Pandora Papers: Paraísos fiscales y Dominga instalan el conflicto de interés en Piñera

El conflicto de interés ha vuelto a instalarse sobre el Presidente Sebastián Piñera, luego que este domingo Ciper publicara que una sociedad ligada a su fortuna familiar cerró la venta de una minera en 2010 en las Islas Vírgenes Británicas (IVB), un territorio de baja o nula tributación conocido como paraíso fiscal.

Se trata de la polémica iniciativa minera Dominga, que pretende instalarse en la IV región y que lleva años tramitando sus permisos frente a una férrea oposición de ambientalistas. Dominga, como publicó radio Bío Bío hace cuatro años, perteneció originalmente a la familia Piñera Morel, lo cual generó la creación de una comisión investigadora en la Cámara de Diputados y una causa penal en contra de Piñera. De ambas indagaciones salió indémne el mandatario, aunque el rastro de lobby y vacíos legales quedaron a la vista.

Ahora, Ciper, en una investigación en conjunto con LaBot, en medio de una indagación mayor del Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación (ICIJ, por su nombre en inglés) denominada «Pandora Papers», revela que parte de la operación se realizó en las IVB, mismo territorio en el que Piñera construyó su trama societaria en 1997 y desde donde hizo otras inversiones polémicas, como la compra de un porcentaje relevante de la pesquera peruana Exalmar.

Además de situar parte de la operación en un paraíso fiscal, Ciper confirma que lo relevado por Bío Bío (en una cobertura de tres artículos de investigación) respecto de la venta de la familia Piñera de su participación en Dominga a Carlos Délano (Empresas Penta), fue por US$150 millones y que el contrato de IVB establecía una cláusula similar a la que tuvo a la vista Manuel Guerra, fiscal que investigó el caso en su momento.

Dicha cláusula del contrato de las IVB dice, de acuerdo a Ciper, que: «dependía de que no cambiaran las reglas en la zona donde se ubicaría el proyecto minero, denominado Santa Dominga Norte & Sur. En específico, se detallaba que el pago quedaba condicionado a que el sector no se transformara en una zona de exclusión o se convirtiera en un parque nacional o reserva nacional, lo que irremediablemente impediría el desarrollo del proyecto Dominga en esa área, así como la construcción de un puerto a 50 kilómetros de distancia».

Cuatro años antes, cuando Guerra investigaba el caso, tuvo a la vista documentos y correos de Nicolás Noguera, histórico administrador de la fortuna Piñera Morel, en los que se daba cuenta de la misma cláusula en los siguientes términos, de acuerdo a radio Bío Bío: «La fecha de la venta sería el 10 de diciembre de ese año, y de los US$ 150 millones el 93,3% se debería pagar al contado. Los US$ 10 millones restantes se pagarían a MA1 un año después, siempre y cuando no se determine que el lugar donde se instalaría Dominga está ‘emplazado en una zona de exclusión, un parque nacional o reserva natural, impidiendo de forma insubsanable el desarrollo de la actividad minera o la instalación de un puerto a 50 kilómetros de las concesiones mineras'».

En concreto, el conflicto de interés de Piñera ya era público y estaba en la mira de autoridades, pero estas optaron por cerrar el caso y eximirlo de responsabilidad.