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El indulto a los presos de la revuelta, tema candente en el país que mantiene a la Convención Constitucional debatiendo sobre entregar una declaración al respecto, sigue su camino en el Congreso, con la Comisión de Constitución del Senado revisando el proyecto.
La Comisión de Constitución del Senado acordó solicitar antecedentes al Ministerio Público, a la Defensoría Penal Pública, al Instituto Nacional de Derechos Humanos (INDH) y al Poder Judicial, entre otros, con el objeto de conocer cuál es el universo de personas que se verían beneficiadas si se aprueba el proyecto de ley que concede un indulto general por razones humanitarias a los detenidos en el marco del estallido social.
La instancia inició este miércoles el estudio de la iniciativa presentada por los senadores Juan Ignacio Latorre, Isabel Allende, Adriana Muñoz, Yasna Provoste y Alejandro Navarro, y para ello escuchó las opiniones de los Ministros del Interior y Seguridad Pública, Rodrigo Delgado; de Justicia y Derechos Humanos, Hernán Larraín, además del senador Latorre quien explicó los fundamentos de la propuesta.
El parlamentario señaló que en la iniciativa «no hablamos de presos políticos. Eso es una discusión social, conceptual, académica y es una discusión abierta. Lo que sí hablamos es que hay un uso de herramientas del derecho penal…. es una medida excepcional para un período excepcional».
Agregó que de acuerdo a información entregada, el INDH ha presentado cerca de 3 mil querellas por graves violaciones de los Derechos Humanos por parte de los agentes del Estado y que así como se buscó una salida en la época de la transición a la democracia, en este caso se podría dar algo similar.
A su turno, el Ministro del Interior reiteró los argumentos en contra del proyecto, señalando que «atenta contra la institucionalidad y la separación de los Poderes del Estado… el proyecto de ley genera impunidad porque busca olvidar la generación de delitos e impide que se conozca la verdad».
En una línea similar, el Ministro de Justicia manifestó que «aquí se está dando una amnistía para personas que están en proceso para que borren todos los efectos legales… esto no es un indulto, es una amnistía disfrazada».
Explicó que según los antecedentes que ha entregado el Ministerio Público serían 25 personas las que estarían en ese caso, pero que es difícil precisar la información pues las causas no están catalogadas como «estallido social», sino que por los delitos respectivos.
De ahí que el presidente de la Comisión, senador Pedro Araya, planteara que se soliciten esos datos a las diversas reparticiones y que se revise los antecedentes que ya se enviaron a la Comisión de DD.HH. y de Seguridad Pública, para no duplicar información.
Lo que se busca, señaló, es tener claridad de cuántos son los detenidos en el marco del estallido social y en qué estado procesal se encuentran.
«Hemos acordado pedir una serie de información a distintos organismos, al Ministerio Público, a la Defensoría y al Poder Judicial con el objeto que nos puedan informar quienes son los presos de la revuelta, cuantas personas están siendo investigadas o han sido condenadas por delitos asociados y que se nos pueda informar quienes están en prisión preventiva, han sido condenados o han sido absueltos», dijo el senador Araya.
Agregó que también solicitaron al Ministro del Interior que «informen cuántas son las querellas que se han presentado en el marco del estallido social».
Del mismo modo, se solicitará informes en derecho a las distintas universidades a objeto de definir si el proyecto plantea un indulto o una amnistía.
Recordó que el proyecto no tiene urgencia, pero la Comisión destinará los miércoles para tratar la iniciativa escuchando a los organismos del Estado y luego a la sociedad civil.
