iniciado. También creemos que es «doble justicia» porque en ese caso no se han hecho más diligencias para saber quién inició el fuego, al Ministerio Público, al gobierno de turno, a la ciudadanía, incluso, les basta para acallar el clamor popular responsabilizar a una sola persona», concluye.
