El caso de estafa y maltrato a una mujer con Alzheimer que la Fiscalía no llevó a juicio

“Mi preocupación es que el Ministerio Público destruya la causa de mi mamá”, anticipa Layla Baraqui, hija de Elba Callejas (74). Hace cuatro años Carabineros llegó hasta una casa en la comuna de Vallenar, Región de Atacama, tras una llamada. En el lugar, los funcionarios se encontraron con Layla y su hermana Paola Baraqui, además de Enrique Rodríguez Serey, quien había sido padrastro de ambas y fue quien llamó a la policía acusando que le estaban sacando objetos de la casa. Para sorpresa de los funcionarios policiales, lo que siguió fue una serie de acusaciones de violencia intrafamiliar, estafas millonarias y lavado de dinero.

Los uniformados, perplejos por la trama, se dieron cuenta que el caso era más complejo de lo que parecía, así que se comunicaron con el fiscal de turno de la ciudad, quien instruyó a la Policía de Investigaciones (PDI) para que fueran al lugar e incautaran una serie de documentos contables, escritos y otro tipo de papeles que, con el transcurso de la investigación, revelaron antecedentes que apuntaban a la presunta manipulación de Elba Callejas, quien padece Alzheimer, para cometer fraudes de miles de millones de pesos.

Las indagatorias se extendieron por años y la cantidad de antecedentes que se acumularon llenaron varios tomos de investigación. Sin embargo, en agosto de este año y solo cuatro meses después de agregar cargos por hurtos de cientos de millones, en una gestión sorpresiva, la Fiscalía informó al tribunal de su decisión de no perseverar en la causa.

Este jueves, el Juzgado de Garantía de Vallenar deberá decidir si obliga al Ministerio Público a forzar una acusación.

“No nos dejaba verla”

Para Julio Artigas, el exfiscal de Vallenar y jefe de las investigaciones de este caso hasta fines de 2018, las pruebas del caso son contundentes. “Ella (Callejas) tenía un patrimonio importante, se produce una venta de terrenos agrícolas que ella poseía y los pagos -que eran de cantidades altas- sin explicación desaparecían de sus cuentas y terminaban en la cuenta de quien fue posteriormente el imputado (Enrique Rodríguez Serey)”, relata.

“Los medios probatorios eran concordantes en que la señora Elba tuvo una condición de salud que se va deteriorando (desde 2011), en ese momento es que su excónyuge reinicia una relación con ella, que habría sido de convivencia, y aparentemente la cuidaba, pero en realidad las pruebas lo que dieron cuenta es que toma control sobre su vida y su patrimonio”, explica.

“Enrique Rodríguez Serey lograba que se efectuaran ciertos traspasos de la cuenta de la señora Elba, luego iban a la cuenta de una sociedad y de ahí se traspassba a la cuenta de él de manera directa o se depositaban en cuenta de sociedades de su control”, sintetiza.

De igual forma, “había hecho como gastos inusualmente altos con las tarjetas de la señora Elba en el casino Enjoy de La Serena, eran muchos los antecedentes que daban cuenta de traspasos absolutamente irregulares desde el patrimonio de la víctima”, explica.

En la querella, Paola y Layla cifran los perjuicios a Elba Callejas en más de $3.500 millones.

Artigas afirma que los testimonios y los peritajes habían dado cuenta de la situación de maltrato que vivió la víctima por parte de su entonces conviviente Enrique Rodríguez. “Todos esos elementos fueron bastante coincidentes concordantes, hubo testimonios que daban cuenta de este control absoluto que él tomó respecto de su vida, cómo los fue separando de sus hijas, incluso llegamos a incautar unos cuadernos en donde se anotaron frases que le repetían a la señora Elba y se las obligaban a decir cuando sus hijas la llamaban, que ella no quería tener contacto con ellas, por ejemplo”, sostiene.

Layla confirma esta situación: “Fue angustiante. Él le tenía absolutamente prohibido cualquier contacto de los tres hijos”. Incluso, aseguran que Elba fue diagnosticada con Alzheimer en 2011, pero que recién se enteraron de que estaba enferma en 2013, sin que se les permitiera acceder a los exámenes médicos.

Relata que poco tiempo antes de ese día en que llegó Carabineros, fue hasta el departamento en La Serena donde vivía Elba con Enrique para “verla sorpresivamente, sin avisarle a nadie. Encontré a mi mamá, después de un año, justo en el minuto donde él la estaba insultando y descalificando. Ella lloraba, fue espantoso”. En ese momento sacó a su madre de ahí.

“Cuando me la llevé, ella estuvo durmiendo al lado mío durante dos semanas. Despertaba llorando por miedo”, relata.

Paola cuenta que al principio era muy difícil realizarle controles médicos, por el estado traumático en el que se encontraba. “Era imposible hacerle los exámenes: no hablaba, se agachaba, tiritaba”.

En paralelo, las indagatorias del entonces fiscal Artigas avanzaron y Rodríguez fue formalizado por hurto agravado, estafa y maltrato habitual. Además se le investigó por lavado de activos y se le decretaron medidas cautelares en su contra y sobre sus propiedades.

Según recuerda Artigas, tras más de un año en el caso, estaba en proceso de indagar sobre la posible participación de un contador en los ilícitos cuando a fines de 2018 le informan que sería trasladado de la Fiscalía de Vallenar, teniendo que dejar todas las causas que llevaba hasta ese momento. “Fue sorpresivo, todavía no le encuentro la explicación”, asegura.

En su lugar entró el actual fiscal de la comuna: Nicolás Zolezzi.

“Me sepultaron”

La relación con el nuevo fiscal no fue buena, según las hijas de la víctima. Layla sostiene que desde la primera audiencia hubo problemas. “Veo un cambio rotundo de trato, es decir, en la audiencia el fiscal no sabía el nombre de mi mamá (…) además con una actitud prepotente desde el primer momento. Para mí fue inaudito”, dice. “Llegamos a un fiscal nuevo que con el tiempo fue maltratador con nosotros, con mi hermana y conmigo”, agrega.

Por su parte, Paola recuerda uno de los episodios en los que su madre fue a declarar en 2019, cuando ella ya actuaba como su representante legal. Según relata, Elba no estaba en condiciones de salud para realizar la declaración, lo que habría acreditado con informes médicos, pero que la diligencia se realizó de todas formas. Finalizado el trámite, y sin que la víctima pudiese haber declarado, Zolezzi le habría pedido a Elba que firmara la declaración, ante lo que Paola pidió consultar con su abogado para saber si dado su estado de salud podía firmar ella directamente. Esto habría generado el enojo del fiscal, quien de acuerdo al relato de la querellante, levantó la voz afirmando que “le había dado una orden”. “Ahí mi mamá se puso a llorar muy nerviosa”, cuenta.

Fueron múltiples los reclamos que interpusieron las hijas de Elba Callejas en contra del fiscal Zolezzi ante el Ministerio Público, sin que ninguno fuera respondido.

“Mi única salida fue hacerlo público”, afirma Layla, dando cuenta de cuando se dirigió por primera vez a los medios hace un par de años, “pero ahí me doy cuenta que no solamente era el fiscal Zolezzi, sino que detrás estaba el fiscal Alexis Rogat, de la Fiscalía Regional”.

Layla asegura que a principios de 2019, a través del senador Rafael Prohens (RN), consiguió una reunión con el fiscal regional de Atacama, Alexis Rogat. “La conversación giró en torno a la necesidad que volviera el fiscal Julio Artigas a retomar la causa de mi mamá, porque ya estábamos en un proceso exitoso”, cuenta.

“El fiscal Rogat me confirmó que el fiscal Julio Artigas era uno de los pocos, sino el único, que tenía experiencia en delitos económicos complejos y lavado de dinero. Pero que él quería darle una oportunidad al nuevo fiscal, pese a que no tenía experiencia, pero sí lo apoyaban las estadísticas”, relata.

Según la versión de Layla, Rogat explicó que Zolezzi era “un fiscal capaz de resolver muchas causas”, a lo que ella habría respondido: “Mi mamá no es un número. Es una causa muy compleja y es un fiscal que no tiene experiencia en lavado de dinero y entonces ahí me dice que mi mamá es una más de 400 mujeres en Chile (en situaciones parecidas). Yo le respondo ‘no señor, usted se está equivocando, ninguna mujer es una más’”.

La conversación habría terminado en un altercado con el fiscal Rogat. “Fui alguien que se atrevió a hablar y decirle a la cara al fiscal regional, simplemente por la verdad de una víctima, con el dolor de ver a su mamá víctima de maltrato. Ahí me sepultaron”, afirma.

La tesis de Layla es que esa conversación marcó el destino de la causa de su madre.

La investigación siguió su curso y en abril de 2021 la Fiscalía reformalizó a Rodríguez Serey y agregó cargos en su contra, además formalizó a Claudia Leiva, quien concertada con el imputado habría cometido hurto agravado en varias ocasiones. En específico se les acusó de hacerle firmar cheques por cifras millonarias a la señora Elba Callejas para luego girarlos en caja, todo esto aprovechándose del deterioro de salud de la víctima.

En esa audiencia, el Ministerio Público argumentó entre otras cosas que en “diciembre de 2013, el imputado, don Enrique Rodríguez Serey, realizó un depósito de $455.944.641, desde la cuenta de la sociedad Comercializadora Agrícola Export 33 Limitada, en la cuenta corriente N°(xxxxxx), del Banco de Chile, de la cuentacorrentista, Inversiones Las Terrazas Limitada, sociedad en la cual la víctima, doña Elba Margarita Callejas Molina, en ese entonces era socia mayoritaria y administradora, y sus hijos socios minoritarios, y en la que ninguno de los imputados tiene participación alguna ni facultades de administración”.

Luego, “ese mismo día, una vez depositado el dinero en la cuenta de la sociedad Inversiones Las Terrazas Limitada, la imputada, doña Claudia Leiva Iriarte, y el imputado, previamente concertados, sin la voluntad de su dueña, con ánimo de lucrarse, y aprovechándose del estado de salud de la víctima, se apropiaron de 1 cheque , (…) el cual fue llenado por la imputada con letra manuscrita, a nombre o en favor del imputado, por la suma de $455.944.641”, se argumentó.

Los imputados se habrían valido del trastorno neurocognitivo de doña Elba y lograron que firmara los cheques que luego cobraron, de acuerdo a lo que se expuso en la audiencia. Así, en total, en esa oportunidad, se imputaron 85 delitos de hurto agravado por cientos de millones.

Sin embargo, solo cuatro meses después, en agosto de este año, el fiscal Nicolás Zolezzi solicitó el sobreseimiento definitivo de Rodríguez y Leiva sobre los delitos de estafa y lavado de activos, y comunicó la decisión de no perseverar en la causa respecto a los maltratos, apropiación indebida y los hurtos. Estos últimos, los mismos que habían sido formalizados en abril.

Finalmente, en noviembre pasado se llevó a cabo la audiencia y el Ministerio Público comunicó la decisión de no perseverar en la investigación para todos los delitos. El tribunal, a pesar de la decisión de los persecutores y ante la evidencia del caso, mantuvo las medidas precautorias en contra de Rodríguez Serey, pero no tenía la posibilidad de rechazar la decisión.

La única opción para las querellantes fue insistir ante el Juzgado de Garantía de Vallenar y buscar que el tribunal obligue al Ministerio Público a llegar a juicio oral.

“Es difícil entender una decisión de no perseverar”

Artigas afirma que no quería el traslado de Vallenar. “Nunca lo entendí del todo”, explica y relata que “se invocaron razones familiares del otro fiscal que llegó, él tenía un hijo que vivía en La Serena, pero resulta que toda mi familia estaba en Vallenar, entonces era una explicación que no era entendible”.

Consultado sobre cuál sospecha que habría sido el motivo sostiene, sin entrar en detalles, que “creo que hubo desavenencias con el fiscal regional y entiendo que eso motivó mi traslado (…) una serie de problemas internos que había en la Fiscalía de Vallenar y no estuve de acuerdo con los lineamentos que se querían imponer desde la Fiscalía Regional”.

En cuanto a la decisión de no perseverar del fiscal Zolezzi sostiene que “es un caso donde es muy evidente que hubo traspasos muy relevantes. Estamos hablando de cifras que en años atrás estaban cercanas a los $500 millones, por la venta de unas propiedades de una sociedad relacionada a la víctima y el imputado, Export 33 una propiedad agrícola. Recibió la señora Elba un pago de $500 millones y eso en pocos días terminó en la cuenta de Enríque Rodríguez Serey”, argumenta.

“No había ninguna justificación -y buscamos muchísimo- de alguna operación comercial que diera cuenta de esos traspasos”, enfatiza.

Para el exfiscal “es difícil entender una decisión de no perseverar con esa contundencia de antecedentes, con una formalización de por medio, donde se discuten las medidas cautelares ante la Corte de Apelaciones de Copiapó y que son ratificadas”.

Sobre si cree que su traslado tuvo algo que ver con el caso de Elba Callejas, sostiene que “no tengo absoluta certeza de que esto esté directamente relacionado al caso, pero sí yo estuve muchos años en Atacama y esto fue bastante inusual. Aparte de mi caso, no conozco que se haya efectuado un traslado sorpresivo, ni siquiera se consultó. Fue algo anómalo”.

Artigas dejó el Ministerio Público en 2019 luego de interponer denuncias de acoso laboral y que sus quejas no hayan sido atendidas por la institución.

El Desconcierto se contactó con la Fiscalía Regional de Atacama y con la Fiscalía Local de Vallenar para consultar sobre este caso, pero hasta el cierre editorial no había respuesta.

Por su parte, contactado Enrique Rodríguez Serey, afirmó que no haría declaraciones al respecto.