El Fiscal Nacional Jorge Abbott. | Agencia Uno (archivo).
Para los abogados de la Comisión Chilena de Derechos Humanos es «una buena señal» el anuncio del Fiscal Nacional, Jorge Abbott, sobre la revisión de miles de causas archivadas correspondientes a delitos de violaciones a los DD.HH., en el contexto del estallido social. Sin embargo, aseguran que la decisión responde al ingreso, la semana pasada, de la denuncia en contra del Presidente Sebastián Piñera ante la Corte Penal Internacional, por delitos de lesa humanidad.
Durante la jornada de ayer se hizo pública la orden que dio el Fiscal Nacional, Jorge Abbott, para revisar causas archivadas de presuntas violaciones de derechos humanos, en el marco de las manifestaciones que comenzaron el 18 de octubre de 2019, también conocidas como estallido social.
Ya en la cuenta pública que Abbott entregó a fines de abril, el persecutor enfatizó en la importancia de las investigaciones que traten delitos de lesa humanidad. Sobre estas, demandó más recursos y la creación de una unidad especializada para este tipo de crímenes.
Sin embargo, desde la Comisión Chilena de Derechos Humanos (CChDH), sostuvieron que la decisión de Abbott «es una respuesta a la presentación que hemos hecho ante la Corte Penal Internacional (CPI)«.
Esta es una de las organizaciones – junto a la Asociación Americana de Juristas (AAJ), el Centro di Ricerca ed Elaborazione per la Democrazia y el ex juez Baltasar Garzón – que se hizo parte de la presentación que se realizó ante dicha instancia internacional, el pasado 29 de abril, acusando al Presidente Sebastián Piñera por crímenes de lesa humanidad «cometidos de manera generalizada y sistemática», durante las manifestaciones sociales que se iniciaron en 2019.
Al respecto, Yuri Vásquez Santander, miembro del equipo jurídico de la CChDH, afirmó que «el Fiscal Nacional, los fiscales regionales y obviamente los que están a cargo de las investigaciones tienen todas las potestades para, no solo reabrir las causas, sino que para adoptar una serie de medidas de protección a las víctimas, de protección a los testigos que permitan avanzar en las investigaciones«.
Pero que «evidentemente nosotros pensamos que esta instrucción del Fiscal Nacional de ordenar la reapertura de las investigaciones que se cerraron administrativamente (…) es una respuesta a la presentación que hemos hecho como Comisión Chilena de Derechos Humanos» ante la CPI.
Una de las claves en las que hizo hincapié Vásquez tiene que ver con la llamada jurisdicción o competencia complementaria de la Corte Penal Internacional, la que es un requisito para que dicha instancia revise una causa. «Uno de los fundamentos de la presentación dice relación con que la competencia complementaria de la Corte se activa, se fundamenta, en que los países no pueden, o no quieren, o no tienen la disposición de investigar los crímenes de lesa humanidad«, explicó.
«Eso es lo que nosotros hemos observado, no solo con el cierre de estas causas y de las denuncias por violaciones a los derechos humanos impetradas en torno al estallido social, sino que también lo hemos visto en que no ha habido disposición a usar las facultades que tienen los fiscales, el Ministerio Público, y no se han agotado todas las instancias«, sostuvo.
En la misma línea, Carlos Margotta, presidente de la CChDH, afirmó que la decisión de Abbott «responde a los cuestionamientos hechos por las víctimas, sus abogados y a lo planteado por nuestra propia institución, que invocó precisamente esas graves falencias y omisiones como uno de los fundamentos principales para recurrir a la fiscal de la Corte Penal Internacional«.
Dentro de los anuncios de la Fiscalía Nacional se encuentra la creación de un equipo especializado para la reapertura de 6.321 causas que se encuentran cerradas o concluidas, lo que representa un «55,02% del total de las causas iniciadas por violaciones a los derechos humanos«, explicó Margotta. «Dichas causas «fueron archivadas sin la investigación adecuada y sin la determinación de responsables», agregó.
Además, Abbott anunció la actualización de los criterios de actuación de los fiscales en las investigaciones de las violaciones de derecho humanos, lo que incluiría la persecusión de la responsabilidad del mando de las instituciones involucradas.
Para Vásquez esto es «una buena señal», aunque adelantó que, no obstante lo anterior, «nosotros seguiremos en lo que ya hemos iniciado en la Corte Penal Internacional, como en las querellas y denuncias que sostenemos como Comisión Chilena de Derechos Humanos».
«Esperamos, por último, que la reapertura de las causas no se reactiven como delitos comunes sino como delitos de la ley 20.357, que tipifica y sanciona los crímenes de lesa humanidad. Y que, atendidas las obligaciones internacionales del Estado de Chile, estas causas se conviertan en una meta institucional del Ministerio Público«, cerró Margotta.
