Las dos iniciativas de normas constitucionales transitorias, que fueron aprobadas hoy en general, buscan impulsar el desarrollo legislativo y de políticas públicas que materialicen los derechos y garantías propuestos conforme a los estándares internacionales en materia de derechos humanos y derecho indígena.
Desde la Comisión Transitoria de Derechos Humanos, Verdad Histórica y Bases para la Justicia y Reparación Integral de la Convención Constitucional (CC), se han venido impulsando dos normas transitorias que fueron aprobadas en general esta jornada, relacionadas con los derechos de las primeras naciones.
A grandes rasgos, la primera de las normas transitorias establece las bases de una política de restitución de territorio ancestral, y la segunda busca poner fin a las concesiones mineras en territorio indígena.
Cabe destacar que la idea se desarrolló y tomó forma en el seno de la Comisión de Derechos de Pueblos Indígenas, gracias a el grupo de escaños pro autonomistas que siguieron impulsando la norma en el documento base, rechazado por otro grupo de escaños.
La iniciativa completa propone cinco artículos a la Comisión de Derechos Fundamentales que abordan el derecho a la tierra, territorios y recursos; aguas y bienes naturales, espacios sagrados, el derecho a la no intervención militar y a las garantías de no repetición, restitución y reparación de los pueblos.
Alcanzar estándares internacionales en derecho indígena
El primer artículo señala que “los pueblos y naciones preexistentes tienen el derecho de propiedad y de posesión sobre las tierras y el territorio que actual o tradicionalmente han ocupado…” y que “el Estado reconoce, respeta, protege y garantiza los derechos precedentes y la especial relación de los pueblos y naciones preexistentes con sus tierras, territorios y espacios sagrados…” entre otros derechos ya desarrollados y consagrados en distintos instrumentos internacionales.
A esta propuesta se suman las dos iniciativas de normas constitucionales transitorias que fueron aprobadas hoy en general, cuyo fin es impulsar el desarrollo legislativo y de políticas públicas que materialicen los derechos y garantías propuestos conforme a los estándares internacionales en materia de derechos humanos y derecho indígena.
Ambas fueron ingresadas por los constituyentes Natividad Llanquileo Pilquimán, Alexis Caiguan Ancapan, Victorino Antilef Ñanco, Machi Francisca Linconao Huircapán, Eric Chinga e Isabel Godoy, con apoyo de otros convencionales.
La primera de ellas, propone una comisión especial plurinacional y paritaria “encargada de desarrollar e impulsar las bases de una política de saneamiento, catastro y restitución de las tierras, aguas, territorios indígenas históricos y espacios sagrados…”.
Por su parte, la segunda señala: “Decrétese la nulidad de pleno derecho de todos aquellos permisos, autorizaciones o concesiones de exploración y explotación mineras, áridos, aguas, forestales, mega proyectos de generación eléctrica y cualesquiera otros del mismo tipo que recayeren sobre bienes naturales ubicados en territorios indígenas, cuando estos permisos, autorizaciones o concesiones hayan sido otorgados o implementadas sin el consentimiento previo, libre e informado de las comunidades indígenas del territorio o la debida consulta…”.
La iniciativa de escaños fue patrocinada por convencionales de Chile Digno, eco constituyentes, escaños reservados y convencionales generales y de la nueva Coordinadora Plurinacional y Popular.