Proyecto que entrega datos a la Fiscalía enciende alarmas de la academia y sector privado

Mediante un comunicado, representantes de la academia, la sociedad civil y el sector privado manifestaron su preocupación por un proyecto de ley, recientemente aprobado por una Comisión Mixta del Congreso, que permitiría la entrega de datos personales al Ministerio Público, sin orden judicial previa.

En detalle, se trata de una ley que actualiza el catálogo de delitos informáticos vigente en Chile que data de 1993. Sin embargo, en una parte del proyecto se estipula que la Fiscalía podrá pedir, sin autorización judicial, a los proveedores de servicios los datos de suscriptor que posea sobre sus abonados, así como también la información respecto a las direcciones IP utilizadas por éstos. Esto es, nombre, dirección, teléfono, entre otras informaciones.

Respecto a la ley, que modifica el Código Procesal Penal, las distintas fundaciones, asociaciones y universidades que suscriben el documento cuestionan que en el proyecto no existan “mecanismos de transparencia ni de rendición de cuentas que permitan controlar el uso de una herramienta de vigilancia que, además, puede ser utilizada para la investigación de cualquier delito, incluidos delitos menores o de bagatela”.

“La norma aprobada, además, impone un deber de secreto que hará imposible conocer con certeza el despliegue de intrusiones estatales que podrían afectar no solo el derecho a la privacidad de los ciudadanos, sino también la labor de periodistas y sus fuentes, medios de comunicación, organizaciones y movimientos sociales”, agregan en el comunicado replicado por diversos medios.

En ese sentido, expresan que “vemos con preocupación la ambigüedad del texto legal al establecer como único requisito la existencia de una ‘investigación en curso’, sin siquiera exigir una especificidad individual, abriendo un amplio margen para solicitudes genéricas e indefinidas”.

“En definitiva, el texto carece de las garantías de respeto y protección de derechos fundamentales que nuestro sistema jurídico exige para permitir el acceso a los datos personales de los ciudadanos”, cuestiona la declaración firmada por la Asociación Chilena de Empresas de Tecnologías de Información, la Fundación Datos Protegidos, la Asociación Latinoamericana de Internet, el Centro De Estudios En Derecho Informático de la Facultad De Derecho de la Universidad De Chile, la Internet Society, la Sociedad Chilena de Seguridad de la información, y la organización Derechos Digitales.

Agregan que “esta normalización de la vigilancia estatal vulnera el derecho de todo ciudadano a no ser objeto de intrusiones gubernamentales injustificadas, uno de los pilares básicos de toda democracia, pues sin él resulta imposible el ejercicio de otros derechos tan fundamentales como la libertad de expresión, la libertad de asociación y la libertad de informar y ser informado, entre otros”.

“Siendo la separación y el control de los poderes de los organismos del Estado un eje central de todo sistema democrático, esperamos que el Congreso rechace cualquier norma que pretenda dotar al Estado de mayores herramientas de vigilancia sin contemplar los mecanismos necesarios para controlar su uso”, concluye.

Microsoft en alerta

Quien también manifestó su preocupación por el polémico proyecto fue Alex Pessó, el director de Asuntos Legales de Microsoft Chile, señalando al Diario Financiero que “no se está respetando el debido proceso ni los derechos que tienen las personas sobre sus datos personales”.

“Nosotros no nos oponemos en lo absoluto a colaborar con la justicia en investigaciones judiciales. Pero lo que estamos alertando es que aquí se está haciendo sin una resolución judicial, de un juez imparcial”, agregó.

Dentro del texto legal, se define que los proveedores de servicios, como Microsoft, estarán obligados a entregar la información solicitada por el Ministerio Público, y además deberán mantener el secreto de estas peticiones por los plazos que disponga la Fiscalía. Y en el caso que una firma como Microsoft se opusiera a entregar la información, el Ministerio Público podría ingresar a la oficina a retirarla, incluso arrestando a ejecutivos de la empresa.