España reabre caso en contra del Banco de Chile por eventual blanqueo de capitales a la familia Pinochet

La reapertura de una antigua causa sobre alzamiento de bienes y un eventual blanqueo de capitales al dictador Augusto Pinochet por parte del Banco de Chile, ordenó el pasado 3 de junio la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional española, de acuerdo a reportes internacionales de este viernes del Diario.es y The New York Times.

El caso, que fue cerrado en 2012 a petición del Banco de Chile, fue impulsado en su reapertura por el abogado Joan Garcés en nombre de la Fundación Española Presidente Allende, que representa a más de 20.000 víctimas de la dictadura y a sus familiares.

La causa, de acuerdo al fallo del 3 de junio de la Audiencia Nacional, no se investigó en Chile ni se afectó a la cúpula del banco, representada por Pablo Granifo Gavín, como se había señalado al momento de pedir el cierre en España, por lo que debía reabrirse. De esta forma, la sala integrada por los magistrados Carmen-Paloma González, Juan Francisco Martel y Fermín Echarri, ordenó la reapertura de la causa penal y retomar las diligencias que quedaron pendientes hace casi 10 años al juzgado número 5, encabezado por Santiago Pedraz.

«El auto analiza en 20 páginas las alambicadas aristas de una causa jurídicamente compleja, pero concluye con rotundidad que la investigación española, sobreseída provisionalmente en 2012 ante la solicitud del Banco de Chile, debe reabrirse de inmediato. Y retomarse, por tanto, en el mismo punto en que quedó: a partir de un auto fechado el 26 octubre de 2009 y firmado por el entonces responsable del juzgado de instrucción número 5, Baltasar Garzón», dice el reporte del Diario.es.

La reapertura del caso puede tener implicancias financieras severas en la entidad bancaria chilena ligada a la familia Luksic, pues en 2009, cuando se cerró, se incluía la exigencia de pagar, con carácter de inmediato, una fianza de 77,3 millones de euros. Hasta ahora el banco no se había dado por notificado de la acción penal. «La Fundación Presidente Allende ya ha solicitado a la Audiencia Nacional que asigne a los querellados un abogado de oficio, les exija que depositen la fianza prevista en el auto de Garzón y, en caso de que sigan ignorando los autos, se proceda al embargo. elDiario.es se dirigió el pasado 17 de junio a los portavoces oficiales del Banco de Chile designados por la propia entidad financiera para plantearles por escrito varias preguntas relacionadas con la causa, pero no ha obtenido respuesta», añade el diario digital español.

No obstante, el 8 de julio pasado la Audiencia Nacional de España remitió a la Corte Suprema de Chile una comisión rogatoria para notificar los autos a los representantes legales y querellados, en particular, a Granifo, el Banco de Chile, Banchile Corredores de Bolsa y Banchile Administradora General de Fondos. El abogado Raúl Tavolari, representante legal de los querellados, presentó un escrito en respuesta a dicha comisión rogatoria, buscando bloquear la notificación argumentando que «vulneraría el orden público nacional», pues España no sería competente en la causa y los tribunales chilenos ya habrían asumido los hechos denunciados.

La causa en contra del Banco de Chile en España tiene relación, inicialmente, con el bullado caso del banco Riggs, una entidad estadounidense (hoy parte de PNC Bank), en la que Pinochet tenía sus millonarias cuentas bajo distintos nombres. El atentado del 11 de septiembre de 2001 en Estados Unidos obligó a las autoridades de ese país a llevar adelante una investigación sobre entidades bancarias por posible financiamiento irregular del terrorismo. En el marco de esa indagación se descubrieron los millonarios e irregulares depósitos de Pinochet para ocultar su fortuna. El Riggs tuvo que indemnizar en 8 millones de dólares a las víctimas, tras llegar a un acuerdo extrajudicial con la Fundación.

Respuesta del Banco de Chile

El Desconcierto contactó al Banco de Chile para conocer su postura respecto a la reapertura de la causa, desde donde informaron que no se referirán al caso “por estar radicado ante la jurisdicción de los tribunales de justicia de la República de Chile”.