La alcaldesa de Santiago, Irací Hassler, junto a organizaciones sociales, solicitó al Servicio de Evaluación Ambiental (SEA) revisar el permiso ambiental (RCA) dado al proyecto de la Línea 7 del Metro argumentando que no se consideraron todas las repercusiones ambientales y patrimoniales que tendría el futuro trazado del tren metropolitano.
La petición busca que se anule la licencia o que se haga un nuevo diseño del proyecto de transporte urbano que unirá las comunas de Renca con las de Vitacura y Las Condes a través de una evaluación del Comité de Ministros, instancia encargada de analizar reclamos de la comunidad ante proyectos que eventualmente pueden afectar el medio ambiente.
La alcaldesas Hassler presentó una de las principales reclamaciones a través de un documento que detalló que las zonas que podrían ser afectadas de manera irreversible son el Parque Forestal, donde se instalaría una nueva combinación de la estación Baquedano, el eje Barrio Santa Lucía-Mulato Gil de Castro y el Barrio Lastarria, según detalló La Segunda.
El texto de 807 páginas emitido por la jefa comunal argumenta: «Nos encontramos ante una RCA que permite ejecutar un proyecto, que aun siendo insuficiente, incompleta e ilegal, reconoce impactos significativos e irreparables, que en nuestra opinión, son de mayor significación y que resultará en un daño ambiental irreparable».
Metro respondió a través de un comunicado que responderá a las inquietudes presentadas en las reclamaciones y aseguró que este proceso no afectará la inauguración de la Linea 7 programada para el 2017 porque aseguraron que las etapas de evaluación ambiental «están consideradas en el cronograma del proyecto».