“En Chile, no se regula ni garantiza el derecho a la comunicación y el derecho a la información como un derecho humano”, dice uno de los párrafos del escrito que enviaron con su firma las convencionales Ivanna Olivares y Manuela Royo.
En la misiva, dirigida a la presidenta María Elisa Quinteros y al vicepresidente Gaspar Domínguez, las representantes manifiestan que legislar sobre esta materia es “frente al silencio de los medios tradicionales en materias tan sensibles como la sistemática violación de DDHH, han sido estos los que han levantado la voz”.
Ambas convencionales concuerdan en la importancia que tienen los medios de comunicación en la actualidad y ahí radica la importancia de que esté contemplada en la futura Carta Magna.
“La concentración de la propiedad de los medios en Chile es un elemento que atenta contra la pluralidad informativa, indispensable para el fortalecimiento de la opinión pública”, señala el escrito.
En la misiva se argumenta que “tras el retorno a la democracia las elites gobernantes optaron por una ‘no política en comunicaciones’ orientada a restringir la acción estatal, acentuando así a un mercado privado altamente concentrado que acapara buena parte del avisaje estatal”.
¿Qué viene ahora? Todas las normas pasarán a discutirse en sus respectivas comisiones durante el mes de enero para debatirlas y votarlas en general.
Según se acordó en las coordinaciones de las 7 comisiones temáticas, ninguna norma debería votarse en particular antes del 1 de febrero, fecha en que terminará todo el proceso de ingreso de normas populares.