Ejército arrienda derechos de agua a la agroindustria en zona de sequía hasta año 2047

La noche del martes, el abogado experto en políticas públicas, Julio Salas, denunció un polémico negocio del Ejército de Chile con la empresa Agroindustrial Chacabuco Quality Grapes S.A., sindicada por los vecinos de la zona como una de las responsables de afectar los recursos hídricos de Colina.

Salas, candidato a diputado independiente del Frente Amplio en el distrito 8, tuvo acceso a los contratos de arriendo de múltiples predios que el Comando de Bienestar del Ejército entregó a la empresa, los cuales tienen vigencia hasta el año 2047.

Según descubrió el abogado, la institución castrense cedió a la agroindustrial, a través de un contrato millonario, la total exclusividad en el aprovechamiento de diversos cursos de aguas afluentes del Río Colina, además de napas subterráneas de su cuenca. En detalle, serían tres los acuerdos oficiales entre los organismos y el Fondo de Inversión Río Colina S.A.

Más de 300 hectáreas comprometidas

El primero de ellos, fue firmado por el Comando de Apoyo Administrativo del Ejército en agosto de 2006, y entrega en arriendo la Hacienda Peldehue, colindante con la actual Brigada de Operaciones Especiales Lautaro, conocida como Regimiento Peldehue. Dentro del documento, se comprometen abundantes recursos hídricos para su riego.

El segundo contrato, por su parte, data de septiembre de 2007 y fue suscrito por el general Alejandro Joaquín Martínez Barrios, también del Comando de Apoyo Administrativo del Ejército, para ampliar el arriendo a 160 las hectáreas de tierra cultivable y agregar nuevas formas de captación de agua.

Finalmente, el tercero, de junio de 2016, sustituye los contratos anteriores, y amplía a más de 300 las hectáreas arrendadas, entregando a la empresa, según cita textual, “la totalidad y exclusividad de aprovechamiento de aguas sobre la vertiente El Sauco”; “la totalidad y exclusividad de aprovechamiento de la Vertiente Carvajalino”; “la totalidad de las aguas de derrame de la Vertiente Termas de Colina”; y “un 50% de las aguas de la Vertiente Quebrada la Leona”.

A estos hechos, se suman varios pozos profundos con alta capacidad de extracción de agua y acciones que el Ejército detentaba en la Asociación de Canalistas del Río Colina, detalló el abogado denunciante.

Con estos antecedentes, Salas exigió al Ejército informar “a dónde llegan los fondos y quién se beneficia en la institución castrense con este millonario contrato de arriendo que tiene vigencia hasta el año 2047. Es inaceptable que una institución militar haga negocios con el agua de la comunidad”.

Así, agregó que “esperamos que en la Convención Constitucional se alcance una amplia mayoría, para la desprivatización inmediata y total del agua; para que situaciones de abuso como la descrita se detengan y el enriquecimiento de unos pocos no siga privando a las grandes mayorías de nuestros bienes comunes”.

“Negligencia evidente”

En conversación con El Desconcierto, Julio Salas acusó que, en este caso, “hay una negligencia evidente de la autoridad civil, por no haber monitoreado este tipo de negocios que estaba haciendo el Ejército. Se entiende que el Ejército trabaja con secretismo en muchas de sus operaciones, pero esta es una operación que no tiene nada de táctico ni estratégico”.

“Estamos hablando de una operación vulgarmente comercial, y uno supondría que la autoridad civil debiera ser capaz de monitorear e impedir que este tipo de negocios se materialicen”, puntualizó.

Desde la institución castrense, aseguraron que el Comando de Bienestar realiza todas sus labores amparados dentro del marco legal, enfatizando que los polémicos contratos se adhieren a la ley.

Sobre estos dichos, Salas analiza que hay un “dilema jurídico”. “No creo que el Ejército esté respondiendo adecuadamente, porque estos son bienes fiscales entregados al Ejército para su administración, pero para los fines que son propios del Ejército, y entre ellos, evidentemente, no está comercializar con agua. Se puede entregar a una institución, pero para los fines que son propios, no para que lo dedique a generar una fuente de ingresos, cuyo destino es discutible”.