«La crisis es brutal»: Denuncian sobre 100 pozos de agua ilegales en Combarbalá

Inquietud existe entre los habitantes del Valle del río Cogotí, en Combarbalá, a causa de los numerosos pozos ilegales de extracción de agua que estarían afectando a la cuenca y amenazando la disponibilidad de agua para el consumo humano.

Así lo asegura Roberto Ochoa, miembro y vocero de la Coordinadora por la Defensa del Agua Valle de Cogotí 18, agrupación que pone sobre la mesa esta compleja situación. El colectivo al que pertenecen juntas de vecinos, comités y gremios de la Salud, detalla la problemática que apremia a la comunidad en un artículo publicado por el medio regional El Ovallino.

“Al estar instalados estos pozos y extraer el agua, disminuye el caudal que tiene el subsuelo y obviamente disminuyen las napas que alimentan a los APR ( Programa de Agua Potable Rural), que administran la entrega de agua a todas nuestras comunidades”, aseguró.

Paralelamente, Ochoa lamenta que como consecuencia de la pandemia la crisis hídrica que enfrentan zonas como el Valle de Cogotí haya quedado invisibilizada. En su opinión, la realidad de la sequía sumada a situaciones como la extracción ilegal de agua, hacen que el panorama sea realmente complejo.

“Nuestra preocupación aquí es que los vecinos se están quedando sin agua. Y sin el recurso hídrico, estos territorios se van a despoblar tarde o temprano. La crisis hídrica que estamos viviendo en Combarbalá es brutal. Aquí, por ejemplo, hay camiones que están prácticamente todo el día corriendo para abastecer a los APR”, revela.

“Esos sistemas de APR son los últimos que van quedando»

Desde el municipio de Combarbalá, el alcalde Pedro Castillo se sumó a los reclamos de los vecinos del valle de Cogotí, señalando que lo que ocurre en ese lugar “es muy complejo”.

De acuerdo a su testimonio, “esos sistemas de APR son los últimos que van quedando con cierto grado de autosuficiencia para abastecer de agua potable a los vecinos de esos sectores. Por lo tanto, la existencia de pozos ilegales ponen en serio riesgo el abastecimiento para los próximos meses más críticos, como son febrero, marzo y probablemente abril”.

Adicionalmente, explica que de acuerdo a cifras preliminares, serían cerca de 125 los pozos ilegales contabilizados. En cuanto a la distribución, estos se extienden a lo largo del río Cogotí, lo que genera un daño en las napas subterráneas y afecta los sistemas de APR.

Fiscalización llega cuando la infracción ya está corregida

Considerando la envergadura del problema, la municipalidad y la coordinadora del Valle de Cogotí, insisten en que es necesario que la Dirección General de Aguas, refuerce el control y fiscalización en los predios donde estarían los pozos ilegales. Lo anterior porque, en opinión de los habitantes del sector, pese a que hay denuncias, las acciones de la DGA hasta ahora, han resultado insuficientes para detener el ilícito.

Tanto es así que Ochoa incluso denuncia otro tipo de situaciones que agravan el problema. “Tenemos personas que cuando han puesto denuncias en la DGA (Dirección General de Aguas), funcionarios de esta van a fiscalizar y no sabemos cómo se anticipan y cuando llegan los fiscalizadores, ya han extraído o sacado las bombas de los pozos. De hecho, han cambiado la cantidad de caudal que tira la bomba”, relata. Obviamente, con esto se borra toda evidencia del ilícito, haciendo imposible que se compruebe la irregularidad.

A lo anterior se suma que durante las fiscalizaciones los funcionarios de la DGA, no se apoyan «de gente de los APR o de las juntas de vecinos que están siendo afectadas”, lo que lamenta.

En este sentido, Castillo detalla que hasta ahora las denuncias han quedado reducidas a temas administrativos, por lo que su intención es solicitar una audiencia en La Serena con el director regional de Aguas, para plantearle el problema.

“Hay situaciones que a nuestro juicio tienen que ser corregidas. Por ejemplo, desconocemos si hay una jefatura titular a nivel provincial del Limarí, y hace bastante tiempo que no tenemos noticias de la DGA a nivel provincial, tampoco a nivel regional. No hay respuesta a los requerimientos que se han hecho”, complementa.

DGA: «Hay extracción ilegal de agua”

En diálogo con diario El Día, el director regional de la DGA, Cristóbal Juliá, admitió que Combarbalá y sectores de Monte Patria, están entre las zonas con mayor cantidad de denuncias por robo del elemento básico para la supervivencia. “Por supuesto tenemos identificados una gran cantidad de puntos donde hay extracción ilegal de agua”, reconoce.

Juliá dijo además que el martes, la fiscalizadora DGA de Ovalle, Alejandra Aguilar, llegó hasta Cogotí, pero agregó que hasta hoy “tenemos muy pocas denuncias en la zona. De hecho, en el río Huatulame tenemos una sola denuncia, y por parte de Cogotí tenemos una o dos”.

Finalmente, el director de la DGA planteó que “es de suma importancia que se identifiquen esos pozos y que pongan la denuncia en la DGA. Eso a nosotros nos permite actuar de manera mucho más eficiente con los limitados recursos que tenemos como servicio. Por ley, estamos obligados a actuar. O bien, si hay indicios de usurpación de aguas, la denuncia se debe hacer ante el Ministerio Público”.

Alineado con la autoridad, Juliá convocó a los vecinos “a hacer las denuncias pertinentes, con fotografías, con nombre y apellidos, y nosotros administrativamente tendremos que resolver”.