Punta Peuco |
“La concesión de beneficios e indultos a condenados por crímenes de lesa humanidad, sin respetar la normativa de Derecho internacional, y sin notificar a los familiares de las víctimas, puede constituir una forma de impunidad, por lo cual solicitamos que la judicatura intervenga en este caso a fin de controlar la legalidad y convencionalidad de este indulto presidencial”, asegura al respecto el abogado Francisco Bustos.
La Primera Sala de la Corte de Apelaciones de Santiago, en conocimiento de un recurso de protección presentado por el Estudio Caucoto Abogados, ordenó informar al Ministro de Justicia y Derechos Humanos y a su titular, Hernán Larraín, respecto del indulto presidencial otorgado al ex director de la Dirección de Inteligencia del Ejército (DINE) Hugo Prado Contreras, condenado como cómplice del delito de secuestro calificado de cinco personas en el año 1987.
En consecuencia, la cartera de Justicia dispone cinco días para responder a lo ordenado, informando de los fundamentos consideradas para otorgar este beneficio, trámite cuyo plazo vence este lunes 3 de mayo.
El mencionado recurso de protección, presentado a nombre de la hermana de una de las víctimas, tiene por objetivo aclarar si el indulto otorgado por orden del Presidente de la República se ajusta a la normativa internacional, tratándose de un delito de lesa humanidad, referido al secuestro y desaparición de las cinco personas.
Se trata de Alejandro Pinochet Arenas, Julio Muñoz Otárola, Manuel Sepúlveda, Gonzalo Fuenzalida y José Peña Maltés, los cinco últimos detenidos desaparecidos de la dictadura militar y cuya investigación de la causa logró establecer que fueron secuestrados en represalia por el plagio del coronel de Ejército Carlos Carreño, en el mes de septiembre de 1987.
Lo anterior, en respuesta a una operación conjunta de la Central Nacional de Inteligencia (CNI), la Brigada de Inteligencia del Ejército (BIE), la DINE y el Comando de Aviación del Ejército y cuya investigación estableció que los cuerpos de las víctimas fueron lanzados al mar en Quintay, crimen por el cual se condenó a 33 agentes del Estado.
“La concesión de beneficios e indultos a condenados por crímenes de lesa humanidad, sin respetar la normativa de Derecho internacional, y sin notificar a los familiares de las víctimas, puede constituir una forma de impunidad, por lo cual solicitamos que la judicatura intervenga en este caso a fin de controlar la legalidad y convencionalidad de este indulto presidencial”, asegura al respecto el abogado Francisco Bustos, del Estudio Jurídico Caucoto Abogados en relación a Prado Contreras, quien se encontraba cumpliendo condena desde 2017 en el penal Punta Peuco y, una vez aplicado el beneficio presidencial, salió en libertad.
