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Entre otras propuestas, el Ejecutivo plantea que se incorpore una modificación que permita aumentar la cobertura del Ingreso Familiar de Emergencia (IFE), del actual 80%, llegando al 100% del Registro Social de Hogares.
La noche de este lunes el gobierno de Sebastián Piñera envió finalmente su propuesta sobre “mínimos comunes” a representantes del Congreso Nacional, según lo acordado tras la reunión entre el Ejecutivo y el Legislativo.
En dicha cita, desarrollada la mañana del viernes, el Presidente Sebastián Piñera conversó con la presidenta del Senado, Yasna Provoste (DC), el presidente de la Cámara de Diputadas y Diputados, Diego Paulsen (RN), y los vicepresidentes de las mesas de ambas cámaras.
Según aseguró Provoste tras el encuentro, en la reunión la oposición solicitó “lo mismo que le dijimos hace casi un mes: queremos una Renta Universal; apoyo a las Pymes y, si es necesario, dotar al Estado de mayores ingresos, partiendo por abordar las exenciones tributarias”.
Y tras el acuerdo, la senadora aseguró que el gobierno se abrió “a tener una ayuda universal para las familias de nuestro país, que les permita tener recursos directos, que les permita quedarse en su casa para poder evitar el riesgo al contagio y que nos permita rápidamente superar esta crisis que no es sólo sanitaria, es social, económica profunda y es también una crisis política”.
Finalmente, la “Propuesta del Ejecutivo sobre mínimos comunes relativos a medidas extraordinarias de apoyo a las familias y pymes en un contexto institucional para enfrentar la Pandemia provocada por el covid-19”, fue recibida por el Congreso, provocando diversas reacciones dentro de la oposición.
En el documento, el gobierno de Sebastián Piñera pretende seguir “avanzando en la búsqueda de mínimos comunes entre el Poder Ejecutivo y el Congreso para (a) inyectar recursos a las Pymes y aliviarlas de sus impuestos y gastos; (b) revisar materias tributarias para que quienes ganan más paguen más impuestos para financiar las ayudas; y (c) profundizar las ayudas a las familias chilenas que tantos dolores han sufrido por la pandemia”.
En ese sentido, plantean el apoyo y reimpulso a las pymes, a través de “la creación de un programa especial covid-19 de apoyo a las pymes, con una inyección especial de recursos por $1.000 millones de dólares, para financiar subsidios a las pequeñas y medianas empresas”.
“Generar un mecanismo de apoyo expedito y flexible para que las Pymes puedan financiar sus gastos básicos de funcionamiento, como remuneraciones de sus trabajadores, arriendo y servicios básicos, entre otros”, es otra de las ideas del gobierno.
Por otro lado, según recoge Emol, para “eliminar barreras de entrada, se permitirá que los empleadores con cotizaciones previsionales adeudadas producto de la aplicación de la Ley de Protección del Empleo, puedan percibir recursos públicos de este tipo de programas de fomento productivo”.
Además, para promover el empleo tanto en las pymes como en empresas en general, “se fortalecerán los subsidios Regresa, Contrata, Protege y Empléate, implementados a través del SENCE, por medio de modificaciones al programa vigente para que permitan un mayor uso y extensión”.
También, proponen postergar el pago de patentes mineras que se encuentran para remate. “Es posible autorizar por Decreto Supremo a la TGR para suspender los procedimientos judiciales que se hayan iniciado por desamparo de las pertenencias mineras en las zonas declaradas de catástrofe”, expresa el documento.
Desde La Moneda plantean también la postergación del pago del IVA “para los meses de mayo, junio, julio y agosto para pymes con caídas en venta de 20% o más, a través de la modificación al decreto vigente”. Lo anterior, implementado por vía administrativa con el propósito de alivianar la carga para las pymes.
Además, impulsarán una iniciativa legal de alivio tributario a las pymes con la “disminución transitoria, hasta el 31 de diciembre del año 2021, de la tasa de interés penal, desde un 1,5% a un 0,5% mensual por cada mes o fracción de mes, por mora en el pago de todo tipo de impuestos y contribuciones”.
Asimismo, mientras que las “pymes que mantengan un saldo acumulado de IVA crédito fiscal a abril de 2021, y que presenten una disminución de sus ingresos de al menos un 20% producto de la crisis sanitaria, se propone un reembolso de dicho remanente, soportado en la adquisición de bienes o utilización de servicios entre el 1 de enero y el 31 de marzo de 2021”.
Las pymes que estén “acogidas al Régimen Pro Pyme General, que hayan tenido un resultado de pérdida tributaria en la operación renta 2021, podrán solicitar la devolución del impuesto de primera categoría que hubiesen pagado el año 2020, imputando dicha pérdida hasta el monto de la renta líquida imponible del año anterior”.
El Ejecutivo, respecto a ayudas sociales, propone que se incorpore una modificación que permita aumentar la cobertura del Ingreso Familiar de Emergencia (IFE), del actual 80%, llegando al 100% del Registro Social de Hogares. Esto, se haría efectivo a través de un proyecto de ley.
“Lo anterior significa pasar de aproximadamente 13 millones de beneficiarios a más 14 millones y medio, y respecto del costo fiscal, incrementarlo de $1.830 millones de dólares a más de $2.050 mensuales. Esto implica un costo fiscal, hasta junio, de casi $6.000 millones de dólares”, asegura.
Por otro lado, el documento de tres páginas repasa los efectos de la pandemia del COVID-19 en el sector salud, asegurando que se continuará con el ingreso de recursos adicionales para fortalecer dicha área. “Se reforzará el financiamiento del sector salud, inyectando recursos para la atención primaria y los servicios de salud. Además, se revisarán los mecanismos y recursos para la reducción de listas de espera de enfermedades no covid”, indica.
Finalmente, para el financiamiento de este nuevo paquete de medidas de apoyo para las familias, trabajadores y pymes, el gobierno señala que “se requerirá contar con recursos adicionales, por tanto, será necesario evaluar la necesidad de solicitar una nueva autorización de deuda pública ante el Congreso Nacional”.
Por otro lado, entre bancadas de diputados de oposición, incluyendo desde la Democracia Cristiana hasta el Partido Comunista, anunciaron el domingo un proyecto de Renta Básica Universal en el contexto de la alerta sanitaria por la pandemia.
Esta iniciativa, que sería presentada a más tardar este martes 4 de mayo, se generó en medio de las conversaciones entre el gobierno y la oposición por la “agenda de mínimos comunes”, luego de la comentada reunión del viernes entre Piñera y ambas cámaras del Poder Legislativo.
El proyecto de reforma constitucional, que hasta el momento cuenta con las firmas de Giorgio Jackson (RD), Gabriel Boric (CS), Camila Vallejo (PC) y Matías Walker (DC), busca establecer una renta equivalente al monto de la línea de la pobreza que calcula el Ministerio de Desarrollo Social, que varía de acuerdo a la cantidad de integrantes de un hogar.
Adicionalmente, establece como único requisito pertenecer al Registro Social de Hogares y propone que estos beneficios se otorguen mientras dure la alerta sanitaria derivada de la pandemia del COVID-19.
