Katherine Martorell | Agencia Uno (archivo).
«En este caso no hay un error, hay una intención de ponerse una vacuna. Desde la perspectiva del gobierno, hay una intención de apropiarse de un bien del Estado, para nosotros eso reviste características de delito penal», fue parte de la respuesta de la subsecretaria, luego de que desde Clínica Las Condes se defendieran por haber aplicado una tercera dosis del fármaco anti COVID-19 a su presidente, Alejandro Gil.
La subsecretaria de Prevención del Delito, Katherine Martorell, se refirió este jueves a la situación ocurrida en la Clínica Las Condes (CLC) luego de que el centro de salud reconociera que aparte de su presidente, Alejandro Gil, otras tres personas recibieron una tercera dosis de vacunas contra el COVID-19 de manera irregular.
La CLC admitió que «a raíz de los hechos acusados en el sumario sanitario, la clínica analizó todos los antecedentes relativos a los distintos EPRO (errores programáticos en la plataforma de vacunación) que han ocurrido en sus dependencias. Producto de ello se han detectado cuatro EPRO que fueron debidamente informados a la autoridad sanitaria, en los cuales se aplicaron tres dosis de vacunas contra el COVID-19″.
Situación que los llevó a argumentar que «ante casos análogos, (la autoridad) ha obrado en forma diametralmente opuesta en el ejercicio de su potestad pública. Parece injustificado e incomprensible cómo para los casos de EPRO de marzo y abril de 2021 la autoridad no inició sumarios sanitarios, pero, ahora, cambia radicalmente de opinión y sin mayor fundamento inicia un procedimiento sancionatorio«. En consecuencia, solicitaron dejar sin efecto el sumario del que son objeto.
Respecto de esta situación, durante el reporte del Ministerio de Salud de esta jornada, Martorell se manifestó asegurando que, en este caso, «estamos enfrentando una situación distinta. Una persona que llega a exigir una vacuna (Gil), saltándose la fila como se ha indicado, y no solo eso, sino que además se apropia un bien que es del Estado«.
«En este caso no hay un error, hay una intención de ponerse una vacuna. Desde la perspectiva del gobierno, hay una intención de apropiarse, insisto, de un bien del Estado. Para nosotros eso reviste características de delito penal«, dijo al tiempo que recordó que pusieron todos los antecedentes a disposición del Ministerio Público.
«Quisiera recordar que así como las vacunas le corresponden al Estado, estas vacunas en particular Pfizer, estaban destinadas a ser suministradas a niños, niñas y adolescentes de acuerdo al calendario de vacunación«, concluyó.
