Las cuarentenas en Chile han tenido un impacto significativo en la economía local | Agencia Uno
Respecto del financiamiento del paquete de medidas, el sector apunta a «reformas que permitan la recaudación de ingresos permanentes, deben tener como eje fundante su progresividad, es decir, que quienes tienen más paguen más, evitando que los costos de la crisis continúen siendo pagados con recursos de los trabajadores».
Durante las últimas horas, la oposición oficializó su propia agenda de mínimos comunes, anunciada hace algunos días en el contexto de las conversaciones que lidera el Senado y la Cámara Baja con el Ejecutivo, con la intención de respaldar a los sectores más precarizados como consecuencia de la crisis sanitaria derivada de la pandemia del coronavirus con la que el país convive desde marzo de 2020.
«Hemos optado por una agenda acotada y concreta porque, además de la urgencia de estos temas, un mínimo de realismo nos indica que será difícil acercar posiciones con el gobierno, en otros en que la diferencia en la mirada de país y de sociedad que tenemos con él, resultan evidentes», se lee en el inicio del documento de 13 páginas elaborado por este sector.
En este sentido, se advierte que «esta agenda no inhibe el legítimo debate de un conjunto de otras iniciativas que continuaremos en el Congreso Nacional, respondiendo a las necesidades del país y poniendo siempre por delante, el bien común».
Respecto de la pandemia, el texto releva el poco compromiso estatal derivado de la crisis, argumentando que, en este ámbito, las ayudas sociales y económicas han (llegado) tarde y han resultado insuficientes, profundizando el problema, «generando incertidumbre en las familias e impidiendo un adecuado acoplamiento a las medidas de restricción que han intentado controlar la pandemia».
Abogando por una mejor actitud de parte del Ejecutivo, la propuesta recoge tres grandes demandas. A saber:
La propuesta apunta al «establecimiento de una Renta Básica Universal de Emergencia (RBUE) que le permita a las familias contar con los recursos necesarios para afrontar los efectos sociales y económicos lesivos de un conjunto de factores que han afectado directamente su calidad de vida y, en muchos casos, su mínima capacidad de subsistencia: confinamientos; baja en los ingresos; pérdida del empleo; enfermedades diversas, entre muchas otras, la justifican con urgencia».
La Renta Básica Universal de Emergencia debe llegar a todos los hogares y personas que necesiten de este apoyo estatal durante la pandemia. Para ello, se propone una cobertura inicial del 100% del Registro Social de Hogares (RSH), que es un universo total de 6,7 millones. «Aquellos que estén en el RSH, pero tengan altos ingresos (correspondientes al décimo decil de ingresos del país), podrán ser detectadas y excluidas del beneficio. Adicionalmente, se deben considerar mecanismos complementarios que permitan la incorporación a la prestación de hogares en condición de vulnerabilidad que no estén actualmente en el RSH», detalla el escrito.
«La renta básica se calculará en torno a un criterio de suficiencia por hogar, basado en instrumentos formales de medición, los que consideran como base la línea de la pobreza, más otros gastos familiares esenciales», agregan.
Respecto del criterio fundamental definido, este alude a «la mantención de los ingresos de las familias en condiciones de suficiencia y dignidad y que ello permita hacer frente a las restricciones de movilidad. De esta manera, proponemos que la Renta Básica Universal de Emergencia sea el valor que resulta de aumentar al monto de la línea de la pobreza según el número de integrantes del hogar, más un 30%».
Adicionalmente, desde la oposición aseguran que «la RBUE debe otorgarse por todo el tiempo que sea necesario para permitir la aplicación correcta de las medidas sanitarias y dar tranquilidad a las familias en momentos de restricción y confinamiento. Inicialmente, el horizonte planteado es por los meses de junio, julio, agosto y septiembre de 2021. Este plazo deberá ser prorrogado si las condiciones sanitarias y económicas así lo exigen».
La propuesta «recoge las prioridades que diversos gremios PYMES han solicitado para defender la sobrevivencia de las empresas de menor tamaño que generan el 50% del empleo formal y, recuperar a mediano plazo los niveles de actividad económica y de empleo en las pequeñas empresas con políticas públicas activas que promuevan la innovación, la capacitación y una mayor tecnificación». En este sentido, se apunta a la suspensión de pagos, condonaciones, subsidios directos y créditos a los que se encuentra afecto este sector económico.
El primer aspecto alude a una ayuda en el ámbito de las morosidades, suspensión de multas y pago de contribuciones, condonación de intereses y habilitación de líneas de financiamiento, entre otras medidas a implementar para respaldar al precarizado sector.
En segunda instancia, la oposición propone la «entrega de un paquete de transferencias no reembolsables, por un monto total de US$ 3.000 millones, para hacer posible la sobrevivencia y la capacidad de generar empleos en la etapa de recuperación».
Adicionalmente, se especifica que «la cobertura debe ser universal y dentro de ella deben priorizarse aquellas industrias más afectadas, como son: cultura y entretenimiento, turismo, gastronomía y hotelería, servicios personales y sociales, artesanía y comercio minorista, pequeña industria».
La tercera propuesta apunta a la ejecución de un sistema de compras públicas como mecanismo de reactivación y desarrollo del sector, por lo que se plantea «establecer una política de discriminación positiva hacia las MiPyme, en el área de compras públicas que revierta las señales de concentración en las grandes empresas ocurridas en los últimos años».
«Exigiremos que el Proyecto de Modernización de Compras Públicas que ingresó a la Comisión de Hacienda de la Cámara de Diputados, recoja estos planteamientos y establezca criterios pro PYMES y mayor transparencia sobre los beneficiarios finales», agrega el documento con las demandas de la oposición.
Por último, este apartado considera «decisiones sanitarias para la apertura», argumentando la urgencia de protocolos sectoriales. Lo anterior, asumiendo que para materializarla en sectores como el» turismo, las actividades culturales y de entretenimiento, gastronomía, gimnasios y servicios, entre otros, es clave concordar al corto plazo protocolos sanitarios sectoriales y regionales entre la autoridad, los gremios PYMES de los distintos sectores y sus ocho trabajadores».
Paralelamente, se establece que «debe existir una línea de apoyo para que pequeñas empresas puedan implementar las exigencias de los protocolos sanitarios».
«Nuestra propuesta apunta abordar de manera prioritaria, los principales desafíos sanitarios pendientes, con el objeto de generar las condiciones para que las personas puedan superar las difíciles condiciones que hoy les afectan, siempre teniendo como desafío construir en el mediano plazo, un sistema más solidario y menos discriminatorio, que otorgue una mejor salud a todos y todas», se lee en el documento.
Específicamente, este alude a la implementación de medidas como acceso gratis al examen PCR; refuerzo de la estrategia de TTA (Testeo – Trazabilidad – Aislamiento) a través de transferencia de recursos a la Atención Primaria de Salud; el pago de subsidio de incapacidad laboral, regularización de los costos de las hospitalizaciones derivadas de diagnósticos Covid, abordaje de las listas de espera, especialmente en consultas de especialidad, la creación en plazo perentorio de un programa especial que considere una red de apoyo integrada por psicólogos y equipos de profesionales relacionados, entendiendo el impacto de la pandemia en el ámbito de la salud mental.
Un problema que recoge la propuesta, es el foco de desnutrición detectado en el país en medio de la crisis sanitaria y su impacto económico, un tema del que la oposición se hace cargo relevando la urgencia de enfrentar el tema, además de ampliar las coberturas y calidad de las colaciones y menús de los niños y adolescentes e implementar medidas que vayan en ayuda de adultos mayores que puedan encontrarse en esta situación en Chile.
Otra de las áreas que alcanza este punto, es el que alude al contexto actual de confinamiento en medio de la ausencia de redes de cuidado, «que hace inviable compatibilizar la protección de los niños y niñas con el trabajo de las mujeres», por lo que se hace «indispensable extender la Licencia Médica Preventiva Parental COVID, que terminará el 30 de junio, hasta al menos septiembre de 2021″.
Finalmente, el tercer punto de la propuesta insiste en la necesidad de reforzar el plan de vacunación. «Si bien se ha inoculado a buena parte de la población, y casi totalmente a los grupos de mayor riesgo, existen las condiciones y los recursos para mejorar los tiempos estimados para alcanzar la inmunidad de rebaño».
Respecto del respaldo económico para materializar la agenda de mínimos comunes de la oposición, este sector destaca que «esta propuesta se financia con un mayor esfuerzo fiscal transitorio, considerando al mismo tiempo, criterios de responsabilidad fiscal».
A renglón seguido, el documento asegura que «las reformas que permitan la recaudación de ingresos permanentes, deben tener como eje fundante su progresividad, es decir, que quienes tienen más paguen más, evitando que los costos de la crisis continúen siendo pagados con recursos de los trabajadores. Medidas en esta línea, ya se están discutiendo actualmente en el Congreso y seguirán su tramitación independiente de los contenidos propuestos en esta instancia».
En este sentido, se apunta a fuentes como un «financiamiento que implique recursos de ejecución dentro de la actual Ley de Presupuestos», además de «avanzar en una agenda de medidas que busquen una mayor recaudación para financiamiento de carácter permanente y que logren alcanzar una mayor progresividad del sistema tributario», entre otras alternativas.
Entendiendo la urgencia de las demandas, la oposición hace mención a un tema que no fue considerado en la agenda de mínimos comunes, pero que les pareció pertinente relevar en el contexto de las irreversibles consecuencias que ha generado el estallido social en nuestro país.
«Un tema que no forma parte de esta agenda, pero que resulta de particular preocupación de la oposición, lo constituye el Programa Integral de Reparación Ocular. Resulta evidente la falta de compromiso que el gobierno ha mostrado en la implementación de este programa, surgido a partir de las graves violaciones a los derechos humanos ocurridas durante y después del estallido social, la que ha dejado muertos, lesionados y mutilados. El gobierno debe ejecutar este programa, cuyos recursos se encuentran asignados, de manera correcta, con la mayor celeridad y en las mejores condiciones, con el respeto que las víctimas del Estado merecen y necesitan, considerando las graves secuelas que ellos presentan.
