Este martes se conoció que el Partido Republicano estaría analizando presentar una acusación constitucional contra el Presidente Sebastián Piñera, debido a la crisis migratoria en el Norte Grande y los problemas de seguridad, delincuencia y narcotráfico que ocurre en distintas partes del territorio.
La colectividad de ultra derecha pretende debutar de esta manera en el Congreso, cuando el 11 de marzo asuman en la Cámara de Diputadas y Diputados doce parlamentarios.
“Hay un dejo de responsabilidad al permitir que el terror llegara tan lejos en las regiones de La Araucanía y del Biobío. Que se permitiera y que se permitan ataques a las instituciones de la manera más descarada. Las víctimas se sienten abandonadas por los poderes del Estado, por sus derechos civiles y políticos que han sido pisoteados”, declaró a La Tercera el jefe de bancada, diputado Cristóbal Urruticoechea.
“En el norte pareciera que hubiese entrado ‘el caballo de Troya’ con delincuentes y personas de extrema violencia y no se ve mayor contención. Según los dichos de los gobernadores regionales y delegados presidenciales del Sur y del Norte, podríamos decir que el gobierno ha fallado a su juramento que es lo que le corresponde por ley”, añadió.
Por su parte, el diputado electo Mauricio Ojeda declaró al mismo diario que “estamos conversando como bancada y evaluando la posibilidad de impulsar una acusación constitucional contra el Presidente Sebastián Piñera. Y eso básicamente porque no ha cumplido con lo que corresponde, con lo que mandata la ley. El Presidente ha fallado a todos los chilenos”.
Con esto, el Partido Republicano de ultra derecha comienza a desmarcarse de Chile Vamos, confirmando que serán una oposición independiente a ellos en el gobierno de Gabriel Boric.
Una mala idea
Conocida la noticia, desde el gobierno criticaron duro a Republicanos, luego que el subsecretario del Interior, Juan Francisco Galli, se refiriera a esta medida.
“Espero que ningún partido se preste para la irresponsabilidad de seguir con la mala práctica de acusaciones constitucionales totalmente infundadas y que tienen un único y exclusivo fin de daño político”, comenzó.
“Si hay algo que hemos visto durante este período de gobierno es la utilización de nuestra institucionalidad con fines exclusivamente políticos, una cifra nunca antes vita de acusación constitucionales en contra de ministros y en contra del Presidente de la República por parte de una oposición que utilizó las acusaciones constitucionales como un instrumento de daño político”, añadió.