INDH, Defensoría de la Niñez y SJM rechazan expulsión de 56 migrantes venezolanos: “Es una situación vergonzosa”

El Instituto Nacional de Derechos Humanos (INDH) y la Defensoría de la Niñez se sumaron a la denuncia del Servicio Jesuita a Migrantes (SJM), sobre la expulsión colectiva de 56 migrantes venezolanos, orquestada y defendida por el Ministerio del Interior y Seguridad Pública.

Desde la Defensoría, manifestaron su “repudio al comportamiento” de Interior, que “una vez más realiza procedimientos de expulsión en fin de semana, con notificaciones en madrugada, sabiendo y conociendo que las Cortes de Apelaciones no tienen funcionamiento para poder resolver con inmediatez aquellos recursos y acciones de amparo que se interponen por el INDH, por el SJM o por otras organizaciones preocupadas de los DD.HH. de los migrantes”.

“Lamentablemente, también nos enteramos de que en este contexto existen niños a quienes se les separa de sus familias, y esta situación manifiesta de manera evidente el incumplimiento y la infracción, de parte del Ministerio del Interior y Seguridad Pública, de aquellos principios básicos que protegen a niños, niñas y adolescentes, que tienen que ver con su derecho a vivir en familia, y con aquello que se relaciona con la unificación familiar”, indicó la Defensora de la Niñez, Patricia Muñoz.

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En ese sentido, llamó “a que Interior entienda que la ley de migraciones no puede, desde ninguna perspectiva, afectar y violentar derechos humanos. Llama la atención, además, que esta acción de parte de Interior lo que hace es contrariar la ley de migraciones que ellos mismos han promovido, y que han modificado”.

Esto, ya que la ley establece “la posibilidad de que migrantes que han ingresado clandestinamente al país, puedan retirarse de nuestro país en un periodo de tiempo de manera voluntaria. Sin hacer estos procesos que lo que buscan es, no solo poner en una situación de indignidad a los migrantes, sino que también exponerlos públicamente en circunstancias de situación de afectación evidente de sus derechos y garantías fundamentales”.

“La verdad es que esta es una situación vergonzosa que sigue ocurriendo en nuestro país, y que a pesar de las continuas resoluciones que los tribunales de nuestro país han dado, en relación a rechazar este comportamiento de interior, se mantiene en el tiempo”, añadió la defensora de la Niñez.

“Uno espera humanidad”

Según Muñoz, desde el gobierno “están conscientes, de que una vez que las personas salen del país expulsadas, no es posible revertir aquellas situaciones y poder lograr que se produzca su reingreso, porque evidentemente no pueden volver sobre la base de la situación económica y las dificultades que enfrentan en sus países de origen”.

“La verdad es que uno espera no solo humanidad de parte de quienes ejercen cargos de autoridad tan relevantes como Interior y Seguridad Pública, sino que también el cumplimiento estricto de la ley que ellos mismos han promovido, que en este caso queda de manifiesto han infringido flagrantemente”, cerró.

Cabe recordar que este domingo el ministro del Interior y Seguridad Pública, Rodrigo Delgado, defendió la expulsión de los migrantes asegurando que “hay cerca de una veintena de esas personas que están condenadas y van a conmutar sus penas con la expulsión”.

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Desde el INDH, en tanto, informaron esta jornada que entrevistaron a 19 de las personas migrantes, “y en cuatro casos llegamos a la conclusión que se debía presentar un recurso de Amparo puesto que estas expulsiones eran ilegales. Se basaban en motivos administrativos y no penales”, indicó Sergio Micco, director del organismo.

“Además, estos migrantes nos señalaron que tenían vínculos familiares con Chile, y es un principio humanitario el de la reunificación familiar. Son venezolanos, y todos sabemos la crisis que en ese país se vive”, expresó Micco.

De acuerdo con el director del INDH, “se trata de migrantes que han llegado de ese país por miles, huyendo de una situación en que incluso organismos internacionales han denunciado que se violan los Derechos Humanos. El que ellos sean devueltos a ese país incluso puede acarrearles represalias”.

“Por eso los gobiernos de América Latina, que ciertamente no son responsables de esta situación, deben adoptar medidas para acoger a estar personas. Son vidas que están en juego”, concluyó.