Apruebo Dignidad critica allanamiento de Comunes y acusa intervencionismo electoral

La tarde de este viernes, a menos de 48 horas de las elecciones presidenciales, parlamentarias y de consejeros regionales, funcionarios de Carabineros allanaron la sede del partido Comunes en el marco de la investigación por fraude de subvenciones contra Karina Oliva.

De acuerdo al fiscal de Alta Complejidad, Milibor Bugueño, la acción de la Unidad de Lavado de Activos de Carabineros se realizó después de que el partido Comunes se negó a un registro voluntario, según información de Radio Biobío.

Desde Apruebo Dignidad diversos dirigentes han manifestado su rechazo a la diligencia y la han catalogado de «desproporcionada» y como un acto de intervencionismo electoral.

La diputada de Comunes, Camila Rojas, afirmó: «Como Comunes hemos estado y estamos a disposición de las investigaciones que sean necesarias. Así lo hemos dejado claro. Hemos tomado medidas y restado apoyos, hoy las personas involucradas están suspendidas ¡Esta acción es desproporcionada considerando estos antecedentes!».

Por su parte, el excandidato presidencial de la coalición y alcalde de Recoleta, Daniel Jadue, sostuvo que es «impresentable el uso de la fuerza contra un partido político de oposición a días de un proceso eleccionario. Misma fuerza y violencia no he visto contra los corruptos de siempre donde está incluido el Presidente de Chile ¡Esto es intervencionismo descarado de un poder del Estado!«.

También Giorgio Jackson, diputado de Revolución Democrática, se sumó a las críticas. «Con la misma fuerza del reproche a rendición y el apoyo a investigación total, tenemos que decir que montar un allanamiento con metralletas a partido político de oposición, citando a los medios en horario prime, durante silencio electoral tiene un sólo nombre: intervencionismo«, opinó.

El inicio de la investigación fue ordenado este jueves por orden del Fiscal Nacional, Jorge Abbott, y se dio tras la revelación de las rendiciones ante el Servicio Electoral (Servel) de Oliva por su campaña a gobernadora de la Región Metropolitana. En ellas hubo siete militantes de Comunes que recibieron un total de $137 millones.

Los pagos más abultados fueron los de Martín Miranda Sepúlveda, jefe de campaña que recibió $8 millones mensuales promedio durante cinco meses, y Luis Romero, encargado territorial que cobró $10 millones por un mes de trabajo.