La Corte de Apelaciones de Santiago determinó que el exsenador Jaime Orpis (UDI) deberá cumplir su condena íntegra en prisión de manera efectiva, confirmando el fallo de primera instancia en el marco del Caso Corpesca.
En abril, el otrora parlamentario gremialista fue condenado por el Tercer Tribunal de Juicio Oral en lo Penal a cinco años y un día de cárcel por seis delitos de fraude al Fisco y a 600 días más de presidio por dos delitos de cohecho.
Ante esto, la defensa de Orpis solicitó al tribunal de alzada, a través de una acción judicial, que la pena por cohecho fuera cumplida en libertad. Sin embargo, el requerimiento fue desestimado, según detalló Biobío.
Además, Carlos Cortés, abogado del exsenador, pidió a la corte capitalina que se repitiera el juicio contra su representado, lo que también fue rechazado. Tras esta decisión, el jurista decidió presentar un recurso de queja.
Caso Corpesca
Jaime Orpis fue declarado culpable en diciembre del año pasado, cuando la justicia estableció que en el contexto del caso Corpesca defraudó al Estado en $120 millones en asesorías parlamentarias inexistentes y fue responsable de cohecho en dos casos de los cinco que le imputada el Ministerio Público.
Orpis, además de la pena de cárcel, deberá pagar una multa que supera los $5.983.790, que representan 5% de lo defraudado, mientras que en ámbito de su ejercicio profesional, queda inhabilitado perpetuamente en sus derechos políticos, además de estar impedido de ocupar cargos u oficios públicos durante el tiempo que dura su condena.
En el este caso de corrupción también fue declarada culpable la exdiputada gremialista Marta Isasi, condenada por uno de los tres delitos de cohecho que se le imputaron, ilícito por el que tribunales estableció una pena de 50 días de presidio efectivo, a lo que se suma un año y cinco meses de suspensión para ejercer cargos públicos en su grado medio y una multa de $20 millones que le permitió cancelar en 12 cuotas.
Respecto de Corpesca, la justicia decidió condenarla por el delito de soborno, tras pagar a Orpis e Isasi para que defendieran sus intereses en la tramitación de la Ley de Pesca.