Ministerio Público investiga denuncias de trabajo forzado de inmigrantes en cosechas

Más de 29 casos de graves abusos laborales contra inmigrantes venezolanos y haitianos ocurridos desde 2016 hasta 2019 son los que investiga el Ministerio Público y que podrían constituir trabajo forzado.

Lo hechos comenzaron después de una reunión a la que fueron convocados un centenar de trabajadores en Curicó en la que Manuel Castillo Maldonado les ofreció el trabajo que luego se concretó en un contrato firmado con la empresa contratista Soluciones Agrícolas SpA a cargo del gerente general Francisco Mendoza Berríos.

En ese encuentro estuvo presente incluso Antonio Paz Escalona, coordinador Plan Migrante del Departamento de Extranjería de la Gobernación Provincial de Curicó, lo que le dio seguridad a los asistentes, según detalló un reportaje de Ciper.

Los denunciantes relataron que en una primera instancia se les ofrecieron buenas condiciones laborales en plantaciones de arándanos y mandarinas que luego no se cumplieron y que conllevaron fuertes vulneraciones como el pago de remuneraciones mucho menores, horas extra de trabajos que no se pagaron, condiciones habitacionales insalubres y restricciones para salir del predio incluso cuando requerían atención médica.

Todos estos abusos eran soportados por los trabajadores porque constantemente eran amenazados con que si renunciaban perderían su visa de trabajo, necesaria para optar a la «Permanencia Definitiva».

En detalle, las víctimas relataron que en algunos casos vivían acinados en contenedores, alimentándose con comida que les entregaba la misma empresa pero que era totalmente insuficiente y con falta de servicios básicos.

Cinco condenas previas

Tras las denuncias del caso ante la Justicia, los trabajadores que aun permanecían ligados a Soluciones Agrícolas SpA fueron despedidos «por necesidades de la empresa».

Actualmente los presuntos responsables se encuentran «en rebeldía» tras acumular 25 demandas por despidos injustificados y abusos laborales, de las cuales cinco ya tienen una sentencia que los condenó a pagar lo adeudado a los trabajadores. Además, la Inspección del Trabajo sancionó a la empresa por incumplir los descansos dominicales y no contar con las condiciones mínimas de salubridad.

El subprefecto Giordano Lanzarini, jefe de la Brigada Investigadora de Trata de Personas (Bitrap) de la PDI afirmó que «cuando hace fiscalizaciones, la Inspección del Trabajo muchas veces lo ve como infracciones al Código Laboral. Es un problema de detección, pues no porque en una empresa exista un contrato de trabajo va significar que no exista la posibilidad de trata de persona«.

Lanzarini agregó: «La trata de persona es un modo de esclavitud moderna donde no hay barrotes, sino que la gente es controlada a través de un medio comisivo que no se ve, como el aprovechamiento de la situación de vulnerabilidad, amenazas y engaños».