Preso de la revuelta podría quedar en libertad tras inédita aplicación de normativa internacional

Nicolás Piña, ingeniero y preso del estallido social desde febrero del año 2021 a causa del incendio en cercanías de Plaza Dignidad de un furgón de Carabineros en el contexto de una protesta, podría recuperar prontamente su libertad.

Respecto del caso, a Piña lo formalizaron por homicidio en grado frustrado, lanzamiento de artefacto incendiario y hurto. Luego de la respectiva audiencia, quedó en prisión preventiva en Santiago 1.

Tras casi un año encarcelado, y alegando inocencia por los cargos imputados, podría quedar en libertad durante las próximas horas como consecuencia de la aplicación del derecho internacional.

Sobre la decisión que podría dar un vuelco a su compleja situación, su abogado defensor, Fernando Monsalve, conversó con El Desconcierto.

«Lo que pasó ayer es una decisión inédita. Por vez primera se acepta un razonamiento jurídico basado en el examen de convencionalidad y específicamente el razonamiento que deben tener los Tribunales de Justicia. En este caso un juez de garantía, respecto de si ciertas normas vulneran o no otras normas. En este caso, normativa de carácter internacional, tanto de la Convención Americana de DD.HH., como de resoluciones o sentencias de la Corte Interamericana de DD.HH», comienza detallando.

Justicia acogió imposibilidad de establecer una cautelar privativa de libertad

Monsalve agrega que «ese examen, que generalmente no se hace, y se transgreden normativas internacionales, se realizó por parte de la magistratura. Se acogió como debiese ser la imposibilidad jurídica de establecer una medida cautelar privativa de libertad, como es la prisión preventiva, de sustentar una medida cautelar respecto de una persona que es inocente hasta que se pruebe lo contrario, en razón de una causal, característica o antecedente que en Chile se ocupa en el 99% de los casos, que es ‘peligro para la seguridad de la sociedad'».

«Eso, tanto la Convención Americana de DD.HH, como la Corte Interamericana de DD.HH. han sido clarísimas en cuanto a que no pueden utilizarse, porque ese análisis vulnera derechos de las personas», comenta el jurista.

Posteriormente, detalla que «esto se acogió y se mantuvo en prisión preventiva a Nicolás, sólo por la eventualidad de un peligro de fuga, eso determinó el tribunal. Y eso está conforme a normativa internacional de los DDHH. Lo que pasa es que cuando sólo se mantiene a alguien por peligro de fuga, privado de libertad, corresponde automáticamente poder cambiar esa privación de libertad por una caución, que en la práctica implica que garantizaría los mismos efectos cautelares de inhibir la fuga».

Tribunales piden una millonaria caución

Sin embargo, Monsalve apunta luego a otro inconveniente para la causa, explicando que en razón de los argumentos anteriores, «se fija un monto, que en este caso es elevadísimo para personas que no tienen recursos». Y, a renglón seguido, cuestiona a la fiscal y a los representantes del Estado en esta audiencia, apuntando a una mala intención de su parte. «Me sorprende la falta de conocimiento de normativa en DD.HH. Incluso la mala fe en que actúa en este caso la fiscal, pidiendo $10.000.000 de caución, argumentando que Nicolás contaba con dos abogados y abogadas particulares. Sin duda no entiende que algunos abogados nos movemos por justicia, por valores, principios, luchas y no por dinero», critica.

Finalmente, el abogado cuenta que luego «lo que pasó es que se apeló. Malamente el Ministerio Público, el CDE, el Ministerio del Interior y el querellante particular apelaron, entonces  se mantiene en prisión preventiva hasta que se conozca esta apelación, que se conoce mañana (jueves 6 de enero) en la Novena Sala, una sala que siempre integra la ministra Dobra Lusic».

¿Cuál debiera ser la decisión de tribunales? «Debiesen revocar, esto es cambiar la resolución o confirmarla y, por lo tanto, si la familia de Nicolás logra reunir $8.000.000 (monto finalmente acordado) podría salir en libertad», comenta Monsalve.