Imagen referencial estallido social | Agencia Uno
«A casi dos años de las protestas iniciadas en octubre de 2019 y los ataques generalizados contra la población que se manifestaba por parte de Carabineros de Chile, apenas avanzan las investigaciones por graves violaciones de DD.HH. y posibles crímenes de lesa humanidad», cuestiona la directora para las Américas de la ONG, Erika Guevara.
La ONG Amnistía Internacional (AI) envió una carta a los mandatarios de varios países europeos, entre ellos al presidente del gobierno español, Pedro Sánchez, en la que expresa su «preocupación» por las «graves» violaciones de DD.HH. en Chile, ante la visita del Presidente Sebastián Piñera a Europa.
En la misiva, remitida a los mandatarios de Francia, Italia y Reino Unido -Emmanuel Macron, Sergio Mattarella y Boris Johnson-, AI también se muestra «preocupada» por la «situación de impunidad» respecto a estas violaciones a los Derechos Humanos que, según ha denunciado, «siguen poniendo en riesgo a todas las personas en Chile» e «implican un continuo incumplimiento de las obligaciones del Estado con relación a la justicia, la reparación a las víctimas y sus familiares y las garantías de no repetición».
«A casi dos años de las protestas iniciadas en octubre de 2019 y los ataques generalizados contra la población que se manifestaba por parte de Carabineros de Chile, apenas avanzan las investigaciones por graves violaciones de DD.HH. y posibles crímenes de lesa humanidad», lamentó la directora para las Américas de la ONG, Erika Guevara.
«Ningún mando estratégico ha sido procesado hasta el momento y en muchos casos los mismos funcionarios que habrían cometido violaciones de Derechos Humanos siguen en sus puestos atendiendo al control de las protestas», agregó subrayando que «la comunidad internacional no puede ser cómplice de esta impunidad con su silencio».
Considerando este contexto, Amnistía Internacional solicitó a las autoridades españolas, francesas, italianas y británicas que, en el marco de sus encuentros con Piñera, expresen la importancia de que las autoridades chilenas garanticen una serie de cuestiones en este ámbito.
En primer lugar, que la Fiscalía y el poder judicial cuentan con toda la información y los recursos «necesarios» para llevar a cabo investigaciones «prontas, exhaustivas, imparciales e independientes» de cada una de las responsabilidades dentro de la línea de mando de Carabineros que fueron «clave» para permitir que se violara el derecho a la integridad personal de manera generalizada en el marco del estallido social iniciado en octubre de 2019.
Paralelamente, reclaman la adopción de todas las medidas necesarias para reparar a las víctimas y sus familiares, incluyendo la adecuada rehabilitación, atención y reparación a las víctimas de trauma ocular, respetando todos los estándares internacionales de reparación integral aplicables.
«En especial debiera fortalecerse el Programa Integral de Reparación Ocular (Piro), actualmente vigente, atendiendo a las múltiples críticas planteadas por las propias víctimas beneficiarias de dicho programa», agregó AI.
Adicionalmente, la ONG aludió a la promoción de una reforma estructural de Carabineros para asegurar «efectivamente» que las fuerzas del orden público sigan estrictamente las normas internacionales sobre el uso de la fuerza, respetando la vida e integridad personal de todas las personas y que tengan mecanismos efectivos de rendición de cuentas, tanto hacia las autoridades civiles como hacia la ciudadanía.
Por último, solicitó que las autoridades chilenas tomen todas las demás medidas necesarias para proteger la libertad de expresión y de reunión pacífica y evitar que hechos como los documentados por Amnistía Internacional vuelvan a ocurrir.
«Amnistía Internacional espera que el encuentro entre el presidente chileno y sus pares europeos sea una oportunidad para avanzar en la protección y promoción de los derechos humanos en Chile», manifestó la ONG.
De acuerdo con cifras actualizadas de la Fiscalía y del Instituto Nacional de Derechos Humanos (INDH), se contabilizan más de 8.000 víctimas de violencia estatal y más de 400 casos de trauma ocular en el marco de las protestas del estallido social de Chile.
AI asegura que cuenta con «evidencia suficiente» para sostener que las violaciones generalizadas demostrarían un patrón de conducta que revela una intención de dañar a las personas manifestantes con el fin de acallar la protesta, o bien asumiendo dicho daño como un mal necesario.
Esta dimensión y constancia de las violaciones de DD.HH. y posibles crímenes de Derecho Internacional cometidos se podrían haber evitado, pero los mandos estratégicos y operativos de la institución policial habrían omitido «deliberadamente» implementar ciertas medidas a su alcance, según la ONG, que releva que, también de forma deliberada, estos mandos habrían permitido la impunidad al interior de la institución y obstaculizado el acceso a la información a la Fiscalía.
